Hacienda acaba de someter a trámite de audiencia e información pública el proyecto de reglamento de desarrollo del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como la tasa Google. Este tributo ya ha dado mucho que hablar hasta el momento debido a las diferentes posturas mantenidas por los países de la Unión Europea, a las amenazas de Estados Unidos con subir los aranceles y a la propia dificultad de gravar algo tan transnacional. Sin embargo, en España se ha presentado un nuevo problema: la gran información que el Fisco va a solicitar a las compañías tecnológicas. En La información, los expertos ya han señalado que será "complicado" que estas compañías proporcionen toda la información que la Agencia Tributaria les requerirá.
A grandes rasgos, Hacienda quiere acceder al registro de todas las operaciones y a la memoria descriptiva de las mismas para que los contribuyentes tengan estos datos. Según la normativa, las tecnológicas tendrían que informar de la totalidad de los ingresos que reciben por la publicidad digital sin importar el territorio en que se hayan obtenido los ingresos o identificado los clientes. La intención del fisco es hacer tributar por la publicidad visualizada desde dispositivos situados en España con respecto al total. Esto supone dar datos no solo de nuestro país, sino también del global.
Si bien este requisito iría pensado especialmente para Google y Facebook, que encuentran en la publicidad un amplio porcentaje de sus ingresos totales, hay otro para los gigantes del comercio online. Amazon o Alibaba – propietario de AliExpress – deberán informar sobre los ingresos totales que obtienen por la intermediación entre los vendedores y los compradores. Del mismo modo, deberán informar sobre el número total de la actividad en España con respecto al resto del mundo. Otras compañías también deberán entregar al Fisco un informe sobre los clientes registrados desde España que tengan cuentas en sus plataformas y paguen una suscripción por las mismas.
Por último, Hacienda también quiere poner el foco en la transmisión de datos a terceros. Es decir, quiere saber el dinero que ganan las plataformas por ceder los datos de los usuarios a los bancos de datos. Esta actividad también pretende ser gravada por la ‘Tasa Google’. Pero, todas estas intenciones del Ejecutivo pueden tener dificultades legales, además de que su planteamiento práctico es la de crear una especie de impuesto de autoliquidación en el que las empresas determinarán el volumen de impuestos que les corresponde pagar.