La Agencia Tributaria enfrenta un nuevo problema legal, esta vez con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que se ha pronunciado ya en dos ocasiones. El motivo se encuentra en los requisitos que deben darse para que el fisco pueda precintar la caja de seguridad de un contribuyente que esté siendo investigado. Una medida que Hacienda justifica para evitar que se puedan destruir pruebas o manipular el contenido antes de su apertura por parte de los técnicos enviados por la administración.
El TSJCV asegura que el derecho que entra en juego en este caso es el 18.1 de la Constitución Española, que es el que hace referencia a la intimidad, en lugar del 18.2 que protege la inviolabilidad del domicilio. Esta diferencia la hacen siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo del año 2002. Los magistrados consideran, tal y como recoge Cinco Días, que "no parece que una caja de seguridad" pueda ser considerada como "domicilio constitucionalmente protegido de una persona física". Esto supone que tampoco tendría inviolabilidad una caja de seguridad instalada en una casa o en una empresa. Sin embargo, este tribunal sí abre la posibilidad de que Hacienda podría vulnerar el derecho a la intimidad al decidir precintar estas cajas sin que el dueño de estas pueda acceder con antelación al contenido.
Sin embargo, la Justicia se mantiene ambigua al respecto. El TSJCV ha recibido dos demandas y ha fallado de forma diferente en cada una de ellas. En la primera, da la razón al contribuyen porque consideran que la Agencia Tributaria justificó la actuación utilizando una fórmula genérica que le habilitaría para abrir cualquier caja fuerte. Por el contrario, en el segundo caso rechazó el recurso ya que consideraba necesaria la medida de precintar la caja porque se corría el riesgo de que se destruyesen o desapareciesen pruebas importantes. Pese a estas dudas, lo que se ha abierto es la posibilidad de que sea necesario solicitar un permiso judicial para el acceso a estas cajas, al igual que es necesario hacerlo para entrar en un domicilio.
La justicia, contra Hacienda
El Gobierno dio un paso más hace solo unas semanas en su ya evidente estrategia de terror fiscal. Hace unos meses el propio Tribunal Supremo advirtió al Fisco de su arbitrariedad en la aplicación de la norma fiscal y la indefensión e inseguridad jurídica en la que mantienen a los contribuyentes, sean estos empresas o personas. Fue el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, quien, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, explicó que preparan la normativa necesaria para permitir que el Fisco pueda entrar en las casas de los contribuyentes y en las sedes de las empresas sin previo aviso. Dice que avisar "no parece muy efectivo" por el miedo a "la destrucción de pruebas". El propio Gascón advirtió de que "se produce un choque de derechos complicado de resolver, porque la inviolabilidad del domicilio tiene que conciliarse con un acceso sin previo aviso autorizado por un juez".