La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, se han adherido a un manifiesto suscrito por alrededor de un centenar de economistas europeos en el que proponen un pacto por el que el Banco Central Europeo (BCE) cancele la deuda de los Estados miembros y estos a cambio destinen esas partidas a la reconstrucción ecológica y social.
Así lo demandan en el manifiesto titulado Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos, publicado en España por El País y encabezado por el economista francés Thomas Piketty, y que en el caso de España suscriben una veintena de economistas, destacando la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, junto a economistas como Jordi Sevilla, José Moisés Martín Carretero o Jorge Fabra Utray.
Los firmantes ven "positivo y útil" el debate sobre la anulación de las deudas en manos del BCE que se ha desarrollado en Francia, Italia, Luxemburgo y Bélgica, así como "en los pasillos de las instituciones europeas, entre los representantes del propio BCE y los distintos ministerios de finanzas de la zona euro", en un contexto en el que casi el 25% de la deuda pública europea se encuentra en manos del banco central, lo que en el caso español se cuantifica en más de 300.000 millones de euros.
Guindos recuerda que es "ilegal"
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, no ha dado crédito ante semejante documento. "La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto", ha afirmado el exministro español de Economía y Competitividad durante su intervención en un acto organizado por LSESU German Society.
El vicepresidente del BCE ha señalado que al condonar la deuda en el balance del banco central, este tendrá dificultades para mantener el flujo de dividendos que paga al tesoro nacional, por lo que, desde un punto de vista contable a corto plazo, la condonación de deuda puede suponer un alivio en la ratio de deuda pública del Gobierno, pero con el tiempo, afectaría a los dividendos obtenidos y puede producirse una equivalencia contable con un efecto quizás mayor que el de la cancelación.
En este sentido, Guindos ha criticado la falta de miras de algunos gobiernos excesivamente centrados en los efectos a corto plazo y no en el medio plazo, señalando que, no es únicamente una cuestión de contabilidad, sino que dañaría la reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales y de herramientas como los programas de compra de deuda implementados.
"Este debate sobre cancelación de la deuda creo que es perjudicial, porque al final los gobiernos no ganarían mucho y al mismo tiempo la reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales se vería muy afectada", ha advertido.
La propuesta
Su propuesta pasa por un contrato entre los Estados europeos y el BCE, de forma que la institución monetaria se comprometa a condonar las deudas públicas que posee (o a transformarlas en deudas perpetuas sin intereses), mientras que los Estados se comprometen a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social.
Estas cantidades alcanzan ya casi 2.500.000 millones de euros para toda Europa y "es suficiente para satisfacer las expectativas del Parlamento Europeo y, sobre todo, para salvaguardar el interés general", aseguran los firmantes del manifiesto.
A su juicio, "sin duda, el BCE puede permitírselo", ya que un banco central puede operar con capital propio negativo sin dificultad y "puede incluso crear dinero para compensar estas pérdidas", sostienen citando el Protocolo número 4 anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, añaden que, jurídicamente y en contra de lo que afirman algunos responsables de instituciones europeas, en particular el BCE, la anulación "no está explícitamente prohibida por los tratados europeos".
De cualquier forma, consideran que en este asunto "sólo cuenta la voluntad política". "La historia nos ha demostrado muchas veces que las dificultades jurídicas se ven superadas por los acuerdos políticos", reza el manifiesto.
También muestran los firmantes sus dudas sobre que las tasas de interés bajas o negativas en toda Europa sean suficientes para empujar a los Estados a endeudarse para invertir, tal y como evidencia la reducción constante del nivel medio de deuda pública en la Unión Europea entre 2015, cuando aparecieron las tasas negativas, y el inicio de la crisis sanitaria, además de que "muchos Estados han reducido su nivel de endeudamiento en lugar de pedir préstamos para invertir, aunque las tasas sean negativas".
Reformar los criterios de deuda y déficit
En su opinión, el pacto suscrito entre los Estados y el BCE impedirá esta estrategia de "escape de responsabilidad", aunque "no será suficiente y hay que tomar otras medidas en materia de reforma de los criterios de deuda y déficit, de proteccionismo ecológico y solidario, de reformas fiscales destinadas a reducir el nivel de desigualdad".
Piden implementar una nueva gobernanza europea, en particular mediante la transición al voto por mayoría cualificada en asuntos fiscales, puesto que "Europa ya no puede permitirse el lujo de verse sistemáticamente bloqueada por sus propias normas", mientras que otros Estados del mundo utilizan al máximo su política monetaria, en apoyo de la política fiscal, como China, Japón o Estados Unidos.
Los economistas abogan también por considerar la posibilidad de utilizar el poder de creación monetaria del BCE para financiar la reconstrucción ecológica y social bajo control democrático. "La anulación de las deudas públicas que tiene, a cambio de inversiones de los Estados, sería un primer signo fuerte de que Europa está recuperando su destino", concluyen.
Los firmantes
Entre el alrededor del centenar de firmantes del manifiesto, la mayoría son de Francia y figuran también economistas de Alemania, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Suecia, Grecia y Portugal, así como una veintena de economistas de España.
Entre los españoles se encuentran Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis; Manuel Escudero, presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE; el exministro Jordi Sevilla; José Moisés Martín Carretero; Fernando Rodrigo; Jorge Uxó y Óscar Carpintero.
También figuran Carlos Ochando, Carles Manera, Jordi Roca Jusmet, Antonio González, Eladio Febrero, Iñaki Arto, Juan Torres López, Juan Francisco Albert, Daniel Albarracín Sánchez, Agustín José Menéndez, Sonia Farre, Lorena Cabrerizo, Isabel M. Pajares, Manuel Garí y Fernando Rodrigo