Han pasado pocas semanas desde que el Congreso de los Diputados aprobó por una amplia mayoría el "Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo", un documento que incluye diversas recomendaciones orientadas a reformar el sistema de pensiones y que ya ha sido asumido con entusiasmo por el gobierno de España, que prepara su implementación.
Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) consideran que "tanto la Comisión del Pacto de Toledo y el gobierno comparten un diagnóstico francamente optimista e intencionadamente tranquilizador de la situación actual y perspectivas futuras de nuestro sistema público de pensiones. En su opinión, el actual déficit de la Seguridad Social se debe por entero a que el sistema soporta una larga serie de gastos impropios que debería sufragar el Estado y debe verse por tanto como el resultado accidental de una mala contabilización, y no como un indicio de la existencia de problemas de sostenibilidad".
Partiendo de esa base, y mirando hacia adelante, "el gobierno considera que España está en condiciones de absorber sin excesivos problemas el incremento del gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población porque, a su entender, partimos de una posición más favorable que la de los países de nuestro entorno. Apoyándose en estas premisas, tanto el gobierno como la Comisión parlamentaria apuestan por un cambio de política que supone eliminar al menos parte de las restricciones al crecimiento del gasto en pensiones que se introdujeron en la reforma de 2013, fiando su financiación futura a un incremento de las aportaciones del Estado".
El documento de análisis de Fedea lleva la firma de tres pesos pesados: Angel de la Fuente (Fedea e IAE-CSIC), Miguel Angel García (URJC) y Alfonso Sánchez (Fedea). Los tres autores cuestionan las premisas básicas del análisis de situación que hacen gobierno y Pacto de Toledo. Así, abogan por una política de pensiones que preste una mayor atención al control del gasto y dejan en evidencia el cortoplacismo inherente a las modificaciones presentadas.
Los autores argumentan que los gastos realmente impropios que el sistema contributivo de pensiones soporta en la actualidad "ascienden, en el mejor de los casos, a algo menos de la cuarta parte del déficit previsto. Sí habría, por tanto, motivos para preocuparse por la viabilidad actual del sistema de pensiones y la estrategia de 'saneamiento' que propone el Gobierno puede ser contraproducente, porque trasladar el agujero presupuestario a otro sitio reducirá la presión para abordar sus causas reales".
El documento también analiza la situación relativa de España dentro de la Unión Europea en términos de gasto público en pensiones y alcanza conclusiones muy distintas a las expresadas desde el gobierno: "Cuando se controla por el grado de envejecimiento de la población, nuestro nivel de gasto está casi dos puntos de PIB por encima de la media europea, porque nuestras pensiones están entre las más elevadas de la UE en relación con nuestros salarios".
Al calor de ambos ejercicios, desde Fedea apuntan que haríamos bien en preocuparnos por la sostenibilidad de nuestro sistema contributivo de pensiones. "Los motivos para la preocupación, además, tenderán a agravarse durante las próximas décadas, debido al rápido proceso de envejecimiento en el que estamos inmersos. Si proyectamos la evolución a largo plazo de los ingresos y gastos del sistema a partir de tal evolución demográfica y las ajustamos a las medidas que plantean el Pacto de Toledo y el gobierno, vemos que, incluso en el escenario migratorio más favorable, se da un crecimiento significativo del déficit del sistema. Si a esto le añadimos el impacto de la covid, resulta difícil evitar la conclusión de que necesitaríamos prestar más atención al control del gasto en pensiones".
El trabajo de Fedea concluye con la reflexión de que el mejor punto de partida para el diseño de una política realista de pensiones sería "el reconocimiento expreso de que nuestro sistema tiene problemas de sostenibilidad porque ofrece prestaciones por encima de las que puede pagar con los recursos de los que dispone ahora y dispondrá previsiblemente en el futuro. El gobierno pretende resolver el problema ofreciendo un cheque en blanco con cargo a la Administración General del Estado, pero eso sólo creará las condiciones para que el desajuste siga creciendo hasta convertirse en inasumible".