El estallido de la Gran Recesión entre 2007 y 2008 se tradujo en un fortísimo aumento del endeudamiento público que puso en peligro la estabilidad macroeconómica de España. El presidente Rodríguez Zapatero no se tomó en serio el reto y, durante su segundo mandato, elevó el gasto total de las Administraciones de 422.200 a 491.000 millones de euros.
Así las cosas, fue el gobierno de Mariano Rajoy el que hubo de abordar el reto de la consolidación presupuestaria con una economía que ya acumulaba casi un lustro de crisis. Frente a un "pico" de gasto de 502.000 millones en 2012, primer año de la legislatura, el Ejecutivo de los populares llegó a aplicar una reducción presupuestaria de hasta 36.000 millones, alcanzándose un "suelo" de gasto de 466.000 millones en 2014.
Una de las palancas que hizo posible la mejora de la situación presupuestaria bajo mandato de Rajoy fue la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Dicha iniciativa afloró la existencia de cientos de empresas y entes públicos ligados a las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y las corporaciones locales.
¿Qué queda de aquel sector público empresarial que tantos titulares acaparó en su día? El Tribunal de Cuentas acaba de concluir su auditoría de las cuentas de las comunidades autónomas para 2017 y ha concluido que siguen existiendo al menos 422 empresas dependientes de los gobiernos regionales, muchas de las cuales arrojan pérdidas.
Durante el conjunto del año, el sector empresarial autonómico presentó en su totalidad unos resultados de explotación negativos por importe de 2.405 millones de euros. Las pérdidas más elevadas se dieron, con gran diferencia, en Murcia (2.158 millones), seguida de la Comunidad Valenciana (177 millones).
Los también conocidos como "chiringuitos" autonómicos parecen haber cambiado algunas de sus prácticas y, según el organismo auditor, su patrón de apoyo al sector productivo bebe cada vez menos de la concesión de subvenciones y descansa de forma creciente en torno al otorgamiento de préstamos.
En cualquier caso, la acumulación de pérdidas a lo largo de los años ha elevado sustancialmente el endeudamiento financiero de las empresas públicas autonómicas. Como puede verse en el siguiente cuadro, este capítulo ascendió en 2017 a la friolera de 16.067 millones de euros, que evidentemente vienen respaldados, en última instancia, por la comunidad autónoma de la que dependen estas entidades. Al menos la buena noticia es que, entre 2015 y 2017, estos pasivos se redujeron desde un máximo de 17.870 millones.