Antes de que estallara la pandemia —y los ERTE acaparasen todas las atenciones del Ministerio de Trabajo—, la ley rider se postulaba para convertirse en una de las medidas estrella de Yolanda Díaz. Desde su llegada al Gobierno, la ministra gallega se propuso regular la actividad de la oleada de repartidores a domicilio que habían aflorado en España al calor de las nuevas tecnologías. Ahora le ha hecho saber a Bruselas que ésta será su próxima reforma en materia laboral.
El principal objetivo de Díaz es acabar con la actual relación que tienen estos repartidores con plataformas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo. Para la máxima responsable de Trabajo, "no cabe duda" de que los riders ejercen como empleados de estas compañías, por lo que su objetivo es que dejen de ser considerados autónomos. "Una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un simple trabajador", ha llegado a asegurar Díaz insistiendo en que "no solo no es un emprendedor, sino que no hay ningún margen de autonomía en su relación laboral. Son autónomos sin autonomía".
Trabajo lleva varios meses negociando con patronal y sindicatos la nueva normativa, pero de momento, sigue sin haber acuerdo. Yolanda Díaz quiere el sí de los agentes sociales cuanto antes, aunque todavía no tiene atada su ansiada foto. El último borrador que el Ejecutivo entregó a patronal y sindicatos la semana pasada y al que ha tenido acceso Libre Mercado, tiene tres patas. La más peligrosa para la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), una asociación que reúne a más de 800 repartidores por cuenta propia en España, es la que les va a obligar a convertirse en asalariados de las plataformas.
En aplicación de lo previsto en esta ley concurre la condición de empleadora en aquellas empresas proveedoras de servicios de intermediación en línea a través de plataformas, aplicaciones u otros medios tecnológicos informáticos o digitales que sean agente primordial de la actividad en el mercado o aporten o controlen los activos esenciales, aun cuando las facultades empresariales de organización, dirección o control se manifiesten de forma implícita o indirecta, sea o no a través de la gestión algorítmica del servicio, incluyendo los supuestos en que una eventual flexibilidad por parte de la persona trabajadora en la ejecución del trabajo sea solo aparente, bien llevar aparejada la posibilidad de cualquier consecuencia negativa o perjuicio algorítmico, bien poder tener repercusión en el mantenimiento de su trabajo, en su volumen o en el resto de sus condiciones de trabajo.
Según el presidente de APRA, Jordi Mateo, este punto de la norma "va a obligar a todas las compañías a contratar a todos los riders, trabajen con algoritmo o no. No les va a dar opción a seguir siendo autónomos, que es lo que quieren muchos repartidores porque así ganan más dinero y tienen más flexibilidad". Mateo critica que Yolanda Díaz se haya reunido con patronal y sindicatos, "pero no esté escuchando a los trabajadores, que son los verdaderos protagonistas y libremente quieren seguir trabajando así, porque, al contrario de lo que están vendiendo, van a perder derechos con el cambio". En Trabajo defienden que es por su bien y que lo que están haciendo es trasladar a la ley la última sentencia del Supremo que anula el modelo de los riders.
Nerviosismo entre los 'riders'
Mientras tanto, entre los riders reina el nerviosismo. El caso de Cristina es un ejemplo muy ilustrativo de la realidad que nadie cuenta. Esta repartidora tiene trastorno ansioso depresivo y hay veces que su enfermedad no le permite acudir a trabajar todos los días de la semana o las ocho horas de rigor del común de los mortales. Aún así, Cristina es capaz de organizarse y superar todos los obstáculos de sus problemas de salud trabajando como rider autónoma. "Me agobio muchísimo y me puede dar una crisis de tres horas, que si estuviera contratada por una empresa, probablemente, me tendría que coger la baja o ya quedar mal con mi jefe si un día no voy. Siendo autónoma, yo decido qué días trabajo, cuántas horas hago, si las quiero recuperar o no al día siguiente y a qué zonas quiero ir a repartir", relata.
La mujer, que desde hace tres años trabaja como repartidora y antes estaba al cuidado de una persona tetrapléjica, cuenta que opera con tres plataformas: Glovo, Uber Eats y Amazon "¿Ahora me van a tener que contratar las tres?", se pregunta. Una de las cosas que más molestan a Cristina es que "nos dicen que estamos explotados cuando no saben nada de nuestro trabajo. Nosotros somos nuestros propios jefes, no somos como los repartidores de Burger King o Telepizza y el Gobierno nos quiere convertir en ellos", denuncia. Cristina también quiere romper con el mito del cansado repartidor ciclista.
"Yo, como tantos otros compañeros, no reparto en bici, reparto en mi coche". También, desmiente tajantemente la supuesta precariedad a la que están sometidos. "Conozco compañeros que han llegado a ganar 3.000 euros repartiendo, eso sí, matándose a trabajar, pero esa cifra no la ganaría ningún repartidor contratado. Yo prefiero cuidar mi salud, trabajar menos horas y ganas menos, pero perfectamente se ganan 1.000 euros limpios", asegura.
"El reparto a domicilio está salvando a la hostelería"
Al presidente de APRA, el actual, le parece "el momento más inoportuno para introducir esta ley, en plena pandemia, cuando el reparto a domicilio es lo único que está salvando a la hostelería con el coronavirus. Va a ser la puntilla para los hosteleros".
Jordi Mateo vaticina que "las empresas se van a deshacer de la mitad de los riders si el Gobierno les obliga a contratarles. Y les contratarán por periodos de 2 o 3 semanas por 15 o 20 horas a través de subcontratas, porque deberían saber que el reparto a domicilio va por picos de demanda". Añade que "todo esto no va a mejorar sus condiciones laborales y va a perjudicar a todos". Mateo también se pregunta "qué va a pasar entonces con las cuotas que nosotros hemos venido pagando como autónomos si nos despiden. ¿Nos las van a devolver?".
Otro de los cambios que pretende llevar a cabo Díaz consiste en modificar el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para que el comité de empresa sea informado de "la implantación y revisión de los sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo, incluido cuando deriven de cálculos matemáticos o algoritmos". En este punto, APRA está a favor.
El último apartado de la propuesta de Díaz consiste en crear un Observatorio tripartito de Plataformas Digitales, "que quedará adscrito al Ministerio de Trabajo y del que formarán parte el propio Ministerio y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, de forma paritaria". El Observatorio "seguirá la evolución de la actuación de las plataformas digitales en el ámbito laboral, publicando, al menos, con una periodicidad anual, un informe sobre esta concreta materia". Va quedando menos para que el texto definitivo salga a la luz. Según Adigital, en España hay casi 30.000 riders, ¿les contratarán las empresas a todos?