La llegada del Año Nuevo ha supuesto la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado impulsados por el gobierno de PSOE y Podemos, lo que a su vez acarrea la introducción de una batería de subidas de impuestos que afectarán de diversas maneras a las empresas y familias españolas.
En el IRPF se ha aprobado un aumento de dos puntos porcentuales en el tipo aplicado a las rentas del trabajo de más de 300.000 euros. El nuevo gravamen de referencia asciende al 47%, de modo que España deteriora más aún su competitividad fiscal y se convierte en uno de los países que más impuestos cobra a las rentas altas.
Al mismo tiempo, el IRPF ha sido revisado en lo tocante a las rentas del ahorro, puesto que se ha introducido un nuevo tramo del 26% que gravará los ingresos del capital superiores a los 200.000 euros anuales. España se consolida, pues, como uno de los países de la UE y la OCDE con peor tratamiento fiscal del ahorro.
Se ha aprobado, además, una agresiva reducción en la desgravación por aportaciones a los planes de pensiones, puesto que hasta ahora se permitía una inyección anual de hasta 8.000 euros pero, desde 2021, el tope se verá reducido de forma muy agresiva, hasta quedarse en apenas 2.000 euros. Esto no solo golpeará el ahorro sino que supondrá, a su vez, una factura de IRPF mucho más abultada.
En el Impuesto sobre el Patrimonio se ha aprobado un repunte muy significativo para aquellos contribuyentes con activos superiores a los 10 millones de euros. Frente al tipo vigente, que exigía en líquido un pago anual equivalente al 2,5% del patrimonio ostentado, se adopta ahora un tramo del 3,5%, con el agravante de que los bienes gravados ya han tributado previamente y de que España es el único país de la UE-27 que aplica este impuesto.
Los PGE de Pedro Sánchez también incluyen la limitación de la exención aplicable en la repatriación de dividendos y plusvalías obtenidas por filiales con actividad en el extranjero. Hasta ahora, estos beneficios podían ser enviados a España sin tener que pagar al fisco, puesto que tales ganancias han sido generadas en otro país en el que ya se han pagado los impuestos pertinentes. Sin embargo, el nuevo marco adoptado por el gobierno limita la exención al 95%, creando una "cuña" fiscal del 5% que desincentiva la internacionalización y encarece la fiscalidad empresarial.
El impuesto aplicado sobre las primas de seguros también experimenta un aumento en 2021. Las pólizas de coche, hogar o vida van a verse afectadas con un tipo del 8%, frente al 6% que se venía aplicando hasta ahora. La medida afecta al 95% de las familias españolas y supone un encarecimiento generalizado de estos servicios.
Otro de los "rejonazos" fiscales que el Ejecutivo ha impulsado de cara a 2021 consiste en elevar el Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado a las bebidas azucaradas y edulcoradas. En línea con los PGE, este tipo de productos pasará a estar gravado al 21%, dejando atrás el tipo reducido del 10% que se les aplicaba hasta ahora.
El nuevo marco fiscal de 2021 incluye asimismo un nuevo impuesto dirigido a penalizar el uso de plásticos no reutilizables. De acuerdo con los planes de PSOE y Podemos, el nuevo tributo supone un golpe de 0,45 euros por cada kilo de este tipo de plástico empleado por las empresas o las familias españolas.
También entrará en vigor durante el año 2021 el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, también conocido como Tasa Google, con el que se gravarán las actividades de ciertas empresas tecnológicas aplicando un recargo del 3% de los ingresos obtenidos en concepto de publicidad, intermediación en línea o transmisión de datos.
En paralelo, en los primeros meses del año empezará a aplicarse el Impuesto sobre Transacciones Financieras, también conocido como Tasa Tobin. La configuración del tributo establece el cobro de un gravamen del 0,2% en las operaciones de compra-venta de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros.
Los automóviles no se libran de este tipo de medidas, puesto que en 2021 se produce también una modificación del impuesto de matriculación que encarecerá significativamente los precios de venta de los turismos. Los coches que emitan entre 144 y 192 gramos de CO2 por kilómetro recorrido pagarán un recargo del 4,75%, mientras que la subida será del 9,75% cuando las emisiones sean de entre 192 y 240 gramos de CO2 por kilómetro recorrido y el repunte alcanzará el 14,5% cuando las emisiones superen los 240 gramos de C02 por kilómetro recorrido. El encarecimiento medio de la adquisición de vehículos nuevos rondará los 800 euros.