El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.
Durante su intervención en un desayuno online de Nueva Economía Fórum, Escrivá ha subrayado que se trata de una práctica "intolerable", que también se realiza en los meses de verano, "que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar".
"Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiando cómo hacerlo", ha señalado el ministro, que ha explicado que el sistema actual, que permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, está posibilitando estos usos "no aceptables", que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana o durante los días de vacaciones.
El ministro ha denunciado que esta práctica "se ha convertido en algo cultural en España", que no sucede en otros países del entorno español y que no puede aceptarse como válida, por lo que se penalizará, de forma que también se contribuirá a luchar contra la temporalidad y el alto grado de rotación de contratos que existe en España.
También para combatir la temporalidad ha instado a revisar el "nicho de contratos temporales" que existe en los sectores de Educación y Sanidad.
La factura de los ERTE: 30.000 millones de euros
Por otro lado, Escrivá ha afirmado que todo el esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros, y no ha querido cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finaliza su actual vigencia, que alcanza hasta el próximo 31 de enero.
En todo caso, ha señalado que en enero se volverá a discutir con los agentes sociales sobre el marco de los ERTE y su posible extensión, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus.
Asimismo, y en el marco de la reforma laboral que "requieren" a España las autoridades europeas en el contexto del Plan de Recuperación y Resiliencia, Escrivá ha señalado que en dicha reforma deberán incluirse los ERTE, pero orientados a empresas que tengan necesidades temporales de reestructuración y vinculados a la negociación colectiva y a la formación.
Al mismo tiempo, ha explicado que otro de los objetivos de la reforma que se tiene que hacer en el mercado de trabajo debe ser el de mejorar las políticas activas de empleo y el refuerzo de los mecanismos de movilidad laboral. En este sentido, considera que "hay que propiciar mucho más" la movilidad de los trabajadores a zonas con más oportunidades de encontrar empleo, lo que a su vez tiene relación con la vivienda y con las ayudas a la conciliación.
Cos pide valentía para combatir la dualidad
Junto a Escrivá, también ha intervenido en este desayuno el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien en relación a la reforma laboral, ha señalado que las que se hicieron en 2010 y 2012 contribuyeron a mejorar el mercado laboral pero se quedaron cortas en dos de sus grandes problemas estructurales: la dualidad y la elevada tasa de paro de larga duración.
En este sentido, Hernández de Cos cree que es ahí donde deben focalizarse las reformas laborales y ser "valientes" a la hora de aplicar las distintas medidas que se han ido proponiendo para combatir la dualidad del mercado de trabajo. Asimismo, ha apuntado que las políticas activas de empleo en España "son muy disfuncionales" y que debe tomarse nota de lo que se hace en otros países.
En cuanto a la semana laboral de 4 días, Escrivá ha asegurado que no existe ninguna propuesta "sólida" en el ámbito del Gobierno, mientras que De Cos ha reiterado que antes de llevar a cabo una medida de esta naturaleza deben valorarse las implicaciones que podría tener sobre el empleo y la productividad.
Los dos han coincidido en que las medidas adoptadas para combatir los efectos de la pandemia conllevarán un aumento de la deuda y el déficit público, que requerirá de un plan de consolidación fiscal a medio plazo. Escrivá ha destacado la importancia de que los objetivos que se fijen sean alcanzables y no demasiado ambiciosos para evitar su incumplimiento.
Por su parte, el gobernador del Banco de España ha indicado que, aunque no hay que elaborar ya mismo dicho plan de consolidación, sí que convendría empezar a diseñarlo, porque ello contribuiría a ganar en credibilidad.
Plan de hostelería y reforma de pensiones
Sobre el plan para ayudar a la hostelería en el que trabaja el Gobierno, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha querido entrar en muchos detalles pero sí ha avanzado que contendrá medidas fiscales y exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
Por otro lado y en relación a la futura reforma de las pensiones, Escrivá ha señalado que, ahora que ya se tienen las recomendaciones del Pacto de Toledo, se está discutiendo esta materia en el ámbito del diálogo social y con las autoridades europeas. Por ello, ha querido ser discreto y no revelar detalles sobre esta futura ley.
El gobernador del Banco de España, por su parte, ha avisado del coste que tendrá volver a ligar las pensiones con el IPC (un punto por década, como han apuntado ya informes del organismo) y de la necesidad de que esto se compense actuando sobre otros parámetros, como el gasto, los ingresos o la edad de jubilación. Asimismo, ha pedido ser consciente de los efectos que esta medida tiene no sólo en el actual momento temporal, sino también sobre las generaciones venideras.