La tasa de morosidad se incrementará en empresas y familias hasta un 7% u 8% durante 2021, duplicando los niveles actuales debido a la crisis del coronavirus, según las previsiones del portal de compraventa de deuda hipotecaria LEM Loan eMarket.
En concreto, calcula que los impagos de empresas y familias se incrementen hasta los 130.000 millones de euros durante 2021, a causa del aumento del desempleo y la mayor incertidumbre económica.
El consejero delegado de LEM Loan eMarket, Miguel Arimont Lincoln, ha explicado que la situación abrirá el camino a inversores inmobiliarios con exceso de liquidez, que ahora prefieren adquirir carteras más pequeñas y seleccionadas, lo que dará lugar a un mayor número de carteras de menor tamaño en el mercado. En este escenario, el abogado socio del bufete Marín & Mateo Abogados, Abel Marín Riaguas, ha asegurado que la mediación y la negociación antes de las ejecuciones son las estrategias más beneficiosas para el deudor y el inversor.
Cuando no hay espacio para la mediación, la deuda se podrá reclamar mediante ejecuciones hipotecarias u ordinarias, como también mediante juicios declarativos, aunque "lo normal en estos casos es la subasta, la dación en pago o la venta acordada", según este abogado.
El Gobierno reactiva la ley contra la morosidad
Estas previsiones, sin embargo, pueden empeorar si hacemos caso a lo que publica este miércoles La Información, y es que el Gobierno quiere reactivar la reforma de la ley de lucha contra la morosidad para dotar a la misma de régimen sancionador con la excusa de buscar un incentivo a un mayor cumplimiento.
Ahora mismo, esta proposición de ley permanece en trámite de enmiendas desde el congreso, donde llegó en octubre. El régimen actual prevé que las empresas que no han cobrado puedan repercutir al moroso una cantidad fija de 40 euros, además de los intereses devengados por el retraso. Además, existe la posibilidad de pedir una indemnización por los costes de cobro en los que haya incurrido por el retraso.
Actualmente la ley establece un plazo máximo de pago de 30 días en operaciones comerciales, desde la fecha de entrega del bien o prestación del servicio. Puede ampliarse a 60 días aunque normalmente en España se está pagando casi a 90 días.
Por estos motivos, desde Pymes y autónomos se ha pedido que se establezca un régimen sancionador que luche contra esta morosidad. El problema es que los planes del ejecutivo pasa por un régimen de sanciones que podría ir desde los 3.000 euros por una infracción leve hasta el millón de euros por los graves.
Alarma por el riesgo de insolvencias
Las fuentes consultadas por La Información, señalan que el Ejecutivo quiere revitalizar esta norma precisamente ante el aluvión de insolvencias que se esperan durante este año y el colapso en los juzgados por los concursos de acreedores. El problema, en palabras de expertos consultados por Libertad Digital, es si será peor el remedio que la enfermedad.
Una solución para evitar la sanción
Incluso en esta circunstancia existen soluciones que pueden aliviar la difícil situación de muchas empresas. Una de esas soluciones es el Confirming. Si las empresas pagan a sus proveedores mediante esta especialidad evitan incumplir los plazos de pago. Además una empresa puede anticipar sus facturas de manera que obtiene liquidez que le permite pagar a tiempo a sus proveedores. En el caso de que una empresa cuente con muchos impagados, se han de gestionar o la supervivencia de la empresa puede peligrar. Hablar de Recobrarte como la única empresa que gestiona los impagados a coste 0, solo se pagará si conseguimos recuperar su dinero, si no, no paga nada.
El Confirming es un servicio financiero que ayuda a las empresas a gestionar de forma sencilla las obligaciones con sus proveedores, sin sufrir tensiones de tesorería. Este producto de Gedesco tiene una serie de valores añadidos tanto para el cliente como para el proveedor, ya que no sólo les facilita financiación sino que además ven afianzada la relación comercial mutua.