Castilla-La Mancha se acaba de dar cuenta de que los bajos impuestos atraen población, mano de obra e inversión a los territorios. Por eso, el Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado esta semana el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales, y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha. El Ejecutivo regional ha sacado pecho de que se trata de "una norma pionera que, por primera vez en nuestro país, introduce la política fiscal en la lucha contra la despoblación".
El plan de Castilla-La Mancha consiste en convertir a los pueblos que tengan pocos vecinos en oasis fiscales, donde los contribuyentes tengan mucho más dinero en sus bolsillos. En concreto, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas plantean una desgravación de hasta el 25% de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en las zonas beneficiadas, así como una desgravación del 10% para adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural.
"Con la combinación de estas dos desgravaciones, podemos afirmar que los que vivan o quieran vivir en el medio rural no pagarán impuestos a la Comunidad Autónoma", presumió el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, en la rueda de prensa de su presentación. Además, también piensan reducir a la mitad del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados para la adquisición de viviendas o locales para la implantación de empresas.
Para elegir a los pueblos sin impuestos —Castilla-La Mancha todavía no ha publicado la lista de los afortunados— su intención es dividir el territorio por zonas, calcular los habitantes que tiene cada una de ellas por metro cuadrado y seleccionar las más despobladas.
La medida también contempla ayudas a las empresas que se ubiquen en esas zonas, acceso a la fibra óptica y 5G en todas las localidades de la región, teleasistencia a las personas mayores de 70 años del medio rural y más redes de asistencia sanitaria. Tendrá un impacto de 600 millones de euros.
¿Libertad para todos?
Dada la despoblación que sufre Castilla-La Mancha, la estrategia de su Gobierno no podría ser más acertada para potenciar el atractivo de su región. Eso sí, es una incoherencia que García-Page haya sido uno de los barones socialistas que más lleve atacando a la Comunidad de Madrid por tener una fiscalidad menos agresiva que ellos.
En numerosas ocasiones, el presidente de Castilla-La Mancha no ha dudado en acusar a la región de Ayuso de "competencia desleal" o "dumping fiscal" por cobrar menos impuestos a los madrileños. Además, García-Page ha clamado por la "armonización fiscal" que está planeando el Gobierno y que consiste en obligar a subir los impuestos autonómicos a las regiones que los tienen bajos, como Madrid. Si esto sucede, Sucesiones y Patrimonio serán los primeros en incrementarse.
"Apostamos por una ley de armonización fiscal que corrija los desmanes, los aprovechamientos y las trampas fiscales. Plantearemos una ley en positivo para que en España no haya guerras fiscales entre las autonomías", declaraba el presidente socialista hace unos meses.
Ahora, su número dos habla de libertad. "Con esta Ley el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere sentar las bases para que los ciudadanos puedan decidir con libertad donde vivir", señala el Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Qué pensará ahora de la libertad de elección de los madrileños?