De nuevo, con la reciente publicación de los datos de deuda por parte del Banco de España, se constata que el endeudamiento prosigue su ascenso de manera incesante también en el mes de noviembre de 2020, último registro publicado.
La deuda, tras una ligera corrección por vencimientos en octubre, afianza el nivel de los 1,3 billones de euros. Es lógico que la deuda se mantenga en ese nivel, pues es consecuencia del déficit y, mientras este exista, la deuda aumentará, ya que el endeudamiento es el stock del flujo que resulta ser el saldo presupuestario. La única posibilidad que cabe es que el cociente no crezca, pero para ello debería aumentar más el PIB nominal que el endeudamiento, cosa que no sucederá en el dato final de 2020, todavía pendiente de publicación, pues ambos caerán, con lo que la deuda tendrá un comportamiento todavía peor en términos relativos que en términos absolutos, ya pésimo de por sí.
Así, nuevamente, los datos de endeudamiento público, que recoge en sus publicaciones el Banco de España, muestran la tendencia de crecimiento exponencial que ha cobrado la deuda pública española desde que el presidente Sánchez accedió al Gobierno de la nación, tras la moción de censura al presidente Rajoy.
Lo decimos mes tras mes: parece haberse instalado en España la sensación de que el gasto no es un problema, sino que éste se soluciona con impuestos y si la recaudación de éstos no basta, se cubre con deuda. Los gestores políticos no se paran a pensar que la subida de impuestos genera distorsiones en la economía -y, además, cuando los suben lo hacen en los impuestos directos, que son los que más perjudican a la actividad económica y al empleo-. Tampoco quieren caer en la cuenta de que el endeudamiento tiene un límite, que estamos sobrepasando ya de manera muy importante. Nada los frena, pues sólo quieren prometer, en todos los ámbitos, más y más medidas que no nos podemos permitir por la sencilla razón de que el gasto que suponen no lo podemos pagar.
Esa tendencia, que tiene su base en esa presión del gasto que es cada vez mayor en España, sitúa a la economía española en una posición compleja, pese a haberse levantado el veto sobre el presupuesto de la UE y los fondos reembolsables procedentes de Bruselas, ya que si los fondos tardan en recibirse y las iniciativas comienzan a ejecutarse con déficit y deuda, corremos el riesgo de que se aproveche para, después, no amortizar esa deuda provisional y ejecutar gastos adicionales.
Como ya hemos dicho en anteriores artículos, tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio que el impacto de la pandemia en la economía es notable, sobre todo porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como cerrar en enero las fronteras con China, y porque ahora ha abandonado por completo a la economía a su suerte. Ahora bien, antes de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.
Como hemos venido recordando mes tras mes, con las medidas de los reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o de menor intensidad, como se preveía.
La pequeña reducción del cociente de deuda sobre el PIB que se había producido hasta entonces, saltó por los aires. Con una deuda cercana al 100% del PIB pero que había logrado ir descendiendo gracias al impulso del crecimiento económico -pues la deuda en valores absolutos seguía aumentando, al mantenerse las cuentas públicas en déficit cada año- el Gobierno tomó la arriesgada decisión de expandir el gasto de manera temeraria.
Ahora vemos las consecuencias de ello: una deuda creciente, que ha pasado del 97,6% con el que cerró 2018, al 95,5% del cierre de 2019 y que ahora se eleva al 118,69% de noviembre de 2020, según los datos de deuda del Banco de España y la previsión de crecimiento del PIB nominal del ministerio de Economía plasmada en el plan presupuestario 2021 enviado a Bruselas el quince de octubre de abril (página 12 del informe).
En dicho cociente, ya está comenzando a operar el efecto negativo tanto en el numerador como en el denominador, pues la deuda aumenta en 123.731 millones de euros entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 y el PIB se estima que se reduzca en 139.474 millones de euros de 2019 a 2020.
Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 155.253 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de diez trimestres de mandato el incremento supera ya los 150.000 millones de euros.
Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los dos años y medio de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 3.280 euros, casi cuatro veces el incremento del primer año.
O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras dos años y medio de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 169,86 millones de euros cada día.
De esa manera, nos encontramos con un incremento exponencial del gasto, una caída en picado de la recaudación y un descenso notable del PIB. Todo ello, hará que la deuda española se sitúe este año entre el 115% y el 125% del PIB, dependiendo de cuál sea la intensidad final del movimiento de déficit y PIB (el gobernador del Banco de España ha llegado a mencionar que incluso podría alcanzar el 128,7% este ejercicio), siendo factible que supere el 130% en 2021. De hecho, el FMI estima que la deuda cerrará 2020 en el 123% del PIB, para quedarse en el 118,8% en 2025, año que, además, subirá de nuevo sobre 2024.
Urge un ajuste importante que sitúe a nuestra economía en el nivel de gasto que se puede permitir. Nada es gratis y todo se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes, pero esos recursos son finitos y los ciudadanos están ya extenuados, en medio de una grave crisis económica, que reduce aún más su poder adquisitivo. Es imprescindible acometer reformas que nos permitan aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía y que éste sea sostenible, no sostenido artificialmente. O se logra hacer eso o el drama será mucho peor cuando se vea que no se puede afrontar tanto gasto, porque entonces el recorte habrá de ser mucho más intenso. No nos cansaremos de repetirlo mes tras mes, aunque con escaso éxito, como los datos muestran.