LGE, LODE, LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE... LOMLOE. Al nuevo ministro de Educación que sustituya a Isabel Celaá le va a costar encontrar siglas. Porque damos por supuesto que habrá nueva ley. La oposición lo ha asegurado. Así que ya tenemos fecha de caducidad para la nueva regulación del sistema educativo español: durará, por lo menos,... hasta que haya nuevo Gobierno. También es cierto que el vicepresidente ha avisado a la oposición de que la actual mayoría tiene varias décadas por delante, así que a lo mejor la ley Celaá se convierte en la más duradera de la democracia española (si es que dentro de 3-4 décadas sigue habiendo democracia y sigue existiendo España).
Desde su propio nombre, esta Ley es especial: las siglas LOMLOE significan "Ley Orgánica de modificación de la LOE". Y es que, en buena parte, lo que se ha buscado con esta Ley es volver al camino iniciado en 2006, aunque con ajustes y algunos cambios significativos. En cualquier caso, lo más importante era, como la propia Celaá y otros miembros del Gobierno han dejado claro en las últimas semanas, dejar sin efecto la LOMCE (ley Wert) cuanto antes.
A partir de ahí, cumplido el objetivo prioritario, los partidos de izquierda retoman la labor de 2006. Los titulares son los mismos que entonces: "equidad", "inclusión", "modernización", "reducir el fracaso"... Ya estamos acostumbrados a que cada Gobierno use sus palabras fetiche y oculte algunos términos que parecen tabú. Por ejemplo, es fácil pronosticar que el PP traerá de nuevo al primer plano, si puede, la "excelencia" o la "disciplina".
Del mismo modo, las polémicas que más ruido generan no son siempre las que más relación tienen con la educación. O no de forma directa. Por supuesto, esto no quiere decir que no sean importantes: el tema del castellano en las comunidades bilingües es una cuestión clave, por lo que supone de ataque a los derechos fundamentales de las familias y porque tiene una relación directa con los resultados académicos de los alumnos que tienen el español como lengua materna.
Como es habitual, esas palabras mágicas que usan todos los políticos esconden una realidad muy diferente a la que pretender vendernos sus promotores. Eso no pasa sólo con la ley Celaá, ni será algo que termine tras la tramitación de este texto. Pero que sea algo a lo que nos hemos acostumbrado no quiere decir que sea bueno, ni que haya que aceptarlo. Las siguientes son las cuatro principales trampas que se ocultan tras los grandes titulares sobre la LOMLOE, tras las declaraciones de sus promotores y tras las notas de prensa del Ministerio.
La enmienda Montero-Iglesias
Uno de los temas que más polémica ha generado en los últimos años ha sido el del distrito único implantado por la Comunidad de Madrid. Este sistema permite que los padres opten por el colegio que quieran dentro de la región.
La izquierda siempre ha rechazado el modelo porque, en su opinión, genera segregación: según este planteamiento, los padres con más recursos, conocimientos o formación se preocuparían por informarse y llevar a sus hijos a los mejores colegios. Mientras, las familias sin esas posibilidades o los recién llegados (inmigrantes) optarían por el colegio más cercano. Al final, se crearían centros-gueto, a los que sólo acudirían los que no tienen otro remedio y no saben navegar en el sistema.
¿La solución? Prohibir o dificultar este tipo de propuestas. Así, la ley Celaá recupera el criterio de proximidad al domicilio como "prioritario" (sólo tener hermanos en el centro tendrá más peso) y limitará la capacidad de las regiones para implantar modelos de distrito único o que amplíen las posibilidades de elección de los padres. Incluso en el tema de los conciertos, la nueva norma dice que tendrán preferencia los centros que "fomenten la escolarización de proximidad".
¿Es cierto que el distrito único favorece la segregación? En esto hay tanta literatura como uno quiera buscar. Si les interesan los papers en un sentido, los encontrarán. Si quieren los que dicen lo contrario, también. Y, eso sí, todos ellos (los que dicen una cosa y la contraria) muy científicos, con modelos robustos y largas tablas llenas de datos.
Aquí, por ejemplo, un artículo muy interesante de Borja Andrino, Daniele Grasso y Kiko Llaneras para El País apunta lo siguiente:
Los datos de PISA encuentran segregación en la red pública de toda España. (...) Los motivos son diversos. Uno, que hemos tocado más arriba, es la segregación residencial. También influyen las políticas educativas, empezando por decisiones como los mecanismos de asignación, la planificación de la oferta escolar o los recursos.
A esto se suma un tercer elemento, que quizás es el más complicado de todos y es el que nos hemos encontrado al hablar con Gema y Teresa, las dos madres de Vallecas: a veces son los padres los que prefieren que sus hijos compartan colegio con gente similar a ellos, en renta, nivel de estudios u origen. Es decir, la propia demanda de las familias de socializar en la escuela con sus iguales.
