2021 viene cargado de impuestos y de verdaderos retos económicos para España. Tanto es así que la revisión a la baja de las estimaciones de PIB y de las finanzas públicas no ha tardado ni 15 días: BBVA Research, la Comisión Europea… hasta los propios asesores de Nadia Calviño hablan abiertamente de unas estimaciones demasiado optimistas. Más bien, de ciencia ficción.
Difícilmente se va a cerrar la enorme brecha financiera que ha abierto el Gobierno de España en 2020 sin crecimiento económico. Por eso, entre otras cosas, la promesa de Montero la semana pasada (Recuerden: Vamos a llevar a cabo el mayor proceso de consolidación fiscal de nuestra historia) se parecía más a un mensaje de calma a los mercados financieros que a una voluntad real del Ejecutivo.
2021 es probable que arroje datos de crecimiento económico positivos (aunque débiles) por puro efecto rebote y una ligera disminución del déficit. Pero ni de lejos lo que necesita nuestro país ni lo que está alardeando el Gobierno.
Un proceso de consolidación fiscal en un contexto de tanta incertidumbre como el actual debe tener tres elementos indispensables:
- Consenso social, es decir, contar con el visto bueno de personas con reconocido prestigio en la materia.
- Un horizonte con la suficiente seguridad jurídica y estabilidad institucional que asegure su cumplimiento.
- Credibilidad.
El Gobierno de España, desafortunadamente, va por el camino contrario. Cuantas más voces critican las subidas de impuestos y del gasto discrecional en un contexto de fuerte recesión económica, más medidas de carácter ideológico emanan del Consejo de Ministros.
2021 comienza con unos Presupuestos Generales que suponen la aparición/subida de 11 figuras tributarias. Entre ellas se encuentran bienes comúnmente consumidos exclusivamente por los ricos (nótese la ironía), como es la subida del IVA a las bebidas azucaradas, el impuesto a los envases de plástico, a los residuos, la subida a las primas de seguros o... la Tasa Tobin
Desde el pasado 1 de enero, cuando usted haga una operación de compra de acciones de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil supere el millón de euros, en el extracto de su cuenta de valores verá el número de acciones adquiridas, la comisión cobrada… y un 0,2% del valor de la operación en concepto de impuestos.
España es uno de los países en los que el ahorro está más intervenido. Este impuesto tan sólo es una vuelta de tuerca más, que empobrece a las clases medias y dificulta el potencial de crecimiento de nuestras grandes empresas.
Un impuesto, en definitiva, regresivo, que afecta indirectamente a fondos de pensiones y fondos de inversión, entre otros. Si juntamos la inversión en renta variable con estos dos grandes grupos, están en juego el 20% de los ahorros de las familias españolas, según INVERCO.
Estamos ante una medida que genera un elenco de desincentivos a la inversión y al ahorro, con una capacidad de recaudación muy limitada. La estimada por el gobierno de Pedro Sánchez en los presupuestos es de 850 millones de euros. Y, como todas las incluidas en la tabla de nuevos ingresos (la gran mentira de los presupuestos) no se va a cumplir. La capitalización bursátil de las empresas cotizadas en Irlanda asciende a 118.000 millones de euros; el tipo al que se gravan las transacciones es del 1%; y la recaudación a duras penas supone los 400 millones de euros. En Reino Unido pasa algo parecido: con un tipo del 1%, la capitalización bursátil es 6 veces superior a la española, y los ingresos apenas 3. Debemos tener en cuenta que ambos países llevan varios años con esta medida, y el efecto descenso del volumen ya está descontado.
A nosotros aún nos queda la travesía por el desierto. El volumen de operaciones en el Ibex 35 indudablemente caerá, y con él la capitalización bursátil de nuestros campeones nacionales. No esperen más de 400 millones de euros… hasta próximas subidas, tal y como ha ocurrido en Francia.
52 empresas españolas, entre las que se sitúan todas las que cotizan en el Ibex 35, tienen gracias al Gobierno de la gente una nueva traba burocrática y fiscal que sortear. Una de las debilidades de nuestro tejido productivo es la elevada presencia de las pymes, y la solución de nuestro Gobierno es… penalizar, aún más, el crecimiento empresarial.
Los españoles, por lo tanto, sufriremos tres impactos como consecuencia de la entrada en vigor de la Tasa Tobin: Más tributación para nuestros ahorros, una economía más débil y un agujero en el déficit por el incumplimiento de las estimaciones del Gobierno.
Aunque, quizás, y perdonen que recurra tanto al tono irónico, tengamos que estar contentos porque esto no supone un riesgo real de establecimiento de aranceles sobre nuestros sectores estratégicos, como sí ocurre con la Tasa Google y Estados Unidos.
Los países de nuestro entorno están frotándose las manos. España ha aprobado una medida que no ha funcionado en ningún momento ni lugar, y que favorece la evolución de sus empresas cotizadas.
El impuesto a las transacciones financieras es la denostada Tasa Tobin, rechazada hace ya años en el ámbito europeo, pero con otro nombre. Un rechazo que está más que justificado. Ya desde sus inicios, en la Suecia de 1984 esta tasa ha sido un sonado fracaso. La estimación inicial de ingresos fue de 1.500 millones de coronas suecas, y obtuvo de media 50, con un máximo de 80 millones. La razón fue una migración masiva de capitales hacia otros mercados.
Este fracaso no ha sido suficiente para erradicar la medida de raíz. Ya saben. Aquello de “no ha funcionado porque no estuvo bien ejecutada”. En Europa, Reino Unido tiene implementada una tasa del 0,5%, Irlanda del 0,2% y Francia del 0,3%, entre otros. Podríamos repasar el detalle de los tres países, pero creo que el ejemplo francés es suficiente. El impuesto nació en 2011 con un tipo del 0,1% y una recaudación esperada de 500 millones de euros. A día de hoy, se ha triplicado y está por debajo de los 1.000 millones, según las estimaciones más optimistas.
El año pasado Telefónica y BBVA, dos de nuestros tradicionales puntas de lanza, salieron del Eurostoxx50, el índice que aglutina la capitalización de las 50 empresas más importantes del Viejo Continente. Como consecuencia de ello, España tan sólo mantiene 4 empresas en él. Esto tiene un nombre: Pérdida de competitividad internacional y, por lo tanto, de relevancia e influencia.
Pero a nuestros gobernantes, al parecer, les parece poco. Lo importante es la agenda ideológica, el ataque al ahorro y una redistribución de la nada, que genere una sociedad de grupos organizados repletos de privilegios que vive a costa del resto de ciudadanos, que se dedican a trabajar y no a organizarse.
Difícilmente un país puede tener futuro así.