El Ayuntamiento de Barcelona acaba de anunciar una nueva y restrictiva medida económica: prohibir el alquiler de habitaciones por menos de un mes. Con esta norma pretende luchar contra las habitaciones de uso turístico. Según la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, "permitir esta modalidad de alquiler en la ciudad (se estima que actualmente ofrece 14.000 plazas) conllevaría un aumento desorbitado de la oferta turística en la ciudad y un peligro, ya que 670.000 casas podrían acoger turistas".
El plan que regula los alojamientos de uso turístico en la ciudad, llamado PEUAT, ha incluido esta nueva modificación asegurando que actualmente la Ciudad Condal ya tiene 154.000 camas reguladas y que no se necesitan más. Cabe señalar que el pasado mes de agosto, la Generalidad aprobó el uso de estas habitaciones por 31 días o menos. Sin embargo, dejó en manos del consistorio barcelonés la regulación en la ciudad. Seis meses después, el Gobierno presidido por Ada Colau asegura que ante la imposibilidad de controlar este tipo de alquileres, "que encubren prácticas mafiosas", prefieren prohibirlo. Esto supone que solamente se podrán alquilar habitaciones por más de 31 días.
Janet Sanz también ha advertido que, al prohibir estas prácticas, "las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb deben suprimir la publicidad porque no será actividad permitida". En la misma comparecencia, también ha asegurado que las multas que el consistorio ha impuesto a estas plataformas han sido recurridas ante la justicia, por lo que todavía no han cobrado ninguna. Por ello, ha pedido la creación de una regulación a nivel europeo.
El PEUAT lleva más de cuatro años en vigor controlando la oferta turística de Barcelona y supervisando el alquiler de viviendas para uso turístico. Por ello, para poder destinar una vivienda a esta actividad es necesario solicitar una licencia al Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, desde el pasado mes de agosto el consistorio suspendió temporalmente la concesión de nuevas licencias durante un año prorrogable a otro año más.
"La moratoria responde a la necesidad de elaborar, en los próximos doce meses, una nueva normativa municipal que regule la nueva modalidad del alquiler de habitaciones de uso turístico en viviendas, prevista en el decreto de turismo, aprobado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña el 4 de agosto", aseguraban. Ese decreto dejó en manos de los ayuntamientos catalanes la posibilidad de añadir más normativas y restricciones.