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EDITORIAL

Cataluña: infierno (político y fiscal) y ruina

Atrás quedó una época en la que Cataluña ejercía como el mayor motor económico de España. La nefasta gestión nacionalista ha provocado su declive.

La economía catalana lleva años en caída libre. Desde el golpe de Estado separatista de 2017, las finanzas de la región se desangran. Por culpa del nacionalismo, Cataluña se ha convertido en sinónimo de marasmo, incertidumbre, inseguridad –también jurídica–. El desmoronamiento de su imagen internacional es formidable y digno de estudio.

La fuga de empresas sigue siendo una realidad terebrante. En 2017 y 2018 huyeron a otros predios 4.300. Las multinacionales y las grandes entidades bancarias fueron los primeros en escapar. Y no parecen tener la menor intención de volver. En términos netos, en 2020 Cataluña perdió otras 341, mientras que Madrid ganó 572 empresas en ese tiempo.

Atrás quedó la época en que Cataluña era concebida como el motor económico de España. El sorpasso de Madrid se produjo en 2018, cuando la región hoy gobernada por Isabel Díaz Ayuso alcanzó el 19,2% del PIB nacional, dos décimas más que el Principado pese a tener 1,5 millones de habitantes menos. En 2019 la brecha se agrandó con Madrid aglutinando el 19,3% del PIB y Cataluña repitiendo la cifra del año anterior.

No hay mejor manera de resaltar la decadencia de Cataluña que compararla con Madrid, cuya política económica es totalmente contraria a la de los separatistas. La estrategia de la Generalidad está basada en más intervención, impuestos y despilfarro, lo que ha convertido a su territorio en un pavoroso infierno fiscal. Tal es el afán de los secesionistas por esquilmar a loa contribuyentes, que Cataluña ha sido una de las pocas regiones que se han atrevido a subir los impuestos durante la crisis del coronavirus, empezando por el de Sucesiones.

Cataluña es una de las autonomías más manirrotas y endeudadas. En la última década, la deuda pública en manos de la Generalidad se ha disparado desde los 35.616 millones de euros a los 78.292 millones. En términos de deuda sobre el PIB, el 35,9% que exhibe sólo es superado por Valencia y Castilla-La Mancha.

El colmo es que más del 80% de la deuda catalana se financia gracias al Tesoro Público español que tanto detestan. Si la Generalidad pretendiera que los mercados aportaran un solo euro por sus obligaciones financieras, se encontraría con un profundo fracaso. Por ejemplo, tendría que explicar a los potenciales inversores cómo es posible que Cataluña se haya convertido en un paraíso de la okupación, con casi la mitad de los delitos por este rubro que se suceden en todo el país.   

El futuro no se presenta esperanzador: gane quien gane en las urnas el próximo domingo, los catalanes tienen por delante tiempos muy duros.

En Libre Mercado

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