El consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha firmado este martes la primera resolución por la que el Gobierno regional inicia la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial por un plazo de siete años.
Se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, todas ellas en manos de bancos y sociedades inmobiliarias. Una vez se finalicen los trámites, se ofrecerán como alquiler social a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), con rentas que no superen el 30% de los ingresos de las familias.
A cambio de esta expropiación, el Gobierno balear abonará a sus propietarios 1,8 millones de euros, un precio que supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares.
En los próximos días se publicará la resolución en el Boletín Oficial (BOIB), se notificará a los afectados y después se abrirá un plazo de presentación de alegaciones. Además, también cabe la posibilidad de que los propietarios recurran ante los tribunales. El director general de Vivienda, Eduardo Robsy, ha aclarado que la tramitación de un recurso por la vía judicial no paraliza per se la expropiación, a menos que un Juzgado dicte medidas cautelares.
Por municipios, las 27 viviendas de Mallorca están situadas en Palma (11), Inca (11), Llucmajor (2), Manacor (2) y Calvià (1); las 23 de Menorca se encuentran en Ciutadella (17) y Mahón (6); y las seis de Ibiza son en Ibiza (1), Santa Eulària des Riu (2) y Sant Antoni (3). En Formentera no se expropian viviendas porque no consta ninguna en el censo de grandes propietarios.
Para los pisos de Mallorca la media del precio que el Gobierno regional pagará es de 408 euros al mes (926.000 euros en compensación por el traspaso); en Menorca, el precio medio por estos siete años será de 336 euros mensuales (un total de 649.000 euros); y en Ibiza es donde se pagará el precio más alto, 530 euros mensuales (266.00 euros).
Desde la Consejería explican que llevan meses estudiando las viviendas inscritas en el registro, pero que la pandemia ha ralentizado estas tareas. Las viviendas seleccionadas han sido visitados por personal técnico de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y se han considerado adecuadas para incorporarse al parque de vivienda social, por sus dimensiones, características y estado.
Marí presume del carácter "pionero" de la Ley de Vivienda que habilita esta posibilidad y ha resaltado que les permite "sacar pisos del mercado libre especulativo para ponerlas en manos de quien más lo necesita", devolviendo a estas viviendas "una función social que se incumple cuando están cerradas". Al mismo tiempo, espera que tenga un efecto disuasorio que estimule a los propietarios a no mantener los pisos cerrados y sacarlos al mercado ordinario.
El consejero ha recordado que, paralelamente a esta medida, el Govern tiene la capacidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto en las operaciones de compraventa entre grandes propietarios. El objetivo por esta segunda vía es adquirir unas 40 viviendas para destinarlas también a alquiler social; de momento, se ha iniciado ya el proceso de ocho viviendas ubicadas en Palma, Manacor y Mercadal.