Unidas Podemos continúa con su agenda liberticida y contraria a la protección de la propiedad privada. Concretamente, la secretaría de Estado para la Agenda 2030, encabezada por la diputada de la formación morada Ione Belarra, comunicó a comienzos de febrero que están proponiendo la creación de un impuesto a los pisos vacíos en el marco de la nueva ley de Vivienda que tiene que presentar el Ejecutivo y que negocian Unidas Podemos y PSOE.
Además, han propuesto que los grandes propietarios –como pretenden que sean considerados quienes tengan en propiedad más de 5 viviendas– pongan el 30% de esas propiedades en "alquiler social para movilizar la vivienda vacía".
Ayer propusimos en el Congreso que la ley estatal de vivienda contemple la obligación para los grandes propietarios de destinar el 30% de su parque a vivienda social en alquiler.
— Ione Belarra (@ionebelarra) February 3, 2021
[ABRO HILO]
Esta propuesta desarrolla el punto sobre vivienda vacía incluido en el acuerdo programático alcanzado en diciembre de 2019 entre PSOE y Unidas Podemos, en el que se contempla que "se definirá una política específica en esta materia para establecer las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables".
Los argumentos esgrimidos por los defensores de estas políticas suelen fundamentarse en la creencia popular de que, con la burbuja inmobiliaria, la construcción de viviendas se disparó hasta niveles extraordinarios, provocando que se creara un gran parque de viviendas vacías que los grandes propietarios especuladores estarían manteniendo inhabitadas como parte de un maquiavélico plan para tensionar al alza los precios.
A priori, podemos notar que no parece una estrategia muy inteligente. Es decir, ¿no es mucho más rentable para los propietarios sacar al mercado toda esa vivienda vacía, aprovechando los altos precios, que tenerlos parados sin sacarle ninguna rentabilidad?
En cualquier caso, si se diera el ilógico escenario que plantea la izquierda, y obviando las implicaciones éticas de intervenir la propiedad privada, podría parecer eficaz la idea de sacar al mercado todos esos inmuebles (ya sea con la creación de un impuesto a la vivienda vacía, incentivos, expropiaciones…) para así abaratar su precio y garantizar el acceso a este bien básico. Sin embargo, como analizaremos a continuación, estas tesis no se sostienen por ninguno de los flancos.
Los datos del INE
En primer lugar, comprobemos el número agregado de viviendas vacías. Según los últimos datos proporcionados por el INE, que datan de 2011 (el próximo Censo de 2021 se publicará en 2023), en España hay un total de 3.443.365 viviendas deshabitadas, lo que supone el 13,7% del parque de viviendas del país. A priori, ya podemos notar que se trata de una proporción pequeña, por lo que no es difícil deducir el reducido impacto que tiene la vivienda vacía en el mercado inmobiliario.
Sin embargo, aun siendo de por sí pequeño, este dato contiene trampa, y no refleja exactamente lo que solemos entender como vivienda vacía, como ya explicamos en Libre Mercado. En primer lugar, el INE contempla una definición un tanto ambigua de este concepto:
Una vivienda familiar se considera desocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie.
Pero, ¿cuánto tiempo tiene que estar esa vivienda vacía?, ¿un minuto?, ¿un año?, ¿10 años? Nada se especifica sobre esto. Además, dentro de esta definición, no solo se incluyen los inmuebles que se encuentran abandonados o desocupados permanentemente, sino también aquellos que, sin ser vivienda principal ni secundaria, están en el mercado de venta o alquiler. Y aunque el organismo no cuantifica cuantas propiedades pertenecen a cada tipo, podemos anticipar que las viviendas susceptibles de salir al mercado son muchas menos de las esperadas inicialmente. En otras palabras: buena parte de las viviendas vacías están en el mercado, pero nadie las quiere.
Para más inri, no todas las viviendas vacías se encuentran en buen estado. Concretamente, el 15% de estas se encuentran en situación ruinosa, mala o deficiente, por lo que, solo aplicando esta corrección, las viviendas vacías "alquilables" pasarían de 3,4 millones a 2,8. Asimismo, hay que tener en cuenta que casi la mitad (el 44%) de los inmuebles vacíos tienen más de 50 años de antigüedad, y el 60% de ellos tienen al menos 30 años.
