El Gobierno ha sacado el talonario del contribuyente para dar un suculento premio a sus lacayos en el ámbito sindical. En mitad de la peor crisis económica en tiempos de paz, el socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias han decidido cebar las subvenciones de UGT y CCOO, partidas que llevaban congeladas desde 2013. En efecto, en el Consejo de Ministros de esta semana se acordó disparar un 56% los ingresos estatales que recibe esta casta extractiva donde las haya, así que los 8.878.123 euros que se embolsó el pasado año pasarán a ser 13.883.890.
El Gobierno social-comunista ya ni se esfuerza en disimular su corrupto modus operandi. Le trae sin cuidado que España esté en un momento delicadísimo, por lo que la gestión de los fondos públicos debería ser especialmente escrupulosa. Pero su prioridad es seguir engordando sus redes clientelares.
Un año llevan UGT y CCOO sin atreverse a rechistar contra el Gobierno que está arruinando a millones de españoles. Si los cuatro millones de parados en las listas del SEPE, los 900.000 afectados por un ERTE y los cientos de miles de empresas cerradas no son motivo suficiente para que estos profesionales de la huelga y el piquete se movilicen, ¿qué es entonces lo que tiene que pasar?
Sin duda, que gobierne la derecha. Cuando eso pase, no tardarán en desempolvar sus pancartas y salir a la calle con cualquier excusa. Poco importa si el Gobierno ha incumplido su promesa de subir el SMI por encima de los 950 euros o si no ha movido un dedo –por suerte– para tumbar su detestada reforma laboral. Las tragaderas de este hatajo de sectarios bien untados son proverbiales.
Mientras, la afiliación sindical se ha desplomado hasta mínimos históricos. Cada vez son menos los trabajadores dispuestos a pagar por pertenecer a estas organizaciones caducas que, lejos de velar por ellos, sólo se preocupan de sí mismas y sus redes lacayunas. Según los últimos datos de la OCDE, sólo el 13,6% de los asalariados españoles está adscrito a alguna de ellas, el menor porcentaje en 30 años.
No hay mayor prueba de la inutilidad de los sindicatos que la de que no sean capaces de financiarse con el dinero de sus menguantes afiliados. Es inmoral obligar a los contribuyentes a mantener a organizaciones que repudian y que no los representan.