Facebook podría ser investigado por monopolio. En caso de que la justicia fallase en su contra, la tecnológica tendría que deshacerse de algunos de sus activos clave. El proceso que se acaba de poner en marcha nace de una denuncia interpuesta por la Comisión Federal de Comercio y un grupo de fiscales pertenecientes a cuarenta y ocho de los cincuenta estados miembros del país norteamericano.
La demanda se apoya en la legislación antimonopolio, argumentando que la tecnológica de Mark Zuckerberg mantiene una posición de monopolio en el ámbito de las redes sociales gracias a prácticas empresariales que violarían la libre competencia.
Es la fiscal general del Estado Nueva York, Letitia James, quien impulsa esta ofensiva contra la gran empresa tecnológica. James pertenece al Partido Demócrata y ha ostentado diversos cargos locales y estatales a las órdenes de la formación, cuyos representantes neoyorquinos son conocidos por estar mucho más a la izquierda que los legisladores demócratas de otros territorios estadounidenses. No tiene sentido, pues, vincular la denuncia con el enfrentamiento que mantiene el presidente estadounidense, Donald Trump, con las principales empresas de Silicon Valley, a las que acusa de censurar contenidos con el propósito de perjudicar sus perspectivas políticas.
La denuncia considera ilegales las operaciones de compra de WhatsApp o Instagram. Estas dos lucrativas operaciones se cerraron en 2012 y 2014 por algo menos de 20.000 millones de dólares, una fracción de los 800.000 millones que ahora vale el conglomerado presidido por Mark Zuckerberg si nos atenemos a su cotización bursátil. En concreto, WhatsApp se vendió por 19.000 millones en 2014, mientras que Instagram fue adquirida dos años antes, en 2012, por 1.000 millones.
La idea de todas las partes denunciantes es forzar a Facebook a "trocear" su empresa, logrando que la Justicia fuerce a la tecnológica a deshacerse de activos como WhatsApp o Instagram. El litigio sostiene que esto permitiría aumentar la competencia y asegurar el cumplimiento de las leyes de competencia, que consideran vulneradas por el actual modelo de negocio de la empresa.
No es este el único episodio legal que preocupa a las empresas de Silicon Valley. Recientemente, el Departamento de Justicia denunció a Google por considerar que estaba abusando de su posición frente a las empresas de la competencia, mientras que el Senado lanzó una investigación contra las decisiones editoriales de Twitter, argumentando que sus acciones de "verificación de contenidos" hacen que la empresa sea susceptible de ser regulada como un medio de comunicación responsable de todo lo que se diga en su plataforma.
En cualquier caso, la caída de las acciones de Facebook no ha sido tan profunda como anticipaban algunos analistas, lo que vendría a apuntar que los inversores de la compañía confían en la capacidad de Mark Zuckerberg y su equipo de defenderse de estas acusaciones y salir airosos del trámite. Y es que la empresa tecnológica ha visto cómo sus títulos pasaban de 287 a 277 dólares en las últimas 24 horas, un descenso moderado y asumible dadas las circunstancias, lo que da confianza a los directivos de la empresa ante este importante reto.
También en Europa vemos que la Comisión Europea sigue al milímetro las prácticas empresariales de las grandes tecnológicas, a las que también vigila por sus estrategias fiscales. En total, las multas de Bruselas a las compañías de Silicon Valley suman 23.000 millones de euros en sanciones adoptadas desde 2014 hasta 2020.