Los regímenes despóticos nunca renuncian a la subida de los impuestos, aunque lo hagan de forma enmascarada. El Gobierno nos dice que no hay subida de impuestos, pero nos engaña. En verdad, este Gobierno odia la economía libre de mercado, clave del desarrollo democrático. Me explico: Mercado y Estado no sólo son dos grandes categorías inseparables para analizar la calidad de una democracia, sino que también son realidades, perdón por la redundancia, hechos profundamente unidos en las sociedades democráticas. El Gobierno de Sánchez no sólo trata de separarlos, sino que también da múltiples señales sobre el profundo desprecio que siente hacia el mercado, a la par que utiliza el Estado para mantenerse en el poder. Las trabas al desarrollo libre del mercado son tantas que la huida de las grandes empresas de España es ya un hecho comentado en toda Europa.
Un Gobierno comunista no tiene duda, pues, de dónde reside su futuro: acabar con el mercado a través de la creación de un Estado opresor de todo tipo de libertades, empezando por la libertad de mercado. En este marco es menester situar la política económica del Gobierno, que es, en verdad, muy limitada, por no decir inexistente, desde un punto de vista liberal y democrático. Los mejores expertos consideran que toda la política económica del Gobierno ha quedado reducida a decir quién paga qué. No es poco cometido, si supiera delimitar claramente cuáles son las responsabilidades del mercado y cuáles las del Estado. Lo grave es que su único criterio de corte económico, al margen de la ley de Presupuestos, es poner impuestos específicos y trabas fiscales a las empresas generadoras de riqueza.
Porque no se quiere asumir coste político alguno con un plan de reformas del Estado, el Gobierno penaliza a las empresas, especialmente a las más grandes, para que asuman cada vez más costes, que naturalmente acabarán repercutiendo no en unos pocos sino en todos los consumidores. En otras palabras, el Gobierno trata de engañarnos diciendo que no sube impuestos, cierto, pero no es menos cierto que sus políticas generan subidas de precios. Por ejemplo, en los combustibles; la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico reducirá, sin duda alguna, a corto plazo la factura eléctrica, porque las empresas gasistas tendrán que contribuir con 3.500 millones y las petroleras con 6.000, pero, por otro lado, ese coste repercutirá a medio plazo en los consumidores. O sea, al final, el coste adicional por un mero proceso de transferencia llegará a los consumidores en los precios del gas, la gasolina y el gasóleo…
En fin, parece obvio que la menor competitividad de nuestro tejido empresarial perjudicará gravemente el futuro económico de España. Si a eso unimos que nuestro déficit y deuda pública están en sus máximos históricos, entonces no será difícil concluir que el próximo año será mucho peor que el actual.