Tengo que sincerarme con ustedes, lectores queridos de cada semana. Creo que, por razón de edad, debería haberme acostumbrado, sin embargo, sigo siendo víctima de la sorpresa. Me parece a mí, y ustedes me corregirán, que la izquierda, tanto más cuanto más radical, se siente especialmente motivada a alinearse siempre con las actitudes delictivas o, cuando menos, presuntamente delictivas.
¿Es esa una forma de legitimar actos propios encuadrados en el Código Penal, o es un principio rector de lo que califican como progresismo –la más alta y dogmática de las religiones–?
“Odia el delito y compadece al delincuente” es una frase repetida una y mil veces por quienes hemos leído y admirado a una de las más grandes feministas –de las de verdad– de todos los tiempos, Concepción Arenal. Pese a la contundencia de la frase, no dejaba Arenal de ser una decidida defensora del orden jurídico. En cambio, el principio de la izquierda es que la ley que castiga el delito será injusta cuando el castigo recaiga en la izquierda; por ello hay que combatirla, pues se presume que se promulgó para castigar a los contrarios.
De ahí el respaldo al terrorismo, a la violencia de los suyos –porque siempre se considera justa–, al separatismo, mientras son contrarios al orden y al cumplimiento de las leyes. Admiran a países crueles en la represión –China, Cuba, Venezuela, Rusia…– y no entienden qué es aquello de los Derechos Humanos.
Empezaron negando el derecho a la vida, popularizando las leyes permisivas del aborto, y están ampliando más, según los países, las leyes reguladoras de la eutanasia, con el estribillo de que pretenden asegurar una muerte digna para todos. ¿Pero acaso saben lo que es la dignidad humana?
Podemos y sus correligionarios están contra el derecho de propiedad, aunque ya sé que dirán que sólo contra el de los grandes tenedores –los que lo sean de cinco o más viviendas–. No puede haber excepciones ni condicionantes: o se respeta el derecho de propiedad o se niega el derecho de propiedad.
No es un capricho. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede leerse: “Los Estados Miembros se han comprometido a asegurar (…) el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”. Y su artículo 17 establece que
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Nada dice de cuántas propiedades, ni de que se niegue tal derecho a quienes dispongan de jardín y piscina porque crea humillación social frente a los que carecen de tales instalaciones. Proteger y defender la okupación, o que el Parlamento promulgue una ley de expropiación del uso a los llamados grandes tenedores, o prohibir los desahucios, o intervenir los pisos vacíos, es negar el derecho de propiedad. Puestos a ello, el “¡Exprópiese!” de Hugo Chávez era más expeditivo.
¿Es esa la democracia plena que defiende Podemos?