En pleno debate sobre la pretensión del gobierno de Pedro Sánchez de forzar a la autonomía madrileña a subir los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, el Instituto de Estudios Económicos ha elaborado un breve informe advirtiendo de las consecuencias negativas que se derivarían de una medida así.
El think tank asociado a la CEOE recalca que Patrimonio y Sucesiones son "dos figuras tributarias que han sido ampliamente cuestionadas y reprobadas a nivel internacional". En este sentido, cabe recordar que el ranking de competitividad fiscal elaborado por la Tax Foundation ha situado a España como uno de los países con peor sistema impositivo de la OCDE.
Para el IEE, "la existencia de estos impuestos obedece más a las inercias del pasado y a los prejuicios ideológicos que a las consideraciones más elementales de eficiencia y equidad, en virtud de las cuales se aconseja la moderación y, preferentemente, la supresión de estos impuestos. La mejor prueba de ello es que, en nuestro entorno internacional más inmediato, que son los países con los que hemos de competir de forma más directa, estos impuestos brillan por su ausencia".
El informe recuerda que el Impuesto sobre el Patrimonio fue introducido en España durante la Transición, pero concebido como una medida tributaria temporal que simplemente debía servir como puente hacia un sistema impositivo moderno. Hoy en día, este tributo ha sido eliminado en todos los países europeos… salvo en España, donde se sigue aplicando de forma generalizada, con la salvedad de Madrid.
En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el IEE recuerda que "la mayor parte de los países de la UE (15 de 27) no tienen Impuesto sobre Sucesiones y, entre aquellos socios comunitarios que sí aplican este tributo, los tipos fijados son residuales". Ampliando el foco, Sucesiones alcanza un tipo medio del 15% en la OCDE, mientras que en España se aplica un 34% que puede llegar al 82% en algunos supuestos.
Más llamativo aún es que ningún país de la UE aplica conjuntamente estos impuestos. España, pues, adopta un sistema anómalo, al mantener al mismo tiempo un Impuesto sobre Sucesiones y un Impuesto sobre el Patrimonio. Por lo tanto, si lo que se pretende es "armonizar" la fiscalidad de nuestro país con los países de nuestro entorno, lo lógico sería extender por toda España el sistema tributario madrileño.
"La cada vez menor utilización de estas figuras tributarias se está produciendo en la medida en que hay una mayor conciencia de su negativa contribución al bienestar económico y social. Son impuestos que generan fuertes distorsiones y un exceso de gravamen, por lo que son incompatibles con un sistema fiscal eficiente u óptimo. Los costes sobre el crecimiento y la actividad de estos impuestos son, sin ninguna duda, los mayores del sistema tributario y, como consecuencia de ello, en términos de coste-beneficio social, los ingresos obtenidos no compensan la pérdida de bienestar que suponen", explica el decano de los think tanks de nuestro país.
Por otro lado, el IEE señala que "el prestigioso instituto IFO de Alemania ha estimado recientemente que la reintroducción del Impuesto sobre el Patrimonio en Alemania supondría, en el medio y largo plazo, una significativa pérdida de recaudación neta, pues implicaría una contracción de hasta el 5% del PIB nacional. Por su parte, en Francia, en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, se estimó que la pérdida neta de recaudación total duplica los ingresos obtenidos de forma directa".
De acuerdo con el informe, "otra de las consecuencias negativas más directas de la imposición patrimonial es el encarecimiento de la componente fiscal del coste de capital de las empresas, lo que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico. En el actual entorno de rendimientos reales moderados, cuando no de pérdidas, como en estos momentos, un tipo fijo de patrimonio del 3,5%, como se ha planteado en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, puede llegar a suponer un tipo impositivo efectivo superior al 100%, lo que resulta extremadamente distorsionante, al considerarse como potencialmente confiscatorio y, por lo tanto, inconstitucional".
