El PSOE se ha puesto como objetivo acabar con el "modelo madrileño" de impuestos bajos. La punta de lanza del ataque que prepara el Ejecutivo es la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, una medida que choca frontalmente con la realidad tributaria del Viejo Continente, donde ningún otro país aplica este tipo de tributo.
El discurso de Pedro Sánchez choca también con la postura que tenían los socialistas hace ahora trece años. Entonces, el PSOE madrileño respaldó los planes de Esperanza Aguirre de eliminar este tributo en Madrid, defendiendo que el "nuevo socialismo" estaba comprometido con "eliminar un impuesto injusto y desvirtuado".
Los socialistas madrileños aceptaban entonces que mantener este tributo chocaba contra la evidencia internacional, puesto que cada vez menos países aplicaban el Impuesto sobre Patrimonio. Dicha tendencia solo se ha acentuado desde entonces, hasta el punto de que España ya es el único país de la Unión Europea que grava el patrimonio de sus contribuyentes.
De hecho, desde el PSOE madrileño sostenían que eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio era "un proyecto progresista", en la medida en que perseguía "acabar con un tributo que nació con carácter censal y no tributario que, sin embargo, terminó asumiendo fines exclusivamente recaudatorios con el tiempo".
También sostenían desde el PSOE de la Comunidad de Madrid que Patrimonio suponía un problema "de doble imposición" y denunciaban que el impacto de dicho tributo "afecta sobre todo a las clases medias", ya que "los grandes patrimonios eluden el pago mediante sociedades fiscales". En este sentido, los socialistas recalcaban que, desde 2004, su programa electoral venía reivindicando la bonificación al 85% de este impuesto.
Este discurso caló en Ferraz, hasta el punto de que el presidente desgobierno, Rodríguez Zapatero, se comprometió a eliminar este tributo si ganaba las elecciones generales de 2008. Logrado el triunfo en las urnas, Zapatero cumplió su palabra y procedió a eliminar este gravamen, denunciando que se trataba de un tributo "injusto".
Así, el mandatario socialista recalcó entonces que Patrimonio "recae sobre las clases medias, porque las más altas encuentran mecanismos para esquivarlo" y consideró que suprimir este impuesto constituía "un estímulo para la economía" y "una medida para lograr que en este país no se penalice el ahorro".
Posteriormente, el gobierno del PSOE adujo que eliminando este gravamen estaba construyendo un sistema fiscal "más simple" y garantizando "la igualdad entre los españoles". Dicho de otro modo: los socialistas querían "armonizar por abajo", eliminando este tributo en todo el territorio nacional.
Rodríguez Zapatero dio marcha atrás en 2011, acosado por la caída de los ingresos fiscales que propició la crisis económica derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, los datos de recaudación dejaron en evidencia que la capacidad de generar rentas fiscales por esta vía no soluciona los problemas fiscales de España, puesto que la recuperación de Patrimonio redujo el déficit por un monto exiguo, equivalente al 0,1% del PIB.