El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid ha remitido una carta a la ministra de Hacienda María Jesús Montero para que explique cuáles han sido los datos tenidos en cuenta para configurar el reparto de fondos REACT-EU entre las distintas comunidades autónomas y para los que la Comunidad de Madrid ha caído sólo un 12,8%.
Ya este martes, en su balance de 2020, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresaba su malestar por lo que considera un nuevo "maltrato a Madrid y a los madrileños" en el reparto de estos fondos. Tanto es así que prometió denunciarlo "en todas partes".
Pues bien, este miércoles llega la primera queja formal, por carta, del Ejecutivo madrileño al Gobierno de la nación.
En su carta, el consejero, Javier Fernández Lasquetty, exige a María Jesús Montero que haga públicas las cifras en las que se apoya su decisión de reparto de los fondos: "No se puede entender cómo se ha calculado el impacto de la crisis en cada comunidad autónoma, dado que a día de hoy es a cifra no existe. El cálculo de la Contabilidad Regional de España no se elabora de forma semestral, sino anual. Por tanto, no hay ninguna cifra oficial disponible que permita comparar la caída del PIB autonómico entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2020. Ese dato no existe, o no se ha hecho público, lo cual impide conocer la base concreta empleada por el Ministerio de Hacienda para proceder a tan importante distribución de fondos europeos", se queja Lasquetty.
Y es que el ministerio de Montero anunciaba que este reparto se hacía en función de la caída del PIB autonómico entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2020. Y por otro, la evolución del desempleo, tanto global como juvenil, entre enero y junio de 2020.
Sin embargo, como enfatiza la Comunidad de Madrid en esta misiva de la Hacienda madrileña, esos datos todavía no se han elaborado. Y, de haberlo hecho, no se han publicado, lo que a juicio de Javier Fernández-Lazquetty, es también muy grave, porque "la transparencia, que es algo básico en toda gestión pública, cobra especial relevancia en el manejo y distribución de estos fondos comunitarios, cuya ejecución es clave para la recuperación económica y social del conjunto de España".
Y si los datos de PIB a los que alude el Gobierno no se pueden haber elaborado todavía al ser estos informes anuales y no semestrales, los de empleo tampoco quedan claros, ya que no se dice si toman como referencia los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), los informes mensuales de los servicios públicos de empleo, o los datos de afiliación a la seguridad social.
En definitiva, añade Fernández-Lasquetty, "si no aclaran en qué datos se apoya el reparto del fondo, tendremos que pensar que ha existido algún grado de arbitrariedad en su distribución".