España comienza a despertar. Ha sido necesario un año entero de pandemia y la destrucción económica más importante de la OCDE para que nos demos cuenta de que salud y economía sólo son incompatibles para quienes no saben gestionar ni una cosa ni la otra.
España no sólo fue el país más restrictivo durante la primera ola de la pandemia. También ha sido el que menos medidas económicas ha implementado para paliar una crisis agravada por las malas decisiones políticas. Hasta ahora eran noticias en medios de comunicación y algún que otro estudio realizado en el ámbito universitario. Desde hace unas semanas, sin embargo, ya hay datos oficiales para todos los países que dejan en evidencia la inacción de nuestro Gobierno.
De esta forma, según datos del FMI, mientras en Alemania las ayudas fiscales han superado el 6% del PIB, en España apenas han llegado al 1%.
Tan sólo un Gobierno al que no le importa la gente y es insensible con los problemas reales de sus ciudadanos puede pensar que facilitar el crédito para pagar impuestos mientras el problema de fondo sigue sin solventarse es una buena medida de política económica.
Los avales públicos al sector productivo durante la primera ola de la pandemia han sido concedidos por prácticamente todos los países, y en ningún caso son considerados un estímulo fiscal.
En esta columna ya hemos comentado la colección de países que han recurrido a las bajadas, moratorias y exenciones de impuestos como arma contra esta crisis. Otra de las herramientas más usadas por buena parte de los gobiernos europeos han sido las ayudas directas a su sector empresarial, con dos variantes: un porcentaje de la facturación del año pasado (como por ejemplo Alemania), o directamente una cuantía entregada al empresario en función de una serie de parámetros (Bélgica).
España no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Es más, es más de una decena de nuevos tributos los que han entrado en vigor en este 2021 de la mano de unos presupuestos generales del Estado absolutamente alejados de la realidad. Como consecuencia de ello:
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El sector automovilístico, que genera el 10% del PIB y ocupa al 9% de los trabajadores españoles, presenta unos datos de matriculación que lo sitúan en niveles de los años ’80 y los ejecutivos del sector avisan de la pasividad del Gobierno. Mientras en países como Francia o Portugal se han impulsado elementos correctores al nuevo impuesto para mitigar el impacto, aquí la voracidad recaudatoria se ha vuelto a imponer.
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Otro sector incendiado es el de los seguros, que también ha sufrido un incremento en su esfuerzo fiscal que ya está trasladando conveniente a sus clientes. Por supuesto –nótese la ironía –todos ellos ricos.
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De igual manera, la tasa Google y la tasa Tobin también están siendo convenientemente trasladadas a PyMEs e inversores, consumándose de esta manera el enésimo saqueo al ahorro del que ya hemos advertido aquí.
¿Ha servido esto para cuidar las maltrechas finanzas públicas españolas? Tampoco. Hemos sido el país que mayor déficit público hemos registrado de toda Europa en 2021 y la Comisión Europea ya nos ha advertido de que la deuda pública puede incrementarse hasta el 140% del PIB y podemos mantener un déficit primario –excluyendo el pago de la deuda pública –hasta… ¡2031! Todo un logro.
Quienes sí han ayudado a los autónomos, en la medida de sus posibilidades, han sido las comunidades autónomas. Prácticamente todas han impulsado avales adicionales a los ofrecidos por el Gobierno de España, y muchas también han inyectado ayudas directas en forma de bonificaciones de la cuota a la seguridad social, especialmente durante el segundo trimestre de 2020.
Por ello me resulta cuanto menos curioso la explicación de Calviño a la ausencia de medidas de carácter nacional. Afirma la Ministra que están estudiando cambios legales porque la regulación europea no permite este tipo de ayudas para asegurar niveles de competencia saludables. ¿Acaso el resto de países europeos han sido apercibidos por vulnerar las leyes de competencia? ¿Acaso las comunidades autónomas que ya han inyectado ayudas directas lo han hecho? No hay constancia alguna de ello.
Sólo queda, por lo tanto, el argumento de la inacción por incapacidad y/o por imposibilidad… o pensar mal. La poca información con la que contamos es que el Gobierno podría estar planteando la posibilidad de usar créditos participativos como la herramienta para inyectar el plan de ayudas a empresas. O, dicho de otra manera, el gobierno podría estar pensando en hacer nacionalizaciones parciales y encubiertas a cargo de una crisis de solvencia que él mismo ha alimentado.
Por el momento son sólo elucubraciones. Pero, de ser cierto, sin duda entraría en conflicto con la normativa europea. Fundamentalmente, porque es algo más propio de regímenes totalitarios que de una democracia liberal.
En cualquier caso, una vez más, lo único que sabemos del plan de rescate a PyMEs y autónomos es lo mismo que desde que comenzó la pandemia: mucha propaganda, pero pocas medidas, y ninguna capaz de mejorar la preocupante situación en la que estamos inmersos.
El Banco de España ha dibujado un panorama muy desigual en España. Las regiones menos dependientes del turismo, donde mayor peso tienen los sectores primarios y público son las menos afectadas por la crisis del Covid19. Las más pujantes del país –incluyendo Madrid, Barcelona y las provincias turísticas –han registrado caídas del PIB de doble dígito.
Una política económica solvente y creíble es absolutamente fundamental. Frente a eso, tenemos propaganda. No es de extrañar que la Comisión Europea haya dado un nuevo varapalo a nuestro país evitando incluir el impacto de los fondos Next Generation EU sobre el PIB en sus últimas estimaciones. Se trata del enésimo aviso: no van a permitir un nuevo Plan E y, por ahora, lo único que conocemos es una gestión opaca y a disgusto de todos –salvo de Moncloa, claro –de los proyectos y un mar de dudas en torno a la capacidad de este Gobierno para llevar a cabo las reformas estructurales que necesita nuestro país y que Europa nos exigirá.
Algunas voces cercanas a la izquierda afirman que la sobredemanda de bonos españoles a 50 años –65.000 millones de demanda para 5.000 millones de oferta –reflejan que los mercados siguen confiando en nosotros. Sin duda es una muestra de que aún nos queda tiempo, pero también de la búsqueda de rentabilidad que hay en los mercados. Con casi el 70% de la deuda europea con rentabilidades negativas por la acción del BCE, un cupón de casi el 1,5% está muy cotizado.
Pero esto no significa que los riesgos no estén cristalizando. A la crisis de solvencia que ya comienza a dar síntomas en el sector empresarial debemos añadir un escenario de estanflación que cada vez se antoja más cercano, tanto en Estados Unidos como en Europa.
La inflación es el impuesto de los pobres. Un incremento en los precios de los bienes básicos como el que estamos viendo en Estados Unidos –los alimentos crecen al 6% - y en algunos países europeos, en un entorno de incremento de la tasa de paro y de reducción de las rentas laborales por el estancamiento económico es muy peligroso.
Para quienes sigan esta columna este fue uno de los grandes riesgos desde que comenzó la pandemia. Nos tildaron de catastrofistas, pero los riesgos ya están cristalizando porque las fuerzas son de carácter estructural y continúan moviéndose. O mucho cambia el panorama internacional, o cualquier previsión será papel mojado en pocos meses.