El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias le ha declarado la guerra a los propietarios de vivienda, que en España rondan el 80% de la población. Por el momento, ya ha implementado tres medidas que, de facto, constituyen una expropiación de uso, al tiempo que estudian otras dos intervenciones cuya puesta en marcha también penalizará de forma muy sustancial el derecho a la propiedad privada.
1. Prohibición de desahucios
La primera y más importante es la prohibición de los desahucios. PSOE y Podemos aprovecharon el estallido de la pandemia el pasado mes de marzo para suspender los desalojos por impago de alquiler.
A diferencia de lo que han hecho muchos otros países ricos, cuyos gobiernos han concedido prestaciones y ayudas a los afectados para que puedan seguir pagando sus rentas, el Gobierno optó aquí por derivar el coste de la crisis hacia los propietarios, de modo que estos tengan que asumir obligatoriamente las pérdidas causadas por la morosidad de sus inquilinos.
Además, lo que empezó siendo una medida de carácter extraordinario y temporal durará un mínimo de 14 meses, después de que el Consejo de Ministros haya prolongado hasta el 9 de mayo de 2021 la suspensión de los desahucios. Los propietarios no podrán recuperar su vivienda en caso de morosidad o finalización de contrato de alquiler, siempre y cuando sus inquilinos sean considerados "vulnerables" y no dispongan de una "alternativa habitacional" por parte de la Administración.
La categoría de "vulnerable" engloba a parados, afectados por ERTE, familias cuyos ingresos no superen, como mínimo, los 1.613 euros al mes o que el pago del alquiler y los suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua, telecomunicaciones y comunidad) supongan el 35% o más de los ingresos netos de la unidad familiar.
Esta medida supone una expropiación temporal de viviendas. Tanto es así que hasta el Gobierno establece en el real decreto una compensación a los propietarios afectados, a modo de justiprecio, si las comunidades autónomas no ofrecen a los inquilinos una "vivienda digna" en el plazo de tres meses desde que queda acreditada su vulnerabilidad económica. Compensación que, en todo caso, no cuenta con el visto bueno de Podemos.
2. Cortes de suministros
Y sucede lo mismo con los cortes de suministros básicos. Los propietarios de los inmuebles tendrán que hacer frente a las facturas de luz, agua y calefacción de sus inquilinos morosos durante el tiempo que dure la suspensión de los desahucios, tanto si tienen contrato como si no. Es decir, tampoco podrán cortar los suministros a los okupas.
3. Legalización de okupas
Por si fuera poco, el real decreto aprobado por el Gobierno extiende la prohibición de los desahucios a los okupas si se hacen con viviendas vacías de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles), aunque estos podrán solicitar una compensación si demuestran que la suspensión del lanzamiento les ha ocasionado un perjuicio económico "al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble". Es decir, sólo podrán reclamar justiprecio en determinados casos, excluyendo así muchas vivienda vacías.
Según denuncia la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), esto "supone la legalización de la ocupación ilegal, lo que va a convertir a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas". Se trata, por tanto, de una anomalía a nivel internacional.
Con estas tres medidas, el Gobierno da cumplimiento a buena parte de las demandas de Podemos contra la propiedad privada, consistentes en prohibir los desahucios por impago de alquiler e hipoteca, junto con los cortes de suministros, y despenalizar la okupación.
4. Precio máximo de alquileres
Pero no son las únicas. Hay, al menos, otras dos propuestas que se podrían materializar en los próximos meses. Por un lado, la fijación de un precio máximo en los alquileres de determinadas zonas calificadas como "tensionadas" a través de la futura Ley de Vivienda. Este tipo de controles ya se ha intentado aplicar en otros países y, de hecho, ya está vigente en Cataluña, y el resultado ha sido un rotundo fracaso, puesto que se ha reducido la oferta de alquiler, con la consiguiente subida de precios.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) advierte de que es "una medida puramente ideológica, contraria al libre mercado de alquiler, donde los pequeños propietarios particulares, que son más del 90% del sector, se van a ver perjudicados y muchos de ellos preferirán cerrar sus viviendas al alquiler".
5. Expropiación de pisos vacíos
Y, por último, el Gobierno también barajó en su día la posibilidad de penalizar a los propietarios de viviendas vacías mediante nuevos recargos fiscales. De hecho, Podemos va incluso más allá y habla abiertamente de la posibilidad de expropiar, de forma temporal o definitiva, e incluso confiscar, sin indemnización posible, los inmuebles vacíos de grandes tenedores de vivienda.
Estas cinco medidas constituyen en conjunto la mayor ofensiva contra la propiedad privada que ha experimentado la democracia española.