Más allá de las veleidades de algunos políticos con poca formación y escasa conciencia real de los problemas que generan; más allá de los efectos demoledores, económicos y sociales, que la pandemia está generando en España; más allá de la deficiente regulación del sector inmobiliario, en general, y del sistema urbanístico, en particular, asistimos a un movimiento que puede terminar, en el medio plazo, por subvertir por la puerta de atrás los valores constitucionales, la organización del Estado y el funcionamiento ordinario del libre mercado. Y todo ello, en función, y como corresponde al modelo de estado social y democrático de Derecho, en el que, todavía, nos movemos.
En el sector inmobiliario y urbanístico, lamentablemente, seguimos confundiendo lo bueno con lo mucho y continúa adoleciendo de una regulación homogénea e integral de sus aspectos esenciales, que ayude a poner cote a las desigualdades regionales y que se adecúe, al final, a la realidad social y económica a la que deben aplicarse las normas.
Permítame el lector que me remonte, ya no a los orígenes de nuestro modelo de Estado, no a la Constitución de 1812, ni siquiera, todavía, a la Constitución Española de 1978, sino a la tan nombrada, usada y abusada por algunos sectores de nuestra izquierda, Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Su artículo 17 proclama que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, prohibiendo expresamente la arbitraria privación de la misma: “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. No tengo intención de que algún lector pretenda reprocharme falta de objetividad y acudo, entonces y para evitarlo, a la Real Academia Española, que nos define “arbitrario" como todo aquello que está sujeto a la libre voluntad o al capricho, antes que a la ley o a la razón.
Ahora sí, nuestra todavía vigente Constitución (art. 33) reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Introduce a continuación la función social que aquella propiedad debe, también, cumplir, indicando que delimitará el contenido del derecho de propiedad de acuerdo con las leyes. Recurro de nuevo a la RAE, que define el término “delimitar” como la determinación o fijación con precisión de los límites de algo. Esta regulación de la propiedad ha dado lugar a una jurisprudencia constitucional, sentada en numerosas sentencias, conforme a la que frente a la privación singular que comporta la expropiación, la mera delimitación legal o regulación general del derecho de propiedad no dará lugar a indemnización siempre que respete su contenido esencial (STC 112/2006, de 5 de abril).
Volvamos a la RAE. Según el diccionario de la lengua española habremos de poner en relación el contenido esencial del derecho de propiedad con su definición de esencia: Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas, lo más importante y característico.
Pues bien, dadas las circunstancias y a la vista de la última legislación reguladora de la ocupación, el derecho de propiedad privada, derecho fundamental y constitucional, está siendo objeto de un intento de desnaturalización por parte del poder ejecutivo con la excusa de la extrema y desesperada situación en que nos encontramos. Cuando se legisla sobre algo tan importante como un derecho fundamental, más si consideramos que se trata de un derecho que conforma la esencia, por qué no decirlo, del ordenamiento jurídico de Europa y, por supuesto, de España, lo menos que debiéramos esperar del gobierno de la Nación es un mínimo de responsabilidad que evite crear una alarma social injustificada, que soslaye todo aquello que suponga una quiebra de la seguridad jurídica, que busque el mayor debate y el mayor consenso posibles para legislar sobre tan delicada materia.
Se trata del respeto a los cimientos de nuestro ordenamiento jurídico. Asistimos al planteamiento de un cambio o al menos de una modificación esencial del completo modelo de sociedad y, en consecuencia, del modelo de Estado que antes refería. Y este cambio nunca debería plantearse a través de la modificación legislativa de un aspecto tangencial de la propiedad, como efectivamente es la ocupación. Estamos corriendo muchos riesgos ante este tipo de actuaciones. Demasiados. Las consecuencias pueden ser irreversibles. Tilden a quien escribe de agorero o exagerado. El resultado de una acción de gobierno podrá enjuiciarse, reprocharse o validarse en las urnas. Así debe ser. Sin embargo, debemos analizar y enjuiciar la deriva en que nos encontramos.
No debemos engañarnos. La ocupación no va contra los bancos, ni contra los grandes tenedores de inmuebles, ni es un idílico movimiento social que busca la participación activa del ciudadano. Ni siquiera va contra la administración, cuando lo que se ocupa son grandes equipamientos públicos y se organizan eventos en los que todo el barrio participa y se busca una pretendida rentabilidad social a tal ocupación, muchas veces mediante la participación cómplice de administraciones locales populistas, gobernadas por aquellos cuyo principal objetivo es mantenerse en la poltrona a como diere lugar. La ocupación golpea a los que no pueden defenderse, a las familias que esperan pacientes que les adjudiquen una vivienda social y ven como no llega porque se ocupan los inmuebles que debieran destinarse a ellos. Ataca a las familias que ahorran más de media vida para disponer de un inmueble con cuyo alquiler poder complementar sus exiguas pensiones. Embiste a los jóvenes que ahorran más de 10 años viviendo alquilados, para poder comprarse una vivienda y, cuando lo consiguen, no pueden entrar a vivir porque ha sido ocupada.
Entretanto escribamos, discutamos, polemicemos sobre las ocurrencias de un alto responsable del Estado dudando sobre la fortaleza de nuestra democracia. Sigamos distraídos con el circo. Algo se está pudriendo en las entrañas del Estado. Luego no digas que no te avisé.