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Lasquetty avisa por carta a Montero de que irán al Constitucional si les obligan a subir los impuestos a los madrileños

"No puede existir dumping fiscal ni competencia desleal cuando las reglas de juego son idénticas para todos", recuerda el consejero de Hacienda.

"No puede existir dumping fiscal ni competencia desleal cuando las reglas de juego son idénticas para todos", recuerda el consejero de Hacienda.
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty | Europa Press

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha avisado por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el Gobierno regional se opondrá a la imposición de subidas de impuestos "por todas las vías políticas y jurídicas" a su alcance, incluido el Tribunal Constitucional.

Patrimonio y Sucesiones son los tributos que están en el punto de mira del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias. En la misiva, a la que ha tenido acceso Libre Mercado y fechada el pasado lunes, le ha trasladado su "profundo malestar por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Nación y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para crear una comisión bilateral, con el expreso objetivo de invadir deslealmente la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid", imponiendo subidas de impuestos sin su consentimiento.

El titular de Hacienda ha considerado que esto "no solo es un desprecio flagrante hacia los madrileños, sino que no tiene precedentes ni, desde luego, cabida en el orden constitucional".

En ese sentido, le ha alertado de que de que, "si avanzan por esa vía, presentaríamos un requerimiento de incompetencia y, en última instancia, plantearíamos un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, en base al artículo 161.1 c) de la Constitución y el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional". "No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid", ha subrayado.

En cuanto al fondo, Lasquetty ha incidido en que "es evidente que el objetivo definido por ustedes va en contra de lo dispuesto en el marco jurídico vigente, tanto en la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de Comunidades Autónomas, la Ley 22/2009, por la que se regula el Sistema de Financiación Autonómica y se determina la cesión a las Comunidades Autónomas de las facultades normativas en los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, así como en la Ley 29/2010, de cesión de tributos a la Comunidad de Madrid". En definitiva, constituye "un directo y notorio ataque a la Constitución española". Así, ha insistido en que lo que se ha declarado "públicamente constituiría una inaceptable e inconstitucional abolición de la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid para desarrollar la política fiscal que considera más conveniente y beneficiosa para los intereses de los madrileños, conforme a las disposiciones legales presentadas ante la Asamblea y aprobadas por esta".

Además, Lasquetty ha incidido en que "el hecho de intentar justificar una invasión competencial de esta naturaleza sobre la base de un imaginario dumping fiscal que, en realidad, no existe, evidencia, aún con más fuerza, el sinsentido de esta medida".

"Usted misma reconocía recientemente en una entrevista que no es correcto hablar de dumping. No puede existir dumping fiscal ni competencia desleal cuando las reglas de juego son idénticas para todos. Las comunidades autónomas de régimen común poseen la misma capacidad normativa para regular los impuestos cedidos, pudiendo así subirlos o bajarlos en función de sus legítimos intereses y necesidades mediante el uso de sus competencias", ha indicado. Por todo ello, le ha exigido "respeto a la Constitución, a las leyes vigentes, y a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Madrid" así como "a los ciudadanos de Madrid".

"De no ser así, nos opondremos por todas las vías políticas y jurídicas a nuestro alcance, a sabiendas de que la medida propuesta es injusta, ilegal, inconstitucional y perjudica no solo a los madrileños, sino al conjunto de la Nación española", ha concluido el consejero de Hacienda.

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