La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) presentaba este jueves sus propuestas para la futura reforma de la Ley Concursal, entre ellas la agilización de los procesos concursales, una mayor flexibilidad en la liquidación y la supresión de la fase de calificación.
Una de sus principales reivindicaciones es que los administradores concursales asuman "la totalidad" de estos procedimientos, al tiempo que insiste en que se apueste por la "profesionalización" del colectivo y se implante un estatuto y un examen de acceso a la profesión.
Con sus propuestas, Aspac "quiere aportar su conocimiento y experiencia" de cara a la transposición de la directiva europea de insolvencia -cuyo plazo expira el próximo 17 de julio-, que modificará el Texto Refundido de la Ley Concursal, en vigor desde el pasado septiembre.
Lentitud y atasco en la tramitación
Para esta asociación, quizá uno de los problemas fundamentales que presenta a día de hoy la realidad de la disciplina concursal es la "tardía presentación de los concursos" ya que las empresas "acuden a esta vía cuando se encuentran próximas a su defunción, sin margen de maniobra y sumamente endeudadas, lo que ayuda a que el 95% de los procedimientos terminen en liquidación".
Precisamente, "el atasco de los juzgados de lo Mercantil y la demora en los traslados es uno de los principales aspectos que contribuyen a que los concursos, necesitados de agilidad y flexibilidad, resulten poco eficientes".
El gran error de la moratoria
En el plano más práctico, el que aportan los despachos que cada día lidian con estos procedimientos, destaca el testimonio ofrecido a Libre Mercado por Pedro B. Martín Molina. Presidente de Martín Molina Abogados y Economistas quien recuerda que aunque el número de procedimientos concursales está creciendo cada día, "muchas empresas y empresarios se han acogido a la moratoria concedida por el Gobierno central" para la presentación del concurso.
Para Martín Molina, "esa moratoria, en nuestra opinión, va a ocasionar más prejuicios que beneficios, ya que muchas empresas se podrían salvar suscribiendo un convenio con sus acreedores, que incluso podría renegociarse mediante el llamado "reconvenio" en el caso de que surgiesen dificultades para su cumplimiento". Por este motivo, considera que retrasar esa situación puede colocar a las empresas en una situación de no retorno y eliminar de la ecuación la supervivencia de la propia empresa. "Una vez más se comete un craso error por parte del Ejecutivo ante la insolvencia que arrasa nuestro país".
Este especialista recuerda a Libre Mercado que la Ley Concursal es una herramienta útil y eficaz "para mantener con vida a las empresas que pasan por dificultades financieras y deben reestructurar su negocio a través de un convenio o con la intervención de un administrador concursal" pero sin necesidad de llegar a liquidación. Además, en este caso extremo, se puede hacer de una manera ordenada bajo la tutela del administrador salvaguardando a los acreedores de la compañía.
El mayor problema con el que se encuentran las pymes
En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la principal dificultad con la que se enfrentan cuando llegan a esta situación es la reestructuración de su deuda. "Es el concurso de acreedores el que le proporciona" esa posibilidad, dice Martín Molina a Libertad Digital. "Es lo que les permite salvar la situación de insolvencia ocasionada por esta crisis pandémica y poder así continuar con su actividad".
El tamaño y operatividad de las pymes las convierte en empresas vulnerables ante problemas y tensiones de liquidez, como las que está ocasionando la gestión del Covid, con cierres sectoriales y cierres en seco de los ingresos. "Su capacidad de endeudamiento a corto y largo plazo es baja, por lo que se agudiza exponencialmente la dificultad de mantenerse con vida". Por este motivo, los especialistas consideran que las puymes "deben presentar concurso de acreedores en el momento que detecten su insolvencia" y no tratar de alargar la situación hasta el úlitmo momento, que es lo que hace la moratoria. Esa moratoria "ha matado" ya a muchas empresas.
El coste del concurso
Respecto al coste que acarrea para las empresas la declaración del concurso, Martín Molina recuerda que depende de innumerables factores, pero que en líneas generales es un coste que, sobre todo, para la pequeña y mediana empresa, debería atenderse como una inversión. "Los costes del concurso no son elevados, teniendo en cuenta los beneficios que puede reportar a las empresas en situación de insolvencia, sobre todo cuando dicha insolvencia no es estructural sino coyuntural, como sucede por el efecto de la pandemia. La pyme debe cambiar su mentalidad: el coste de un concurso de acreedores es, en realidad, una inversión: una vía de saneamiento de la empresa o de liquidación ordenada de la misma, a la vez que vela por los acreedores, acompañada por una administración concursal que garantiza a cualquier agente que participa en el concurso que las actuaciones realizadas por la pyme concursada están controlados".
El atasco en los juzgados
Uno de los factores que agudiza los problemas que hoy restan posibilidades a las empresas en concurso de poder superar este trance es el atasco en los juzgados de lo mercantil que, según los especialistas, "requieren de una mayor dotación de medios materiales y personales". Por otra parte, el crecimiento exponencial que se espera de los procedimientos concursales es asumido por la legislación mediante la dotación a la Administración Concursal de competencias y facultades para agilizar y resolver el procedimiento sin necesidad de sobrecargar al juzgado. Pero "para ello se requiere de la especialización y profesionalización de los administradores concursales", demanda Martín Molina.