El sector del tabaco representa el 4% de los ingresos tributarios que recibe el Estado siendo el quinto mayor contribuyente al superar los 9.000 millones de euros anuales. Así se ha informado en la Mesa del Tabaco creada por KPMG con la colaboración de la CEOE. El tabaco es el producto más gravado de España, con un 77% de impuestos sobre el precio final y genera 43.000 empleos de forma directa e indirecta en nuestro país. Además, el Valor Añadido Bruto (VAB) se sitúa en los 2.800 millones. Por ello, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha reclamado que el sector del tabaco necesita "un marco regulatorio equilibrado y estable, dentro de las directrices europeas" para desarrollar su actividad y el empleo.
Este sector es principalmente importante para Extremadura, ya que en la región se cultiva el 98% del cultivo total de España y, a su vez, nuestro país es el tercer mayor productor de Europa. Esto se traduce en la creación de más de 3.000 empleos en esta comunidad autónoma con una facturación de 130 millones de euros anuales y una incidencia del 1,8% del PIB de Cáceres.
Por su parte, la industria del tabaco en España es un sector económico que genera más de 6.900 empleos en su conjunto y aporta 627 millones de valor añadido. Canarias aglutina la mayor parte de la producción nacional, fabricando todos cigarrillos, y un tercio de los cigarros y cigarritos. El resto de cigarros y cigarritos se manufacturan en Cantabria. En el caso de las islas, el sector representa el 1% del PIB, mientras que en la región norteña supera el 2,5% del Producto Interior Bruto regional.
La actividad ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido a lo largo de la última década, lo que ha permitido aumentar un 13% el empleo. La distribución mayorista de tabaco es un motor económico estable en todas las regiones de España, con una aportación superior a 780 millones de euros en valor añadido bruto y más de 9.500 puestos de trabajo.
Tres retos
Por último, desde el sector destacan tres importantes retos de cara al futuro. El primero de ellos tiene que ver con el desarrollo de un marco jurídico que afronte los futuros cambios regulatorios de manera equilibrada, asegurando la sostenibilidad de toda la cadena del sector.
El segundo se focaliza en la contribución al cumplimiento de los objetivos medioambientales del país, sobre todo en la reducción de las emisiones de CO2 un 40% en 2030 con respecto a 1990. Por último, desde el sector piden compasar a la regulación los nuevos productos del tabaco, especialmente a los productos electrónicos de nueva creación.