Pedro Sánchez prosigue su particular guerra contra la Comunidad de Madrid. Primero fueron los ataques a la estrategia sanitaria de adaptación al covid-19 que adoptó Isabel Díaz Ayuso para combatir la segunda ola, un empeño que fue remitiendo conforme los datos respaldaron el "modelo madrileño", que básicamente consiste en apostar por la adaptación en vez del confinamiento. Después llegó el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que apenas inyectan 188 euros por habitante en el caso de Madrid, un 35% menos que los 287 euros per cápita que se reservan para Cataluña. Y, de cara al próximo año, el gobierno de PSOE y Podemos ya ha puesto en marcha un proyecto negociado con ERC con el que pretenden arrasar la autonomía fiscal de Madrid y obligar a Díaz Ayuso a subir los impuestos regionales.
Libre Mercado ya ha explicado que esta pretensión elevaría en un promedio de 1.900 euros la fiscalidad soportada por las familias madrileñas. Por otra parte, este diario ha explicado que el 85% de los afectados serían rentas medias y bajas y que este tipo de empeño puede terminar golpeando también al resto de comunidades autónomas, puesto que la caída del PIB madrileño reduciría su aportación a la "hucha común". A todo esto se le suma la probable ilegalidad que encierran los planes del Ejecutivo, en la medida en que la pretensión de "armonizar" impuestos en Madrid choca contra distintos preceptos constitucionales básicos.
Así las cosas, no es de extrañar que este asunto haya llegado ya a las instituciones europeas. Concretamente, fue en la Comisión de Fiscalidad del Parlamento Europeo, en el seno de un debate sobre los informes técnicos que elabora la cámara comunitaria para actualizar su listado de "paraísos fiscales". En esencia, dicho estudio evalúa cuáles son los criterios que se emplean para incluir a ciertas jurisdicciones en tal categoría, lo que a su vez conlleva ciertas sanciones, vetos o bloqueos económicos.
Durante la sesión celebrada esta misma semana, el socialdemócrata neerlandés Paul Tang quiso incluir un punto en el informe del Parlamento Europeo con el que quiso denunciar que la UE "exige a terceros países lo que no exige dentro de sus fronteras". Según Tang, aquellos Estados Miembros que bajan impuestos también pueden considerarse "paraísos fiscales", de manera que Bruselas debería mover ficha contra ellos y obligarles a elevar de nuevo su presión fiscal. De forma implícita, Tang estaba aludiendo a jurisdicciones como Irlanda, Luxemburgo, Malta o su propio país, Holanda.
La respuesta de Benjumea
Fue entonces cuando tomó la palabra la eurodiputada española Isabel Benjumea, del grupo popular, quien lamentó el intento de Tang de prohibir la competencia fiscal en el seno de la Unión Europea: "Me parece que es muy peligroso hacer este tipo de discurso. Si cualquier Estado Miembro vulnera reglas comunes, por supuesto que hay que tomar medidas pero, en clave fiscal, la autoridad recae en las autoridades nacionales".
"Yo, como ciudadana española, veo con cierta envidia la fiscalidad que tienen otros países miembros. Eso no es malo, es bueno, porque hace que muchos españoles presionen a su gobierno para que mejore el clima tributario y baje los impuestos. De hecho, creo que lo que deberíamos criticar es las subidas excesivas de impuestos, por ejemplo en España seguimos cobrando impuestos excesivos como son Sucesiones y Patrimonio", apuntó Benjumea.
La eurodiputada tocó a continuación la polémica sobre la "armonización" fiscal con la que el gobierno de Sánchez pretende golpear a Madrid. "En España está pasando algo parecido. Se acusa a regiones como Madrid de ser un 'paraíso fiscal' simplemente por bajar los impuestos. Bajar impuestos es una decisión política legítima y respetable, los Estados miembros o sus regiones lo pueden hacer y no podemos limitar ese poder", explicó.