El gobierno de PSOE-Podemos retiró hace unas semanas su propuesta de introducir un impuesto al diésel, después de llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco para eliminar esta medida de los Presupuestos Generales de 2021. El Ejecutivo de Sánchez e Iglesias había previsto recaudar 450 millones de euros el año que viene con esta subida fiscal.
Sin embargo, la felicidad de los conductores ha durado poco, ya que el Gobierno está buscando otras maneras de penalizar los combustibles en su afán por impulsar la fiscalidad verde en línea con las directrices europeas.
Concretamente, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado este martes iniciar la tramitación urgente del anteproyecto de Ley para la creación del denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).
Este fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que ascienden a unos 6.600 millones de euros al año y serán así sacados del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.
Es decir, mediante este sistema, todas las empresas suministradoras de energía (comercializadoras de electricidad, gasistas y petroleras) deberán sufragar los costes y subvenciones asociados a las renovables, a la par que estos costes se eliminarán de la factura de la luz.
Sin embargo, este ahorro en la factura de la electricidad previsiblemente acabará repercutiéndose de igual manera en el consumidor por días vías.
En primer lugar, dado que los costes de las renovables se cargarán directamente sobre las empresas suministradoras de energías, estas tenderán a incrementar sus precios, por lo que el ahorro que se produce en una parte de la factura se recupera por el otro.
En segundo lugar, dado que entre estas suministradoras se encuentran también las empresas petroleras y gasolineras, estas terminarán repercutiendo el aumento de costes sobre el precio de los combustibles. Concretamente, fuentes del sector petrolero ya han adelantado que la puesta en marcha de este sistema comportará un coste de alrededor de 7 céntimos de euro por cada litro de combustible en los próximos cinco años. Además, critican que se esté pagando entre todos la descarbonización de un sector y temen que en el futuro se opte por el mismo camino para la descarbonización del refino.