El gobierno de España, conformado por PSOE y Podemos, se ha comprometido a regular de forma estricta el mercado del alquiler. Según el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, la agenda económica de la Administración Sánchez hará de esta una de sus prioridades en 2021, planteando una intervención sin precedentes con el que se pretende acabar con la libertad de los propietarios y obligarles a arrendar su vivienda de acuerdo con criterios políticos.
Libre Mercado ha publicado distintos artículos comentando el desastroso resultado que han tenido las políticas de control del alquiler aplicadas en otros países europeos. En Berlín, por ejemplo, el descenso de la oferta de vivienda ha superado el 50% entre los inmuebles afectados por el control de precios que decretaron las autoridades. París ha enfrentado una situación similar, con una caída del 15% en la oferta de vivienda de alquiler que ha estrangulado el mercado.
En la misma línea, el portal inmobiliario Idealista ha presentado un interesante informe en el que Nicolás González, analista de Colliers, explica el desastroso ejemplo que ha tenido la regulación de la vivienda en Suecia. El país escandinavo ha controlado los precios del arriendo desde la II Guerra Mundial y, aunque ha contenido los precios, lo ha hecho a costa de incentivar numerosos efectos negativos.
El desastre sueco
Desde los años 90, la normativa que regula el alquiler condiciona su precio a los precios de referencia que negocian de forma colectiva las autoridades públicas, los propietarios o los sindicatos de inquilinos. Aunque se puede plantear variaciones al alza, los tribunales regionales pueden tumbar estos acuerdos si se desvían de la negociación colectiva. Por lo tanto, un 90% de la vivienda de alquiler termina adoptando como referencia el precio pactado colectivamente.
Según el estudio de González que cita Idealista, el modelo sueco ha tenido un efecto desastroso:
- El 93% de los ayuntamientos tiene déficit de vivienda de alquiler.
- La escasez de oferta hace que existan listas de espera de hasta 13 años en las que está inscrito casi el 10% de la población.
- El 80% del endeudamiento de los hogares está asociado a préstamos vinculados al sector inmobiliario. La mayoría son deudas ligadas a cooperativas que permiten hipotecarse a cambio de acceder al usufructo vitalicio de una vivienda, pero sin tenerla en propiedad.
- Se estima que el 20% del parque de vivienda está sujeto a alquileres irregulares, es decir, pagos por arriendo "en B", que no se declaran ante las autoridades para evitar los controles.
La Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE han destacado en numerosas ocasiones el desastroso resultado que ha arrojado el modelo sueco. Sin embargo, en España se están ignorando estas advertencias y se está cultivando la idea de que el control del alquiler es una política deseable, lo que nos puede llevar por el mismo camino que han seguido Alemania, Francia o Suecia en las últimas décadas.