La regulación del sector de la vivienda y el alquiler está siendo uno de objetivos centrales de la política del Gobierno de coalición, especialmente por la presión de los ministros de Podemos. Así, aunque la evidencia económica demuestre consistentemente que las propuestas planteadas causan más mal que bien, lo cierto es que el Gobierno permanece en el error.
De hecho, no han pasado ni dos años, y las diferentes medidas que ha adoptado el Gobierno de coalición sobre el mercado del alquiler están dejando ya sobre la mesa un resultado muy palpable: "se ha roto el equilibrio del mercado del alquiler, fruto de una política muy intervencionista, donde se está sobreprotegiendo al inquilino y desprotegiendo claramente al propietario". "Estas medidas están dinamitando el mercado del alquiler", alerta José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
José Ramón Zurdo explica lo sucedido desde la aprobación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, hasta los recientes Reales Decretos, fruto de la pandemia sufrida por la covid: "prácticamente el 100% de las medidas se han tomado para beneficiar a los inquilinos y perjudicar gravemente a los propietarios. Se quiere intervenir, no solo las rentas de alquiler, sino la totalidad de un mercado, que es entre particulares, porque el Gobierno carece de una política social de vivienda, donde, al final, son principalmente los propietarios particulares los que están pagando la factura", sentencia Zurdo.
Los grandes tenedores: en el ojo del huracán
La Agencia Negociadora del Alquiler destaca cómo estas medidas restrictivas y penalizadoras están especialmente dirigidas a los grandes arrendadores tenedores de inmuebles, como Promotoras, fondos, Socimis, que también, además de los particulares, son actores que pueden hacer que la oferta de alquileres aumente, construyendo viviendas para luego alquilar (Build to rent).
Les obligan a destinar porcentajes importantísimos de las viviendas que construyen a VPO, sin ningún incentivo por ello, a destinar alquileres sociales para okupas por imposición, o incluso a subidas considerables en su imposición fiscal en el caso de las Socimis". "También, anunciándoseles que se va a intervenir el precio de los alquileres, que se van a prohibir los desahucios para estos grandes arrendadores, o anunciándoseles expropiaciones si no alquilan las viviendas, o subidas en el IBI", detalla el director de ANA.
Dinamitan la colaboración público-privada
"La necesaria colaboración público-privada, para solucionar el problema de escasez de vivienda pública, que es donde radica el origen del problema, ha quedado dinamitada con la concatenación de medidas tan restrictivas en el alquiler contra de los intereses de los arrendadores. Es una auténtica broma de mal gusto, y por este camino no van a encontrar ni a uno sólo que quiera participar de estas fórmulas de colaboración", alerta José Ramón Zurdo.