El 31 de marzo de 1933, la mutua de salud de la ciudad de Berlín decidió que dejarían de reembolsarse los costes de los tratamientos realizados por médicos judíos. Aunque la mitad de los médicos de Berlín en aquella época eran judíos, muchos pudieron reducir el asunto a una "restricción de la competencia" entre médicos o pensar que se trataba apenas de un "inconveniente". La verdad es que fue solo el primero de más de 400 decretos y normas que limitaron todos los aspectos de la vida de los judíos en la Alemania nazi.
La lección que nos ofrece la historia es clara: cuando se trata de derechos fundamentales, cualquier vulneración surgida o amparada por el gobierno debe recibir un rechazo frontal por parte de todos los que valoren la libertad. Como mínimo, cualquier vulneración tolerada sienta un precedente, que puede seguirse por nuevas vulneraciones. Como máximo, cualquier vulneración puede ser parte de un plan para avanzar contra las libertades civiles. Es estúpido recostarse en la ingenuidad de pensar que la atrocidad nazi es algo irrepetible.
En todo caso, no es necesario llegar a esos extremos para que la vulneración de derechos fundamentales por parte del gobierno arruine a una sociedad completa. Lo podemos ver cada día en Venezuela, Cuba y Corea del Norte, por ejemplo.
El gobierno acaba de publicar el Real Decreto-ley 1/2021, que entre otras cosas exige la necesidad de "intimidación o violencia sobre personas" para desahuciar la ocupación ilegal de una vivienda. Se trata de una norma que facilita la "okupación", ya que las mismas suelen producirse cuando las viviendas están vacías (por lo que no hay intimidación o violencia sobre personas).
Quienes quieran restar importancia a esta nueva norma podrán señalar que solo estará vigente mientras dure el estado de alarma (que acaba el 9 de mayo). También, por ejemplo, se podrá menospreciar este ataque al derecho de propiedad alegando que el ocupante ilegal debe demostrar su "situación de vulnerabilidad" que le "imposibilite encontrar una alternativa habitacional". Incluso, habrá quien asigne a esta norma un objetivo de "solidaridad", pues intenta evitar que alguien "se quede en la calle".
Los socialistas de todos los partidos suelen despreciar el derecho de propiedad como una cuestión que solo preocupa a los "ricos", a los "insolidarios" y a los "egoístas". El error no puede ser mayor: el derecho de propiedad empieza amparando la propiedad sobre el propio cuerpo y el fruto de nuestro trabajo. El derecho de propiedad defiende también los salarios y los ahorros.
Que en este caso el ataque al derecho de propiedad se centre en los "grandes tenedores" (en general, bancos y fondos de inversión) no solo no lo hace menos grave, sino incluso más dañino para el bienestar general: si los grandes inversores dudan de la seguridad de su propiedad, ¿quién invertirá en España? ¿Cómo se crearán puestos de trabajo?
Milton Friedman decía que, en el Siglo XIX, la idea era que había que establecer un gobierno para evitar que los individuos se pelearan entre sí, pero que en el Siglo XX la misma cambió: el gobierno pasó a verse como una especie de padre que tiene el deber de obligar a unos a ayudar a otros. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dan un paso más: ahora, ese "gobierno-padre", no solo obliga a unos a ayudar a otros, sino que consiente que unos atraquen a otros. En nombre de la "justicia social", por supuesto.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo