La agencia de calificación de deuda Moody’s se ha referido esta semana al grave problema de la ocupación ilegal de viviendas que enfrenta España. En opinión de la entidad, cuyos informes son de vital importancia para la solvencia del Tesoro, la toma ilegal de domicilios privados se ha convertido en una amenaza para el sector inmobiliario.
Para Moody’s, las medidas anunciadas por el gobierno en materia de vivienda avanzan en la dirección equivocada, en la medida en que algunas protegen la ocupación ilegal. Según advierte la agencia, la impunidad con la que opera el movimiento okupa tiene el efecto de "desincentivar la inversión privada", resultando en una menor oferta que, a su vez, exacerba las subidas de precios y complica el acceso a la vivienda.
Al mismo tiempo, la incertidumbre que genera la okupación encarece la financiación de proyectos inmobiliarios. En la medida en que la toma ilegal de domicilios privados se consolida como un mal endémico, Moody’s observa que esto "perjudica la calidad crediticia de los préstamos que respaldan las cédulas y titulaciones hipotecarias, especialmente las vinculadas a préstamos de dudoso cobro".
Golpea a los más débiles
El estudio de la agencia de calificación de deuda destaca que la respuesta regulatoria a la pandemia "ha creado desequilibrios en el mercado inmobiliario" en la medida en que ha acentuado la adopción de políticas que favorecen a los deudores y penalizan a los propietarios. Aunque estas medidas se han justificado por el deterioro económico, Moody’s opina que su efecto a medio y largo plazo será negativo y perjudicará especialmente a los grupos más vulnerables.
Avanzando en esta línea, Moody’s señala que la falta de oferta provocada por la okupación se traducirá en más problemas de accesibilidad a la vivienda por parte de colectivos como los jóvenes o las personas de rentas bajas. De igual modo, la entidad constata que los bancos han endurecido ya sus criterios de concesión hipotecaria, reflejando ese aumento del riesgo asociado a la vivienda.