Hace mucho tiempo que China se ganó el título de basurero del mundo. Durante décadas, y especialmente desde los años ochenta, el país asiático ha sido un importante centro de procesamiento de desechos provenientes de todo el planeta. Solo en 2016, importó 45 millones de toneladas de chatarra, papel de desecho y plástico, por un valor total de más de 18.000 millones de dólares.
Pese a que el tratamiento de residuos quizás no sea el sector productivo más popular ni glamuroso, lo cierto es que esta actividad le ha reportado a China multitud de beneficios. El mecanismo es simple: las empresas chinas pagan a las compañías extranjeras por importar basura. Con estos residuos, las procesadoras chinas obtienen acceso a un suministro estable de materiales reciclados, que suelen ser más asequibles que las materias primas con origen en el propio país. De esta forma, se produce una relación win-win: las potencias desarrolladas reciben dinero por enviar la basura al extranjero, despreocupándose de su gestión, a la par que el sector industrial chino se beneficia de tener acceso a materiales asequibles con los que impulsar su creciente dinamismo.
Sin embargo, la situación comenzó a cambiar con la llegada del siglo XXI. En la opinión pública china empezó a calar cierta conciencia ecológica, que fue alimentada por películas y documentales que mostraban los problemas medioambientales y de salud que acarreaba el sistema de gestión de residuos, así como del escaso control sobre vertidos contaminantes. En este sentido, fueron muy sonadas, por ejemplo, las críticas hacia las cuestionables prácticas que se desarrollaban en la provincia de Cantón (Guangdong), donde miles de trabajadores se dedicaban a "reciclar" desechos electrónicos vertiéndolos, en ocasiones, directamente a los ríos.
Además, hay que tener en cuenta que buena parte de los residuos tratados no son aprovechables, por lo que acaban siendo incinerados, o bien depositados en vertederos, con todas las externalidades ambientales y sanitarias que esto implica. De hecho, son habitualmente los residuos de más difícil tratamiento y menor calidad los que los países desarrollados acaban exportando al extranjero.
Ante problemas como estos, las autoridades chinas se vieron obligadas a tomar cartas en el asunto, anunciando medidas que nunca antes se habían planteado. En 2013, el gobierno emprendió la conocida como "Operation Green Fence" (Operación Valla Verde en su traducción literal), que pretendía poner coto a la importación masiva de desechos de escasa calidad, cuando no directamente ilegales. Para ello, se redoblaron las inspecciones y se acentuaron los esfuerzos en los controles fronterizos. Pero esto solo fue el comienzo: en verano de 2017, el gobierno chino comunicó a la Organización Mundial del Comercio que, al finalizar ese mismo año, el país dejaría de aceptar la importación de un total de 24 categorías de residuos sólidos, correspondientes a plásticos, papel sin clasificar, escoria de minerales y desechos textiles. El resultado de estas políticas fue palpable, como se observa en el siguiente gráfico: aunque a partir 2013 puede notarse un decrecimiento en la importación de residuos, la caída es drástica desde el año 2018.
Aún así, el portazo definitivo de China a la basura extranjera no ha llegado hasta 2021. Concretamente, desde el 1 de enero del recién entrado año, la potencia asiática ya no admite la importación de ninguna clase de residuo proveniente del extranjero. A partir de ahora, solo podrán entrar en el país aquellos materiales reciclados que ya hayan sido debidamente procesados con anterioridad en territorio extranjero.
Como resultado de esto, la gran duda que nos planteamos es: ¿Qué hacemos ahora con todos los residuos que enviábamos China? Y la respuesta es todo menos sencilla. Se estima que, antes de las restricciones, alrededor del 70% del plástico utilizado en Estados Unidos y el 95% del europeo se reciclaba en China. En el caso de España, solo en 2016 se enviaron 207.935 toneladas, lo que supone el 65% del material exportado. De hecho, tan solo de 2017 a 2018, y coincidiendo con la entrada en vigor de las restricciones chinas, la exportación de este tipo de basura en nuestro país se ha reducido a la mitad, lo que implica que la acumulación de residuos en territorio nacional se habría disparado.
Una de las soluciones pasa por exportar toda esta basura a otros países asiáticos en desarrollo. Y es, en parte, lo que está sucediendo. El papel de China lo han adoptado otros países como Turquía, que lidera el ranking de importación neta de residuos plásticos, así como Vietnam, Malasia, Laos o la India, entre otros. En el lado contrario, las mayores potencias exportadoras son Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia.
Sin embargo, algunas de las naciones importadoras, incluidas Malasia, Filipinas o Vietnam han tomado nota de las restricciones chinas, y están empezando a aplicar limitaciones a la importación de residuos. En este sentido, uno de los hechos más relevantes fue el ocurrido en 2019, cuando Canadá se vio obligada a repatriar 103 contenedores llenos de basura que atracaron en puertos de Filipinas, con el fin de ser almacenados allí. Y es que el país asiático emprendió un auténtico conflicto diplomático contra la potencia norteamericana: "Les declararé una guerra. Cargaremos los contenedores en un barco y avisaré a Canadá de que su basura está en camino para que preparen una gran recepción o se la coman si quieren", llegó a asegurar el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.
Malasia es otro país ha endurecido su discurso. Su ministra de medio ambiente criticó que "se comercia la basura con el pretexto del reciclaje, pero los malasios están obligados a sufrir la pésima calidad de aire debido a la quema ilegal de plásticos".
Todo esto está suponiendo un auténtico dolor de cabeza para las potencias desarrolladas, dadas las restricciones implantadas por cada vez países que quieren evitar convertirse en el basurero del planeta, por lo que millones de toneladas de residuos amenazan con acumularse y causar auténticos problemas medioambientales y de salud pública. Además, en el viejo continente tenemos que añadir la nueva medida implantada por la Unión Europea, por la que se prohíbe, desde 2021, la exportación de residuos de plástico tóxicos o difíciles de reciclar a países que no forman parte de la OCDE.
Para poder solventar esta problemática que se cierne sobre países como España, la capacidad productiva de tratamiento de residuos debe incrementarse notablemente, lo que puede suponer una oportunidad para el sector. También existe una salida fácil, pero quizás no la más deseada: la incineración y/o la acumulación en vertederos. Concretamente, en la UE, el 39% de los residuos plásticos "tratados" son incinerados, y el 31% enviados a vertederos.
Por otro lado, los individuos también juegan un papel importante, con la consabida "regla de las tres erres" (reducir, reutilizar y reciclar). Sin embargo, el margen de actuación de los consumidores es limitado, dado que, por mucho que nos esforcemos en separar los residuos, el reciclaje efectivo de los mismo depende del tipo y complejidad de composición de los envases, y lo cierto es que muchos de ellos siguen siendo difíciles de tratar.
En este sentido, son las propias empresas las que tienen en su mano mejorar los envases de los productos para sean más fáciles de reciclar. Esto es algo que ya se está produciendo a gran velocidad, y cada vez son más las marcas que presumen de utilizar envases "sostenibles", libres de plástico, o de fácil reciclaje. En definitiva, a través de este cambio en el sector empresarial podrá lograrse la obtención de residuos de mayor calidad, con lo que, por un lado, se incrementarán las posibilidades de que los países extranjeros acepten nuestra basura y, por otro, se facilitará la existencia de una industria de tratamiento de residuos rentable y próspera en nuestro país.