Son cientos los artículos y horas de televisión que se han dedicado en las últimas semanas a comentar el éxodo fiscal del famoso youtuber El Rubius a Andorra, al que muchos acusan de “insolidario” por no querer seguir pagando impuestos en España, sin reparar siquiera en los motivos que esgrime el protagonista para adoptar semejante decisión.
Cambiar de país no es tarea fácil ni plato de buen gusto en caso de tener que emigrar forzado por las circunstancias, ya sean éstas laborales, fiscales o de cualquier otra índole. La clave, por tanto, radica en saber cuáles son las verdaderas razones por las que una joven estrella de internet decide salir de España, muy a su pesar, para instalarse en un minúsculo Principado ubicado en los Pirineos. Y no, no es pagar menos impuestos, sino evitar que te roben y que te traten como un criminal, que es justo lo que le ha pasado a éste y a otros muchos empresarios y profesionales. El Rubius no se ha ido a un paraíso fiscal, sino que ha huido de un infierno fiscal llamado España, que es muy distinto.
Lo explica a la perfección el protagonista en el comunicado que publicó hace pocos días: “Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un delincuente”. Así es. La Hacienda española se ha convertido en una especie de Stasi, en la que todo contribuyente es considerado culpable hasta que demuestre lo contrario.
No es un fenómeno nuevo. Una de las muchas tropelías que dejó en herencia Cristóbal Montoro, el peor ministro de Hacienda de la historia reciente de España, fue la absoluta indefensión que sufren los españoles ante las inquisitoriales inspecciones tributarias. Montoro se cargó, literalmente, todo atisbo de seguridad jurídica en materia fiscal con el único objetivo de incrementar la recaudación a toda costa a partir de 2012, cuando arranca el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, a fin de evitar, en la medida de lo posible, los temidos y muy impopulares recortes.
Es ahí donde arranca una singular caza de brujas, a modo de campañas fiscales indiscriminadas y abusivas contra periodistas, dentistas, abogados y, en general, grupos de profesionales y empresarios cuyas rentas superasen un determinado nivel. Una persecución que, tal y como alertan los fiscalistas, supone un atropello colosal a los derechos y libertades más básicas, puesto que la arbitrariedad campa a sus anchas.
El propio Rubius ya lo advertía el pasado mes de junio: “Hacienda me ha tenido en el punto de mira desde el día uno. Y siempre han estado intentando putearme. Lo he hecho todo bien, todo legal, y aún así, por ser el único tonto que se ha quedado en España, me putean a mí. Llevan tratándome como un criminal desde el día uno […] Y eso a veces pues me toca los cojones y digo ‘pues mira, si vais a estar así conmigo, pues a lo mejor me voy’. Manda huevos que me quede y encima me puteéis”. Y, efectivamente, se fue.
Ésta y no otra es la razón de su cambio de residencia fiscal. No es que se haya ido de España para pagar menos, es que le echamos a patadas a base de inspecciones y requerimientos por parte de Hacienda para exprimirle todo lo posible y más. Hay una diferencia muy grande entre tener que pagar impuestos, más o menos altos, y sentirte “tonto”, como dice El Rubius, por soportar semejante acoso.
España se ha convertido en un infierno fiscal en los últimos años y todo apunta a que será aún peor en los próximos, de modo que este tipo de fugas, lejos de frenarse, crecerán de forma sustancial. Según el último Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation, el sistema tributario español ocupa el puesto 27 del total de 36 países ricos que componen la OCDE. Se sitúa a la cola del mundo desarrollado, especialmente en el ámbito de la fiscalidad sobre el patrimonio.
Normal, por tanto, que muchos contribuyentes opten por irse. Tras las últimas subidas de impuestos que acaba de aprobar el Gobierno de PSOE y Podemos, el tipo marginal máximo del IRPF alcanza e incluso supera ya el 50% en un total de siete regiones españolas, con un 50% en Cataluña, Cantabria y Asturias, un 50,5% en Canarias, un 51,5% en La Rioja, un 52% en Navarra y un 54% en Valencia. Que te quiten la mitad de los que ganas a partir de un nivel de renta es, como mínimo, confiscatorio, pero sumado al resto de tributos y gravámenes, muchos de ellos igualmente abusivos, como es el caso Sucesiones o Patrimonio, constituye un robo a mano armada.
Lo bueno de la competencia fiscal entre países es que permite comparar lo que pagas en impuestos y lo que recibes a cambio. Y en Andorra, donde la Sanidad y la Educación también son públicas como en España, resulta que tributando mucho menos los contribuyentes tienen acceso a unos servicios públicos de igual e incluso mejor calidad que aquí. El Principado aplica, al igual que en Sociedades, un tipo máximo en el IRPF del 10% a partir de 40.000 euros, mientras que el IVA es del 4,5% y, desde luego, no hay Impuesto de Sucesiones no de Patrimonio.
En el caso de El Rubius esto significa que, con unos ingresos de unos 4 millones de euros al año, pasará de pagar 1,75 millones de IRPF en España a poco menos de 400.000 euros al año en Andorra. Es decir, se ahorrará 1,35 millones cada ejercicio fiscal. Visto lo visto, lo raro no es que se haya ido a Andorra ahora, sino que haya tardado tanto en hacerlo.
La codicia e insaciable sed recaudatoria de la Hacienda española y buena parte de sus políticos espanta a los grandes contribuyentes y, como consecuencia, sus impuestos ahora pasarán a engrosar las arcas públicas de gobiernos muchos más inteligentes y razonables, conscientes de que la jugada aquí no consiste en asfixiar a la gallina de los huevos de oro, sino en cuidarla y tratarla bien para ingresar, al menos, parte de lo que produce.