Nunca antes España había contado con la promesa de tantos recursos a fondo perdido de las instituciones comunitarias (más de 70.000 millones) y nunca antes el Gobierno había contado con un poder tan arbitrario para repartirlo como ahora. Este martes el Consejo de Ministros daba luz verde, sin consenso con la oposición, un real decreto ley que, en esencia, permite al Gobierno abrir ventanillas en cada ministerio para otorgar fondos públicos (que todavía no han llegado) a todo aquel que lo estime oportuno.
Aunque no conoceremos el contenido total del real decreto hasta el 1 de enero, se trata de una herramienta legal que, según nos han explicado, rompe controles para la disposición de gasto público y, como ya nos tiene acostumbrados, el Gobierno saca pecho. En esta ocasión no hemos oído a Sánchez preguntar "¿Pero quién controla los fondos europeos?… ¡Pues eso!".
No ha llegado a ese nivel de descaro, pero se le acerca este miércoles en una columna en el diario Expansión, en el que saca pecho de ese real decreto y sitúa el reparto de estos fondos (140.000 millones de euros, de los que la mitad serán préstamos que habrá que devolver) como el catalizador de la recuperación económica en España.
Fuentes empresariales consultadas por Libertad Digital señalan que los satélites del Gobierno alimentan ya en distintos sectores la idea de que la ansiada recuperación está a la vuelta de al esquina porque se encargarán de drenar el maná europeo por los distintos sectores productivos. "Va a haber dinero de sobra", dicen a LD que les trasladan desde el Gobierno. Pero, ¿quién accederá al maná? Si el que contesta es Sánchez casi que podríamos recordar la famosa pregunta "¿quién va a controlar el maná?". Desde el martes no hay lugar a dudas.
Recordemos que esos fondos europeos van a llegar con cuentagotas, sólo si cumplimos las condiciones impuestas, y desde 2021 hasta 2026 (más allá de la presente legislatura). Tanto PP como Ciudadanos han denunciado que no han sido consultados sobre el decreto-ley del que tanto presume el Gobierno. Ni PP ni Ciudadanos han logrado que los fondos sean canalizados por una agencia independiente, que era la propuesta que pusieron encima de la mesa. ¿Para qué una agencia independiente? Debía pensar Carmen Calvo, si "estamos preparados para poder disponer de estos fondos para retos que entusiasman al Gobierno de España". ¡Pues eso!
Bruselas exige a los países que solicitan los fondos europeos algunas condiciones. Quizá una de las más importantes es que no se toque la reforma laboral que puso en marcha el PP y que permitió un importante periodo de recuperación de empleo y medidas liberalizadoras del mercado laboral, tan rígido todavía en nuestro país. Pese a esto, y a la intención del Gobierno en derogar dicha reforma, Calvo considera que "hay una armonía perfecta" entre el plan del Gobierno y Bruselas.
¿Y cómo va a repartir estos fondos el Gobierno? Calvo dijo que irán dirigidos a Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) y señaló que todas las empresas interesadas tendrán que registrarse en Hacienda, quien habilitará precisamente un procedimiento para ello y, evidentemente, las candidatas tendrán que pasar el filtro del Consejo de Ministros. Y es que todo el Consejo de Ministros al completo, Podemos e Iglesias incluidos, tendrán control sobre el proceso de concesión de ayudas.
Por si acaso el hecho de que el Consejo de Ministros sea quien controle las decisiones del Gobierno sobre los fondos puede despertar sospechas de arbitrariedad, el Gobierno vuelve a tirar de expertos y anuncia un "comité técnico" que le asesore sobre el proceso de reparto de fondos. Y si a alguien todavía le quedan dudas, ahí está María Jesús Montero: "Habrá un control rigurosísimo" en la asignación del dinero.
Sánchez, entre Larra y un ¿crecimiento? pre-covid
El "sello de la casa" que despeja cualquier duda sobre la intención del Gobierno con este real decreto ley lo deja estampado Pedro Sánchez en Expansión. Tirando de Mariano José de Larra y su "vuelva usted mañana", de ejemplo, Sánchez dice que "España no puede permitirse ninguna barrera en la gestión" para "absorber los 140.000 millones de euros de los Fondos de Recuperación Europeos". Dicho queda y escrito en papel.
Pero hay más. En su artículo, Sánchez justifica la urgencia para la aprobación del real decreto en que es una "reforma necesaria y demandada por los agentes sociales, por los trabajadores autónomos y por la sociedad en su conjunto desde hace años". Claro que desde hace años se pide que se eliminen trabas administrativas y burocráticas —como está haciendo por cierto y a muy buen ritmo la administración de Díaz Ayuso en Madrid— , pero no estaban pidiendo un real decreto ad hoc para repartir los fondos europeos a placer y sin ningún tipo de control.
Pese a que dice que este sistema de adjudicación "no pondrá en riesgo en ningún momento las máximas garantías de control, transparencia y rectitud", tampoco explica cómo va a salvaguardar la seguridad jurídica en la adjudicación de semejante cantidad de dinero público. Quizá se refiera al comité técnico que mencionaron sus ministras.
En definitiva, aunque todavía no hemos recibido un sólo euro de Europa, el Gobierno ya ha habilitado la herramienta para repartirlo y ha calculado el impacto. Dice Sánchez en su artículo que creará 800.000 puestos de trabajo y permitirá un crecimiento "potencial del 2%.
Y todo para conseguir "recuperar la senda de crecimiento pre-covid-19 a finales de legislatura". Lástima que Sánchez también quiera engañarnos en esto. Por terrible que haya sido la hecatombe económica que ha generado la gestión de la pandemia, el momento anterior al impacto del coronavirus no era precisamente bueno, con un frenazo económico muy notable en términos de crecimiento y de empleo. Los indicadores adelantados del Banco de España ya daban señales preocupantes de agotamiento antes del impacto de la covid-19.
Esto poco importa ahora, el Gobierno sabe que la preocupación por la situación económica es grande y justifica este real decreto en la urgencia por la llegada del maná europeo. Y lo importante ahora es "la agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos y la simplificación de los procedimientos de fiscalización en las diferentes fases del gasto". Sánchez ya puede preguntar: "¿Quién controla los fondos europeos?…. ¡Pues eso!".