"La política económica del Gobierno no puede funcionar porque nunca lo ha hecho en ningún lugar. No existen precedentes en los países desarrollados de una economía que haya superado una crisis con más gasto, con más impuestos y con más regulaciones. Esto es insostenible".
Así de tajante se muestra Freemarket Corporate Intelligence en su último boletín de coyuntura económica. La consultora, que en 2020 se situó entre las que mejor anticipó las consecuencias de la pandemia del covid-19, considera que la política económica del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez postergará la recuperación y agravará la crisis económica, resultando en niveles de crecimiento y empleo mucho peores de lo que anticipa Moncloa.
Según la casa de análisis que preside Lorenzo Bernaldo de Quirós, "la perspectiva de una reactivación económica como la prevista por el gobierno, que anticipa un crecimiento del 7,2% del PIB sin considerar los fondos europeos y proyecta una expansión del 9,8% del PIB al incorporar el "rescate" comunitario, es inalcanzable. De hecho, incluso las expectativas del consenso de analistas, que ahora mismo se sitúan en un crecimiento del 6,3%, parecen de difícil materialización y resultan excesivamente optimistas. Hay que descontar, de entrada, un decrecimiento del PIB en el primer trimestre de 2021 y no hay razones fundadas para esperar una reacción vigorosa de los principales componentes del PIB. Sin duda, una extensa vacunación tiene consecuencias positivas, pero ni los datos invitan a pensar que se produzca ni su materialización producirá efectos taumatúrgicos". Así las cosas, Freemarket CI ofrece dos escenarios de crecimiento para 2021: 3,3% en el peor de los casos y 5,5% en el escenario más favorable, muy por debajo de los niveles del 7,2-10% que baraja el gobierno.
Lo más preocupante del informe es que advierte que "la dinámica de destrucción de puestos de trabajo no ha finalizado y seguirá aumentando a lo largo de 2021. Por añadidura, una porción relevante de los trabajadores acogidos a ERTE son en el fondo parados reales y finalmente no se incorporarán al mercado laboral, aunque de momento figuren formalmente como ocupados".
"Con un descenso de la facturación/beneficios de las compañías, con una destrucción de tejido empresarial que no ha terminado, con una subida del endeudamiento corporativo, con las alzas de impuestos, con la inseguridad generada por la política económica gubernamental etc. no cabe esperar una reactivación significativa de la inversión privada, ni siquiera aunque la pandemia remita, la vacunación alcance a un amplio porcentaje de la ciudadanía y los tipos de interés permanezcan muy bajos. En este contexto, la propensión de las compañías a reducir sus niveles de deuda será elevada y, por tanto, la inversión no tendrá un crecimiento importante", apunta el boletín.
Empresas "zombis"
Freemarket Corporate Intelligente alerta de que "el número de empresas inscritas en la Seguridad Social se ha reducido un 3,3%. Sin embargo esta estimación está sesgada porque se están aplazando o posponiendo las quiebras de empresas. Ello se debe a la moratoria introducida por el Gobierno mediante un Real Decreto de medidas económicas en noviembre de 2020 que extendió hasta el 14 marzo de 2021 la suspensión de la obligación de pedir el concurso de acreedores, es decir, amplió el plazo legal para que las empresas insolventes se declarasen en concurso de acreedores".
"El 28 de abril de 2020, el Gobierno ya amplió dicha moratoria hasta el 31 de diciembre de 2020, para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil y no bloquearlos. Este segundo aplazamiento ya no cabe justificarse con el argumento de que se bloquearían los juzgados si no para prorrogar artificialmente la supervivencia de empresas inviables o "zombis" que están condenadas a desaparecer. Por este motivo, las estadísticas oficiales de quiebras son un indicador engañoso porque no reflejan la realidad empresarial", recalca la entidad presidida por Lorenzo Bernaldo de Quirós.
En este sentido, el informe recuerda que "el Banco de España estima que alrededor del 60 por 100 de las empresas en España están sufriendo una presión financiera peligrosa para su viabilidad como consecuencia de la crisis, que terminará desembocando en problemas de liquidez y en el peor de los escenarios en situación de insolvencia. Las simulaciones del Banco de España elevan hasta el 10% del total las compañías que se verán obligadas a desaparecer. En esta misma línea se ha pronunciado el Banco Central Europeo que achaca gran parte de los problemas de supervivencia empresarial a que España es el país que menos ayudas directas ha aprobado para hacer frente al impacto en la economía del COVID-19: el 1,3% del PIB en España, frente a casi el 5% en el caso de Alemania o el 5,5% en Italia. Esto resulta muy importante en un país en el que las pymes suponen el 99,8% del total de las empresas y representan alrededor del 66% del empleo. El gobierno ha mostrado una extraordinaria pasividad ante el shock de oferta derivado por la crisis. Para decirlo con claridad, el Gobierno no ha hecho nada para paliar los efectos de la crisis sobre las empresas".
La sombra del "rescate" europeo
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 asigna a los fondos comunitarios que llegarán de Bruselas un impacto alcista sobre el PIB equivalente al 2,6%. Sin embargo, Freemarket CI considera que "esto implica asumir un multiplicador del gasto público mucho más alto que el suministrado por la evidencia empírica disponible3 y por los cálculos realizados por el Banco de España que lo sitúan en el 0,9 por 100. En suma, la aportación de los fondos europeos al crecimiento será muy inferior a la prevista por el Gobierno".
De igual manera, "la experiencia reciente muestra una crónica incapacidad de la Administración española para ejecutar los recursos puestos a su disposición por los distintos programas de la UE. En promedio, España logró ejecutar sólo el 30% de los fondos durante los dos primeros años de puesta a disposición llegando a consumir el 70% en el séptimo año, que es el último para hacerlo. A priori, la incertidumbre sobre la capacidad de gastar una cantidad tan elevada, 77.800 millones de euros, en plazos tan cortos como los anunciados es alta".
Por otro lado, "el acceso a los recursos del programa europeo está ligado al cumplimiento de las Recomendaciones del Semestre Europeo realizadas por la Comisión. Esto implica que, para recibir esos fondos, España debe presentar un plan de reformas que afecta al mercado laboral, a las pensiones y a la liberalización de los mercados, por ejemplo. Obviamente, las recomendaciones de Bruselas chocan de manera frontal con la filosofía económica del gobierno y con algunas de las medidas apuntadas o puestas en marcha por éste".