La reforma de las pensiones que prepara el Gobierno se sigue enredando. Un borrador del Ejecutivo sobre el Plan de Reformas e Inversiones incluía la propuesta de elevar la edad del cómputo de la pensión de jubilación de 25 a un máximo de 35 años de manera progresiva, medida que finalmente no se ha remitido a Bruselas.
En este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge un apartado titulado Ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación y figura el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como departamento encargado de llevarlo a cabo. El documento fue elaborado a mediados de diciembre, según varios medios.
La versión que ha dado esta semana el ministro Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre el asunto no podría ser más confusa. En una entrevista que dio ayer miércoles en Onda Cero, en la que protagonizó un tremendo enfado, dijo que ampliar el cálculo de las pensiones a 35 años es una medida que "ni ha existido ni va a existir", pero también apuntó que el Gobierno "todavía no sabe lo que va a hacer" y que está en plena fase de "hacer muchos cálculos y muchos estudios más a nivel de microdato". Escrivá avanzó que "tenemos que estudiar las historias laborales de mucha gente, ver exactamente sus periodos de cómputo hasta dónde se alargan o no se alargan", por lo que tampoco cerró la puerta a prolongar ese periodo de cálculo.
El borrador borrado
Ahora, se ha desvelado que ese borrador desarrollaba la medida, que no fue incluida en la versión definitiva remitida a Bruselas, aunque fue enviado a varios ministerios. "Como tercera de las medidas que integran el bloque que tiene por objeto profundizar en la reforma de 2011, se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas", exponía el borrador.
El documento ahondaba en que la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación "es uno de los cambios paramétricos" que se han ido incluyendo en todas las grandes reformas que se han hecho en España desde 1985: "en esa ocasión el periodo se incrementa de dos a ochos años; en 1997, a quince años; y la reforma de 2011, lo extiende progresivamente a los últimos 25 años de cotización en 2022 (en 2020 todavía se calcula con los últimos 23).
Además de este asunto, el texto aludía a la necesidad de acometer una reforma de pensiones orientada a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema "en el corto, medio y largo plazo". Para ello, se pedía apoyo del "amplio consenso" parlamentario sustanciado en la aprobación de las recomendaciones del marco del Pacto de Toledo para configurar un paquete de medidas.
Concretamente, planteaba diversos bloques, como la puesta en marcha de un mecanismo de revalorización de las pensiones, la profundización en la orientación de la reforma de 2011, o el impulso del acercamiento "de la edad efectiva de jubilación a la edad legal" a través de "incentivos a la demora" de la jubilación y ajustar los elementos "distorsionantes" en la regulación de las jubilaciones anticipadas. Y entre ellas se especificaba "la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación".
Un recorte del 6,3%
El objetivo que se argumentaba para aumentar el periodo de cálculo era "aumentar la contributividad del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales".
"Aun cuando el efecto en cada trabajador es diferente, aumentando la pensión en algunos casos y disminuyéndola en otros, en términos medios la pensión se reduce, si bien el efecto es paulatino en el tiempo y se moderaría por la posibilidad de elección de años", planteaba.
También exponía que el cambio de la base reguladora de 15 a 22 años en 2019, ha tenido incidencia en el 52% de las altas de 2019 y la reducción media de la pensión ha sido del -3,9%. De esta forma, a medida que transcurran los años, la medida tendría impacto en un mayor número de nuevas pensiones y también la reducción media será mayor".
"El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque su impacto no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización. Igualmente, se procederá a revisar el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral", explicaba el borrador.
Finalmente, se especificaba que la propuesta afectaría a los nuevos pensionistas, si bien la implementación sería "progresiva". Su aplicación, requería una modificación de la Ley General de la Seguridad Social, "previa discusión" en el ámbito del diálogo social y se aseguraba que tenía encaje en el Pacto de Toledo. Todo con vistas a poder iniciarse en el año 2023 de forma gradual.
A Bruselas también le plantea otro cambio
Esta medida ha enfrentado a Escrivá con Podemos, que la daba por buena su puesta en marcha y consideraba "incomprensible" que el Gobierno pretendiera asestar un recorte del 5% de las pensiones. En ese sentido, apuntaron que no creían que llegaría al Congreso y que, en caso de ser así, en ningún caso lo apoyarían. El propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se refería también ayer miércoles a este asunto al celebrar que Moncloa no haya remitido finalmente "ningún recorte" de las pensiones a Bruselas, algo que hubiera sido "inaceptable" y "desleal" con el acuerdo de gobierno, como transmitió al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Aunque las reformas de pensiones que el Gobierno ha planteado a Bruselas no especifican que España pudiera elevar el periodo de cálculo hasta los 35 años, sí que se plantea "ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional". Es este punto, aunque de manera más genérica, sí que se está abriendo ante la UE para elevar el polémico periodo de cálculo a los futuros pensionistas.