El Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias ha activado la máquina de la armonización fiscal. Después de varios años de utilizar ese eufemismo para intentar ocultar que su siniestra ambición es obligar a las CCAA con impuestos relativamente bajos a elevar la fiscalidad a sus ciudadanos, el Gobierno ha convencido a un insólito socio para consumar su objetivo: Esquerra Republicana (ERC). Que un partido separatista se haya aliado con Sánchez en pos del centralismo es tan ridículo como peligroso.
La cacería va a empezar por Madrid, la región que menos expolia al contribuyente, cuyo modelo económico más recelos genera entre la izquierda. Enfrente tendrán al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que está dispuesto a llegar hasta el Constitucional para evitar el sablazo. "Hay algo más poderoso que el independentismo de Esquerra: su extremismo de izquierdas", señalaba este viernes en una entrevista con Libre Mercado el consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Este histórico del ala liberal del PP intentaba buscar así una explicación a que ERC haya consentido ceder más poder al Estado que pretende dinamitar. Y tiene claro que el pacto de ERC con los social-comunistas es un pacto contra Madrid.
Será Patrimonio la subida fiscal con la que se estrenen. No les importa que sea un tributo tan obsoleto que todos los países de Europa lo han eliminado; que castiga el ahorro; que grava dos veces el mismo bien o que, con unos rendimientos del capital rondado el 0%, no puede ser más confiscatorio. Lo único que les importa es que Madrid lo tiene bonificado al 100%, y que nadie sea penalizado por su patrimonio en la CAM desde el año 2008 les escuece sobremanera.
Así, perderá Madrid y perderá el Fondo de Garantía de Servicios, con el que la región de Ayuso financia la sanidad y la educación del resto de CCAA. Con 4.039 millones de euros en el último año, Madrid es la que más aporta. De lejos, le siguen Cataluña (1.517 millones) y Baleares (390 millones), mientras que el resto son receptoras. Para ser un "paraíso fiscal", "ejercer dumping", "practicar la competencia desleal" y una larga lista de falacias más, Madrid no podría ser más solidaria.
Lo que los separatistas no ven es que las grandes fortunas no volverán a Cataluña por que se fría a impuestos a Madrid, sino que se refugiarán en cualquier lugar que no tenga en vigor un peaje de este calibre. Por eso, los 1.000 millones de euros que pretenden recaudar disparando Patrimonio quedarán en nada.
Y como la riqueza puede desaparecer, pero el ser humano no va a dejar de morirse, Sánchez, Iglesias, Rufián y su detestable banda han puesto entre sus objetivos a las herencias. La subida del Impuesto de Sucesiones que también conlleva la armonización fiscal amenaza al 100% de los ciudadanos, incluidos los más pobres. Por ejemplo, la herencia típica en Madrid son 160.000 euros, que es lo que puede costar una vivienda humilde y que ahora mismo tributa con 22 euros. Si el Gobierno decide eliminar las bonificaciones de Madrid y equipararlas con las de Asturias –el mayor infierno fiscal para las herencias–, ese sucesor tendría que pagar 2.200 euros, que son 100 veces más. "Esto es socialismo salvaje", clama Lasquetty.
Los cerca de 70.000 madrileños que se bonifican cada año el impuesto a la muerte sufrirán un duro golpe fiscal, pero también el resto de contribuyentes donde está prácticamente extinto este tributo. Cántabros, canarios, extremeños… ni las regiones del PSOE se librarán de un maquiavélico plan que amenaza a todo tipo de rentas y que llega cuando España sigue llorando a miles de muertos por la pandemia del coronavirus. La falta de sensibilidad de los social-comunistas no podía ser más miserable.