Por otro lado, "las implicaciones indirectas, y que, por lo tanto, no se visibilizan de forma clara, son aún más perjudiciales. Entre ellas encontramos la deslocalización del ahorro y de los contribuyentes con más talento a terceros países cercanos que no aplican estas figuras tributarias o que tienen regímenes especiales para expatriados, como es el caso de Portugal. Además, la imposición patrimonial frena la entrada de capitales para financiar nuestros desequilibrios acumulados de deuda externa y pública. Pero lo más grave es la desaparición de empresas en los momentos de transmisión generacional, tal y como ha señalado recientemente el Fondo Monetario Internacional para los países que no exoneran las empresas y participaciones empresariales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones".
El IEE aplaude la postura de Madrid y reconoce también los avances de otras regiones que han reducido estos tributos, caso de Andalucía o Galicia. "Parece que el gobierno quiere negar la corresponsabilidad fiscal mediante la denominada "armonización fiscal", que es en realidad una subida generalizada de la imposición patrimonial y que afecta precisamente a las comunidades que presentan un sistema tributario más moderno y homologado con nuestro entorno. Este equivocado planteamiento de obligar a incrementar la imposición patrimonial a las comunidades autónomas generaría, a su vez, otros inconvenientes añadidos. Por ejemplo, supondría la pérdida de la corresponsabilidad fiscal, que es un elemento clave y legitimador de nuestro Estado de las Autonomías. Las comunidades autónomas deben tener el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal, entendida esta como la libertad de diseñar sus gastos e impuestos de acuerdo con las preferencias de sus ciudadanos, al menos en los impuestos propios o cedidos", censura.
En este sentido, "para avanzar en el camino del verdadero progreso sería recomendable no prohibir los modelos tributarios de los territorios que mejor desempeño alcanzan, ni generalizar, a la fuerza, los de aquellos que peores resultados obtienen. Hay una fuerte interrelación entre corresponsabilidad fiscal, competitividad regional y eficiencia en el gasto público. En España, la corresponsabilidad fiscal para las regiones de régimen común es, si cabe, más obligada, en la medida en que existen territorios con regímenes forales que tienen una corresponsabilidad fiscal plena".
Precisamente en este sentido, el IEE se refiere al doble rasero del gobierno y sus socios vascos y navarros: "no es consecuente, ni válida, la pretensión de que la corresponsabilidad fiscal es buena y positiva para los territorios con regímenes forales, pero no para el resto de España. Al igual que la competencia en el sector privado mejora la calidad y el coste de los bienes y servicios, la competencia entre jurisdicciones territoriales es un procedimiento de mejora de la eficiencia en la provisión de los servicios públicos, lo que constituye nuestra gran asignatura pendiente".
Por lo tanto, el IEE identifica al menos 18 motivos para rechazar la "armonización fiscal":
- Patrimonio es un impuesto arcaico.
- La adopción de Patrimonio, en plena Transición, fue temporal.
- España es el único país de la UE-27 que sigue aplicando Patrimonio.
- De los 27 países de la UE, unos 15 no aplican Sucesiones.
- En los 12 países de la UE que sí aplican Sucesiones, los tipos vigentes son residuales.
- El tipo medio de Sucesiones observado en la OCDE es un 50% menor que en España.
- Ningún país de la UE aplica conjuntamente estos dos tributos.
- Los ingresos obtenidos mediante estos impuestos son inferiores a la caída de actividad producida.
- En Alemania se estima que aplicar Patrimonio reduce el PIB hasta un 5%.
- En Francia, la recaudación total cae 2 euros por cada 1 euro generado por Patrimonio.
- Patrimonio y Sucesiones encarecen fiscalmente el coste de capital, torpedeando la inversión, el ahorro, la productividad y, con ello, el crecimiento.
- Las subidas de Patrimonio que se han planteado son potencialmente confiscatorias e inconstitucionales.
- Patrimonio y Sucesiones generan distorsiones como la deslocalización del ahorro, los contribuyentes y las empresas.
- La aplicación de estos impuestos frena la entrada de capitales.
- Patrimonio y Sucesiones influyen negativamente en la transmisión generacional de empresas.
- La armonización acabaría con la corresponsabilidad fiscal.
- A mayor corresponsabilidad fiscal, mayor competitividad regional y eficiencia en el gasto.
- El gobierno actúa con doble rasero, negando corresponsabilidad fiscal a Madrid y haciendo lo contrario con País Vasco o Navarra.