Íñigo Errejón defendió este pasado martes en el Congreso de los Diputados la implantación de la semana laboral de 4 días en España, o lo que es lo mismo, una jornada laboral de 32 horas semanales. La propuesta, planteada como una enmienda parcial a los Presupuestos, ha sido finalmente rechazada por el Congreso y el propio gobierno de Sánchez. Eso sí, a pesar del rechazo, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, desveló ayer jueves que el Ministerio de Trabajo y su titular, Yolanda Díaz, están "estudiando" la medida que, a su juicio, "podría favorecer sin duda la creación de empleo". Al líder de Podemos le "consta que el Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz la está estudiando y, en el marco de una línea que ha sido definitoria del Ministerio, que es el diálogo social, se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo", aseguró. La ministra gallega confirmaba las palabras de su compañero de partido.
El tiempo de trabajo exige una nueva concepción, que atraviese, como ya estamos haciendo, leyes y usos laborales. La reducción de jornada, el control de horas extraordinarias, el derecho a la desconexión o la conciliación son elementos que deben dialogar en este necesario debate. pic.twitter.com/Kl8HgwVJB1
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 3, 2020
Este tipo de propuestas vienen siendo recurrentes por parte de la izquierda en los últimos años, destacando el caso de Podemos, que contempla una medida similar en su programa electoral, proponiendo un total de 34 horas semanales de trabajo.
El líder de Más País defendió su propuesta como "una medida democrática", ya que "no es libre quien no tiene tiempo". Aseguró que "es una medida verde: vidas más tranquilas son vidas menos contaminantes" y que, además, mejorará la salud de los trabajadores.
Sin embargo, pese a las simpatías que esto pueda generar en algunos sectores de la sociedad, lo cierto es que se trata de una medida profundamente populista y contraria al progreso económico.
El populismo choca con la realidad
En primer lugar, debamos destacar que, si de partida se produjera una reducción en el número de horas trabajadas, la producción del trabajador disminuiría, y por tanto los salarios también lo harían. Muchos defensores de esta política se escudan en que, al reducirse el estrés y el cansancio, la productividad aumentará y, por tanto, compensará las horas que se dejan de trabajar. Sin embargo, esto parece algo cuanto menos cuestionable, ya que, al pasar de 5 a 4 días de trabajo, sería necesario un aumento de la productividad del 25% para compensar la reducción de la producción.
En este sentido, si asumimos que no hay aumentos de productividad, y que se quiere aplicar esta reducción de horas trabajadas sin que los salarios se vean afectados, lo que ocurrirá es que los empresarios verán disminuida la producción, pero también los beneficios. A saber, si los empleados producen menos, pero cobran lo mismo, la rentabilidad de las empresas caerá. Además, en ese caso, sería imprescindible contratar a más personal si se quiere mantener la misma producción, llevando a un aumento de costes que pocas empresas podrían soportar.
En segundo lugar, este tipo de propuestas trata de fijar unos criterios universales para todas las empresas por igual, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada sector. Por ejemplo, en España los servicios relacionados con la hostelería y el turismo son vitales para la economía, y difícilmente pueden ver reducidas las horas trabajadas sin que se den los efectos de disminución de producción y/o aumento de costes comentados anteriormente.
La clave es la productividad
Sin embargo, todo esto no quiere decir que las jornadas laborales tengan que permanecer in aeternum en las 40 horas semanales, ni que la reducción de las cargas de trabajo sea inherentemente perjudicial. Lo esencial aquí es darnos cuenta de que este tipo de medidas no deben aplicarse a escala general ni de una manera impuesta y unilateral desde el poder central del Estado, sino que debe ser una decisión que tomen los empresarios y trabajadores de manera autónoma y descentralizada. De hecho, la jornada de 32 horas ya se implanta de manera voluntaria en diversos centros de trabajo de compañías como Microsoft y Toyota. E incluso una empresa de software española, Delsol, saltó a la palestra hace unos años al apostar por este modelo.
El factor más importante que posibilita que estas mejores condiciones se den no es otro que el aumento de la productividad. Cabe destacar que, hoy en día, la productividad no depende únicamente del esfuerzo o las ganas que el trabajador le ponga a su labor, sino cada vez más de otros muchos factores, como la cantidad y calidad de tecnología que este tenga a su disposición (maquinaria, ordenadores…), la formación adquirida, etc.
De esta forma, si todos estos elementos son potenciados, se producirá un aumento en la productividad del trabajador, de manera que se podrá producir lo mismo empleando menos horas. Por tanto, los horarios de trabajo se verán reducidos o, alternativamente, las retribuciones salariales aumentarán.
Tal y como observamos en el siguiente gráfico, esta relación se plasma claramente a lo largo de todo el mundo: a mayor productividad, menores horas trabajadas.
De hecho, es precisamente la persistencia de este fenómeno lo que ha permitido, a lo largo de las últimas décadas, que los salarios y las condiciones laborales a nivel mundial se hayan visto incrementados de forma sustancial, a la par que las horas trabajadas se reducen. Entre el año 1970 y el 2017, y aunque la producción se haya disparado, las horas medias trabajadas en la OCDE han pasado de casi 2000 al año en 1970 a menos de 1800 en la actualidad. Además, aquello que en 1950 requería de 40 horas semanales de trabajo para ser producido, hoy en día requiere de apenas 10 horas.
Por tanto, no es cierto que la reducción en las horas trabajadas se deba a una suerte de conquista política, sino que ha sido posible gracias al aumento de la productividad propio del sistema capitalista. De hecho, podemos comprobar cómo buena parte de los países en los que menos horas se trabajan (y, además, los salarios son mayores) figuran en los mejores puestos en los rankings de libertad económica, como es el caso de Islandia, Suecia, Países Bajos, Suiza o Alemania.
Por todos los motivos expuestos, la propuesta de Íñigo Errejón -y que ahora estudia el Gobierno- de reducir a 32 las horas semanales carece de todo sentido económico a nivel teórico y práctico. Además, este tipo de reducción unilateral de las horas trabajadas ya se ha intentado en otros países con resultados nada satisfactorios. Como es sabido, en Francia la jornada laboral se redujo por ley de 39 a 35 horas en el año 2000. Pese a las pretensiones de los políticos, lo único que esto generó fue un importante estancamiento salarial, una intensificación de la jornada de trabajo y una menor satisfacción con el horario, entre otros efectos perniciosos. El fracaso fue tal que, ya en 2003, la medida se revertió de facto mediante la entrada en vigor de nuevas medidas de flexibilización, y en 2008 el máximo de días laborables se incrementó de 218 a 235 al año.
En definitiva, la imposición unilateral de los horarios de trabajo por parte de la clase política no es un buen mecanismo para mejorar la prosperidad de la sociedad. En su lugar, debemos apostar por el capitalismo y la libertad económica como la verdadera receta que funciona, y ha funcionado hasta ahora, para incrementar el ahorro, los flujos de inversión y, por tanto, aumentar la productividad de la economía y mejorar las condiciones laborales.