El sindicato UGT ha planteado que diversos aspectos tributarios relativos a las plataformas digitales se incluyan dentro de la negociación de la ley de riders. Concretamente, desde UGT piden que la Agencia Tributaria centre su vigilancia en los vendedores de artículos de segunda mano dentro de plataformas como Vinted, Milanuncios o Wallapop, así como en los conductores de plataformas de vehículo compartido, como es el caso de Blablacar.
Las negociaciones se reanudarán este miércoles para discutir la regulación de los los repartidores de empresas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats, los conocidos como riders.
"La Hacienda pública está llamada a intervenir, hoy sabemos que hay plataformas que pueden ser pantallas para cometer fraude fiscal", comentó Pepe Álvarez, secretario general del sindicato. ¿Quién nos dice que en los transportes individuales, como Blablacar, las personas que se apuntan no lo hacen cada día y que se ha convertido en su manera de vivir, mientras hay otras empresas que pagan sus impuestos (en relación a los autobuses)?" se pregunta. "Por no hablar de las plataformas de ropa de segundo uso, que están exentas de fiscalidad, y hay que ver si el que lo vende es sólo uno y no actúa como una tienda online", insiste el sindicalista.
Las exigencias de UGT en este aspecto coinciden con la visión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en los últimos meses ha insistido en elevar la vigilancia de este tipo de plataformas, que, según ella, no siempre están cumpliendo una "correcta tributación". Así, desde el Ministerio han insistido en que "es preciso efectuar las correspondientes actuaciones de control".
Aún así, este afán por controlar las transacciones de particulares dentro de plataformas digitales no es nueva. Ya en el año 2017, cuando Cristóbal Montoro estaba al frente del Ministerio de Hacienda, se insistió en la necesidad de declarar este tipo de transacciones. Concretamente, desde el Ministerio se explicó entonces que los compradores deberían liquidar a Hacienda el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, independientemente de la cuantía de las transacciones.
Este impuesto, cedido a las administraciones autonómicas, obligaría a los compradores de plataformas como Wallapop o Milanuncios a tributar el 4% de los importes, pese a que el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) ya reconoció la imposibilidad práctica de controlar ente tipo de transacciones.