Durante los meses más duros de la pandemia del covid-19, ciertos sectores de la izquierda política y mediática española insistieron en que el principal mensaje que nos dejaba la crisis era que debemos invertir más en sanidad pública. En vez de reconocer la aportación realizada por el conjunto del sistema sanitario, el discurso imperante en dichos círculos pasó a girar exclusivamente en torno a la sanidad pública.
Sin embargo, Libre Mercado puso de manifiesto entonces que las cifras de mortalidad por coronavirus en la Unión Europea no guardan correlación alguna con los niveles de gasto público en sanidad. Así, los generosos presupuestos de salud que encontramos en Bélgica o Francia no evitaron que sus cifras de fallecidos fuesen muy elevadas, de igual modo que el reducido gasto sanitario público de Grecia no impidió que el país heleno sufriese un volumen mucho más moderado de decesos. La comparativa entre España y Portugal también resulta esclarecedora, puesto que la mortalidad por coronavirus registrada en nuestro país triplica la de nuestros vecinos, a pesar de que los presupuestos públicos de salud son similares en ambos casos.
La clave, como siempre, no está en gastar más, sino en gastar mejor. En España se estima que podríamos reducir el gasto público en 58.000 millones de euros si mejorásemos la eficiencia del gasto y los servicios públicos. En este sentido, no está de más recordar que el gasto público en salud es alrededor de un 25% menor allí donde la gestión de este servicio público se presta de manera privada, caso de regiones como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.
Partiendo de esa base, el sector privado sanitario ha querido poner encima de la mesa su aportación al modelo de salud de nuestro país. Hay que recordar que, en un contexto de normalidad, estos centros contribuyen decisivamente a la viabilidad económica del sistema sanitario público, puesto que gestionan el 24% de los ingresos, el 18% de las estancias, el 19% de las consultas, el 24% de las urgencias y el 31% de las intervenciones quirúrgicas, según datos de la Fundación IDIS.
Sin embargo, ¿qué ocurrió en la pandemia? ¿Se lavaron las manos las empresas, como anticipaban los más cínicos? Lo cierto es que, pese al fortísimo aumento del riesgo asociado al tratamiento de los contagios por covid-19, los datos son esclarecedores. Así, solo en la Comunidad de Madrid, epicentro de la primera ola de infecciones, el sector sanitario privado atendió a 9.300 pacientes, el 25% del total. A esta cifra hay que sumarle otros 5.000 pacientes si se tienen en cuenta los centros públicos de gestión privada. Y, si se consideran otras intervenciones médicas asociadas a la atención de patologías derivadas de la pandemia, el dato total sube hasta las 60.000 intervenciones.
A estos números hay que sumarle otras importantes aportaciones que ha realizado el sector privado sanitario al sistema en su conjunto, por ejemplo gestionando 1,6 millones de consultas por medios telemáticos, con la consecuente reducción de riesgos asociados a la movilidad en plena primera ola. Y todo ello cubierto por seguros médicos que no trataron este nuevo escenario sanitario aplicando revisión alguna en los costes exigidos a sus afiliados.
Ni que decir tiene, por otro lado, que la salida de la pandemia tiene mucho que ver con innovaciones y desarrollos que provienen del sector privado. Es el caso de los test de antígenos que desarrollaron empresas como Abbott y que han permito multiplicar la capacidad de diagnóstico por una fracción del precio habitual. También es el caso de las vacunas diseñadas por compañías farmacéuticas multinacionales como AstraZeneca, Moderna o Pfizer.