El pasado 15 de enero, Libre Mercado adelantó las líneas centrales del informe económico con el que el Ayuntamiento de Madrid quiere desarrollar la declaración de la capital como "zona catastrófica" para compensar, en la medida de lo posible, los daños causados por la borrasca Filomena. Cinco días después, el gobierno de España ha confirmado que respalda esta pretensión, pero ha sembrado la duda sobre la estimación de costes presentada por el gobierno que encabeza José Luis Martínez Almeida.
Fue la vicepresidenta Teresa Ribera quien, en rueda de prensa, dudó sobre los cálculos de Cibeles, afirmando que plantean un escenario de pérdidas "bastante desviado respecto al coste de fenómenos meteorológicos previos, como por ejemplo la DANA". En este sentido, la dirigente socialista insistió en que los 1.400 millones de daños estimados por el equipo municipal madrileño suponen "cifras muy lejanas" a las que baraja el gobierno central. De hecho, Ribera pidió a Almeida "una estimación más exacta" de la situación.
Sin embargo, como explicó Libre Mercado, la reacción de Moncloa resulta llamativa porque incurre en tres errores de bulto:
1. En primer lugar, compara fenómenos meteorológicos de muy distinta intensidad que, además, ocurrieron en zonas del país con niveles de actividad económica mucho menores que los de Madrid.
2. En segundo lugar, ignora que la declaración de "zona catastrófica" no se limita a estudiar los daños sobre los bienes públicos, sino que también abarca las pérdidas provocadas al sector privado (familias y empresas), lo que explica 1.000 de los 1.400 millones de daños calculados por la corporación local.
3. En tercer lugar, pasa por alto que las estimaciones de Madrid se hicieron en base a datos reales, tomando como referencia el gasto real con tarjetas de crédito de los ciudadanos de la Villa y Corte.
Nuevos datos de CEIM
Pero la polémica no solo no ha ido a menos, sino que se ha acrecentado en las últimas veinticuatro horas, puesto que la patronal madrileña CEIM ha emitido una nota de prensa en la que eleva las pérdidas sufridas por las empresas de la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso a 2.200 millones de euros.
En este sentido, si se ajustan estos datos al peso de la capital sobre la economía autonómica (en torno a dos terceras partes de su PIB se dan en la Villa y Corte), encontramos que la estimación de pérdidas de CEIM implica alrededor de 1.450 millones de pérdidas en las empresas del Ayuntamiento de Madrid.
CEIM subraya que estas pérdidas suponen "los ingresos de celebrar siete veces la Feria FITUR en IFEMA" o "la mitad de todo el presupuesto de la Comunidad dedicado a Educación". Según la patronal regional, "el 44% de las empresas sufrió caídas de la facturación superiores al 80%" en los peores días de la borrasca. Además, ocho de cada diez mercantiles no pudieron abrir sus puntos de venta debido a la borrasca, mientras que tres de cada cuatro lidiaron con problemas de abastecimiento por la impracticabilidad de las carreteras y vías de transporte y comunicaciones.