Dónde están las viviendas vacías
Una vez establecidos estos matices, pasamos a analizar la distribución de la vivienda vacía en geografía española. A saber, aunque la proporción total de inmuebles vacíos pueda parecer pequeña, pudiera ser que estos estuvieran concentrados en las ciudades y zonas con gran demanda de vivienda, lo que incidiría de manera notable en el acceso a este bien esencial.
Sin embargo, los datos vuelven a mostrarnos una realidad bien distinta. Volviendo a las cifras del INE, las 5 comunidades autónomas con mayor porcentaje de vivienda vacía son Galicia (18,6%), La Rioja (18%), Murcia (16,6%), Castilla-La Mancha (16,3%) y Extremadura (16,2%). Por el contrario, las que cuentan con menos inmuebles vacíos son País Vasco (8%), Comunidad de Madrid (9,1%), Navarra (11,5%), Cataluña (11,6%) y Baleares (12,1%), así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con el 5 y 5,2% respectivamente.
Si afinamos la búsqueda a nivel provincial, el resultado que observamos es que aquellas provincias que albergan las grandes áreas metropolitanas figuran entre las que menos proporción de viviendas vacías poseen. Excluyendo Ceuta y Melilla, Madrid se sitúa como la cuarta provincia con menor porcentaje de inmuebles vacíos, y Barcelona es la quinta, mientras que Orense, Lugo, Castellón, La Coruña y Toledo lideran el ranking con mayor vivienda vacía.
Para el caso concreto de la Comunidad de Madrid, si bien no hay datos oficiales más actualizados sobre vivienda vacía, sí que existen con relación al número de viviendas no principales (Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid) y podemos comprobar que la evolución ha sido claramente decreciente en las últimas dos décadas. Véase en la siguiente gráfica:
Además, si analizamos los datos del XXXII Informe sobre el mercado de la vivienda, elaborado por el Grupo Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra, comprobamos que la vivienda vacía en las grandes ciudades es ínfima y decreciente en los últimos años: en Madrid supuso en 2020 el 5,46% del total del parque, el 3,18% en Barcelona, el 7,72% en Sevilla o el 8,69% en Valencia.
El chivo expiatorio
Con todos los datos en la mano, podemos darnos cuenta de que, en contra de lo que llevan años asegurando desde los círculos izquierdistas, la vivienda vacía no parece ser un factor determinante en la escasez de oferta inmobiliaria y el tensionamiento al alza de los precios en nuestro país. De hecho, los datos nos indican que el grueso de inmuebles vacíos se encuentra en zonas deprimidas poblacionalmente, en las que cada vez menos gente quiere vivir, mientras que escasea en las áreas con mayor pujanza demográfica, precisamente donde los precios se han disparado en los últimos años. Entonces, ¿se construyó demasiada vivienda durante la burbuja inmobiliaria? Probablemente sí, pero en sitios donde nadie quería vivir.
En el lado contrario, las grandes ciudades, que captan cada vez mayor número de habitantes, no están siendo capaces de aumentar la oferta de vivienda en la misma medida que crece la población, generando así problemas de accesibilidad. Análisis de mercado como el desarrollado por CBRE en 2016 ya avisaron de esta problemática, concluyendo este último que la demanda de vivienda nueva en España rondaría las 180.000 unidades anuales hasta 2025, lo cual solo puede solventarse incrementado la oferta.
En definitiva, si los políticos realmente se preocuparan por los problemas que enfrentan muchos ciudadanos a la hora de acceder a una vivienda asequible, deberían dejar de buscar chivos expiatorios como los inmuebles vacíos y empezar a centrarse en lo realmente importante: impulsar la oferta de vivienda, dar seguridad jurídica a los propietarios y desregular de una vez por todas el mercado inmobiliario, que sigue siendo uno de los sectores económicos más intervenidos de nuestro país.