Planas y Ribera chocan sobre la protección del lobo. El Ministerio de Agricultura difiere del criterio utilizado por el departamento de Transición Ecológica a la hora de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial, lo que prohibirá su caza.
"Yo no estoy de acuerdo (...) como ministro de Agricultura, yo estoy del lado de los ganaderos, y están preocupados" por los ataques protagonizados por lobos a sus animales, dijo ayer lunes el ministro, Luis Planas, durante su intervención en un acto público.
El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reconocido que no se trata de una decisión que corresponda a su Ministerio, ya que fue adoptada por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde participan Transición Ecológica —la cartera liderada por la ministra Teresa Ribera— y las comunidades autónomas.
"Yo respeto esa decisión, pero a nivel técnico, durante la elaboración del plan de gestión para el lobo, el Ministerio de Agricultura indicó hasta en dos ocasiones que la protección actual nos parecía suficiente", ha recalcado.
Los lobos, un problema para los ganaderos
La inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre) se produjo la semana pasada y abre el camino para la prohibición de su caza para el control y regulación de la especie. No obstante, el visto bueno de la Comisión es obligatorio, pero no vinculante, por lo que ahora es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el que debe continuar la tramitación.
Planas, por su parte, ha reconocido que se trata de un asunto "polémico", pero ha insistido en el problema que suponen los ataques de los lobos a los ganaderos. Sólo en el último año, según datos de Agroseguro, se registraron 592 "incidentes" y por ello en concepto de indemnización los ganaderos afectados recibieron 252.000 euros.
Planas ha abogado por elevar la "reparación" a este colectivo cuando se produzcan ataques, y también propone incluir en la próxima Política Agrícola Común (PAC) un pago adicional por este riesgo y que el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) permita "financiar estructuras y animales que sirvan para proteger el ganado".
"Hay que buscar un equilibrio entre mantener la biodiversidad y, al mismo tiempo, proteger los intereses del sector de la ganadería extensiva", ha subrayado.
"Guerra civil", "un atentado"...
La Unión de Uniones lamenta que Ribera no haya estudiado el impacto económico que ocasiona el lobo, sobre todo negativo, teniendo en cuenta los distintos ataques que se producen al año en la ganadería y que algunas fuentes cifran en 15.000 cabezas de ganado.
En la misma línea va el presidente de la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, Alfredo Berrocal. "Tiene que haber lobos, pero hay que buscar un hueco para todos. No hay que cazar a cualquier lobo pero en la proporción está la censura", ha indicado el representante ganadero, que ve "más que discutible" que comunidades sin lobos en su territorio hayan votado a favor de que se la considere como una especie de protección especial.
Todavía más allá ha ido el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, que ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de "abrir la guerra civil" que, ha dicho, hubo en esta región por el lobo hasta la aprobación y aplicación en 2019 del plan de gestión de esta especie, que acaba de ser incluida en el listado de las de protección especial.
El regionalista ha considerado la inclusión del cánido un "atentando" contra los ganaderos y aunque ha agradecido las "intenciones" que a su juicio ha mostrado el responsable nacional del ramo, Luis Planas, ha considerado que "no vale" que diga que el asunto "no es competencia suya", sino que "tiene que hacer algo" y "como ministro, tiene que defender al sector", en Cantabria y en España: "Lo aprobado es un atentado al sector ganadero, que él tiene la obligación de defender".