La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la incompetencia del gobierno de España, que se ha caracterizado por tomar decisiones equivocadas o tardías, complicando o retrasando la adaptación al patógeno y dejando por el camino millones de infecciones y un exceso de mortalidad que ya ronda los 90.000 decesos. A continuación reflejamos cinco ejemplos clave que evidencian cómo la burocracia y el intervencionismo han complicado la lucha contra el covid-19.
1. Los confinamientos, inefectivos y empobrecedores
La apuesta de adaptación de Madrid, que pasa por evitar los confinamientos generalizados y mantener el grueso de la actividad económica en pie, ha demostrado ser una estrategia ganadora. Durante la segunda ola, la mortalidad registrada en Madrid ha sido un 10% inferior a lo habitual y la decisión de mantener abierta la economía ha creado miles de empleos, salvando más de 8.000 millones de actividad que se hubieran perdido con un nuevo confinamiento.
La experiencia a nivel internacional es clave. España es uno de los países que más restricciones ha aprobado durante la crisis del covid-19 y, sin embargo, tenemos tres veces más mortalidad y dos veces más caída del PIB que en las cincuenta principales economías del mundo. Y es que, en una enfermedad en la que el 95% de los fallecimientos ocurren entre personas de más de 65 años, lo lógico es acotar las restricciones para proteger a los grupos de riesgo y evitar que el resto de los ciudadanos sufran un empobrecimiento innecesario.
2. Los test masivos de Madrid, torpedeados
Desde octubre, la Comunidad de Madrid ha pedido al gobierno de España que le permita realizar test de antígenos de forma masiva, apoyándose en la red de farmacias y en otros establecimientos sanitarios, como las clínicas veterinarias o de salud bucodental. La autorización ha tardado más de dos meses en llegar, evitando el despliegue de una estrategia de test masivos que habría permitido un diagnóstico rápido y generalizado de la situación del coronavirus en la región, de la mano de un plan de colaboración público-privada que coordinan el gobierno autonómico, las patronales CEOE y CEIM y la start up ViDay, capaz de gestionar hasta 22.000 reservas por hora de citas sanitarias en centros de pruebas de covid-19.
3. El retraso en la autorización de la vacuna y los tests, excesivo
Históricamente, el desarrollo de vacunas ha requerido entre dos y tres lustros de espera. Sin embargo, las vacunas contra el covid-19 han salido adelante tras apenas once meses de desarrollo. Lo que pocos lectores sabrán es que, en realidad, la versión de las vacunas que ahora está empezando a suministrarse estaba lista ¡el pasado mes de enero! En el caso de Moderna, por ejemplo, solo hicieron falta 48 horas para dar con una solución efectiva al 95%. Evidentemente, es preciso realizar diversas pruebas y ensayos para validar este tipo de nuevos desarrollos, pero los tiempos de espera se alargaron innecesariamente debido a cuellos de botella regulatorios que no aportan nada al proceso sanitario.
Lo peor de todo es que, ahora que las vacunas sí están aprobadas, España y otros países están exhibiendo una incompetencia supina a la hora de suministrar de forma rápida y masiva las dosis necesarias para inmunizar lo antes posible al grueso de la población y, especialmente, a los grupos de riesgo. La falta de previsión ante un reto logístico tan importante para la salud y la economía pone de manifiesto la incompetencia de buena parte de la clase política, que además insiste en darle la espalda al sector privado en vez de convertirlo en un aliado clave para sacar adelante la vacunación.
Algo similar sucede con los test de antígenos, que estaban listos a mediados de año pero solo se han generalizado en los últimos meses de 2020, de nuevo debido a trabas y esperas regulatorias que han vuelto a repetirse recientemente durante el desarrollo de una solución similar que permite el autodiagnóstico pero que sigue esperando luz verde pese a haber demostrado claramente su validez. De nuevo, no sería sensato plantear la autorización inmediata de estas innovaciones, pero tampoco tiene sentido prolongar de forma absurda su salida al mercado, puesto que algunos de los protocolos y procesos burocráticos necesarios para sacar adelante las vacunas y los test no aportan nada en materia de seguridad sanitaria.
4. El cerrojazo de la restauración, absurdo e ineficaz
Durante el último cuatrimestre del año, Madrid ha demostrado que se puede mantener la actividad de la restauración y la hostelería sin que ello suponga un riesgo para la salud. Los informes del ministerio de Sanidad ya informaban de que los focos de contagio nunca fueron los restaurantes o los bares (apenas supusieron el 3,5% de los contagios); por tanto, no tiene sentido que se haya actuado de espaldas a la evidencia y se haya adoptado un cerrojazo generalizado de la restauración y la hostelería en buena parte del país.
5. El parón cultural, innecesario
El sector cultural está bajo mínimos. Sin embargo, los contados episodios de actividad que se han dado en 2020 demuestran que su actividad puede desarrollarse de forma segura. Un buen ejemplo es el del sector taurino, que organizó alrededor de 160 festejos en 2020 exigiendo la obligatoriedad de usar mascarilla y adoptando ciertas restricciones de aforo. Esta pequeña temporada se saldó sin que se produjese ningún brote de contagios asociado a dichos eventos, a pesar de lo cual los permisos de numerosos festejos fueron retirados y el sector sufrió un descenso de actividad cercano al 90%. En la misma línea, diversas instituciones sanitarias han realizado recientemente un estudio basado en medir las condiciones de seguridad sanitaria en los conciertos de música en vivo. El hallazgo central del ensayo PRIMA-CoV es que, partiendo del uso obligatorio de mascarillas N95, así como de otras medidas de precaución, este tipo de actividades culturales son seguras.