La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido la necesidad de centrar la ayuda que supone el bono social a "quienes más lo necesitan" y ha abierto la puerta así a excluir a las familias numerosas, que ahora se benefician de él con independencia de su renta.
La también vicepresidenta cuarta del Gobierno durante una comparecencia a petición propia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, ha señalado que con el sistema actual se puede estar "dejando a un lado recursos que podrían destinarse a colectivos particularmente necesitados".
Las familias numerosas (con tres o más hijos) se benefician automáticamente de descuentos en el precio de la luz de entre el 25 y el 40%,con independencia de su renta o patrimonio, algo que Ribera ha reconocido que podría estar beneficiando a consumidores que no necesiten tal apoyo.
"En un buen número de hogares la factura energética es una de las cuestiones que más preocupación supone" a la hora de llegar a fin de mes, ha explicado la ministra al referirse al beneficio que supone el bono social para cerca de 1,2 millones de hogares (entre ellos más de 300.000 familias numerosas), un 16 % más que en 2019.
En su opinión, se debe "consolidar y ampliar el bono social eléctrico" concentrándose en quienes más lo necesitan y en ese sentido ha defendido la necesidad de revistar las categorías fijadas en 2017 de consumidor vulnerable y ver si "se corresponden realmente con quienes más lo necesitan", porque a veces no "necesariamente es así".
Durante su comparecencia ha apuntado que el Gobierno ha previsto aumentar en 105 millones la dotación en los Presupuestos Generales del Estado para el bono social térmico en 2021, que consiste en una ayuda para personas vulnerables en calefacción, agua caliente o cocina, lo que supone un incremento del 16% respecto de 2020.
En cuando al pico de demanda energética reflejado tras el paso del temporal Filomena, la vicepresidenta ha manifestado que el impacto real sobre la factura se traducirá en un aumento de entre 4 y 10 euros a los consumidores acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) .
En cuanto a los 15 millones de usuarios restantes, no verán cambios, ha resaltado, ya que no tienen un contrato indexado al precio del mercado de energía.
Por otro lado, ha recordado que entre 2018 y 2020 el precio de la energía ha descendido un 40% por la incorporación de tecnologías renovables "con costes variables bajos próximos a cero", haciendo que la factura PVPC baje un 17% en dos años, suponiendo "un ahorro de 120 euros para un hogar de 4 miembros".
Además, según Ribera, se prevé que los precios del mercado energético en España bajen por debajo de otros, como el francés o el alemán, entre 2022 y 2023.