Como apuntamos anteriormente, la discusión sobre la segregación escolar es casi tan vieja como la escuela. En un lado, los que priorizan la libertad de elección de los padres dicen que esta libertad da la posibilidad a las familias de menos recursos de escapar del colegio más cercano si éste no les ofrece garantías. Enfrente, los que alertan de la existencia de guetos por las razones apuntadas anteriormente.
En este punto, la ley habla de una "adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza". Hay experimentos interesantes al respecto (no tanto limitando la capacidad de elección de los padres, como distribuyendo a los alumnos que nadie quiere de forma equitativa) pero la ley Celaá no explica en detalle cómo se hará ni a qué porcentajes se refiere. Ni tampoco por qué para evitar esos centros-gueto hay que impedir que un padre escoja colegio para su hijo.
La trampa, en este punto, es esa creencia en que la educación de proximidad, por sí misma termina con la segregación. Y ocultar la otra cara de la moneda. Si uno establece como criterio prioritario la escuela más próxima, lo que ocurre es que los padres empiezan a elegir colegio a través de la hipoteca: es decir, las zonas en las que hay escuelas de calidad (esas escuelas públicas burbuja) ven subir los precios de los pisos y sólo los padres que pueden permitirse cambiar de barrio tienen la posibilidad real de escoger centro. Así, en teoría vas al colegio "que te toca"; en la práctica, vas al que puedes pagar de forma indirecta.
Ésta sería la que podríamos denominar "enmienda Montero-Iglesias": si quieres ponerte la pegatina de que estás comprometido con lo público y tus hijos van a la escuela de tu barrio, pero no te gusta el colegio de tu barrio... te compras un chalet a 60 kilómetros de distancia, en un pueblo donde está una de las mejores escuelas públicas de tu región y acudes a un centro en el que el perfil socioeconómico de los alumnos es similar al tuyo. Eso sí, nadie podrá decir que no llevas a los niños a la escuela pública...
Esta búsqueda de centros públicos burbuja (gratis sólo en la teoría, con perfil socioeconómico de los alumnos muy elevado, profesorado de primer nivel, etc...) es muy habitual en los modelos que priman la zona frente a cualquier otra consideración.
Titulaciones y fracaso escolar
Uno de los objetivos declarados de esta ley (en realidad, de cualquier ley educativa) es reducir el fracaso escolar y aumentar la tasa de titulados en todos los niveles. De hecho, de izquierda a derecha, a todos los gobiernos les encanta ponerse la medalla de la caída en las cifras de fracaso escolar, incluso aunque muchas veces las razones no están en las aulas. En España, por ejemplo, las oportunidades que ofrecía el mercado laboral han sido tan o más importante que las cuestiones académicas en este punto; no hay más que ver lo que ocurrió durante los años de la burbuja inmobiliaria y en la crisis posterior.
Dicho esto, la trampa aquí es equiparar mejora de la educación con incremento de titulados. Si lo llevamos a un extremo: cualquier país puede lograr que el 100% de sus jóvenes alcancen y superen el Bachillerato; simplemente tiene que garantizar que no habrá ningún requisito para lograr ese título: al llegar a los 18 años, te lo dan y ya está.
La ley Celaá no llega a ese extremo, pero sí baja claramente las exigencias. Tanto para pasar de curso como para obtener el título de la ESO. Esto es lo que dice el texto aprobado esta semana en el Congreso sobre esta cuestión (puede consultarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales; hay que advertir que queda pendiente del trámite en el Senado, en el que podrían entrar nuevas enmiendas):
Artículo 31. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa. (...) Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o alumna.
Artículo 28.7 Quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria obligatoria no hayan obtenido la titulación establecida en el artículo 31.1 de esta ley podrán alcanzarla a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado.
Artículo 28.2 Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna.
Es cierto que la repetición de curso no es una buena solución. España destaca, para mal, en este aspecto (medida cara, poco eficiente, sin un objetivo muy definido). Pero también lo es que rebajar el nivel sin más tampoco es una solución. Y, sobre todo, que reducir las exigencias para acceder a un título tiene como consecuencia que ese título se degrade: lo que afecta, fundamentalmente, a los que lo obtienen estudiando (cómo saber si a ellos se lo dieron por su mérito o porque había que dárselo a todos).
De nuevo, otra discusión eterna, pero en la que no debemos olvidar lo obvio: que suba la tasa de titulaciones o baje el porcentaje de repetidores no es bueno o malo en sí mismo, depende de los requisitos que pongamos en cada caso. Si la estadística de fracaso se baja a base de reducir la exigencia, eso no es una mejora, es maquillaje.
Sin memorización... ni control
La ley Celaá apuesta claramente por la nueva pedagogía: menos memorización, más competencias, aprendizaje por proyectos, etc... Los siguientes son sólo algunos puntos tomados directamente de la web del Ministerio, del Objetivo 1 "Modernizar el sistema educativo":
- Centrado en el alumnado y su potencial a desarrollar.
- Supresión de los estándares de aprendizaje, la jerarquía entre materias y las reválidas.
- Educación digital, aprendizaje competencial y fomento de la creatividad.
- Perspectiva transversal de igualdad de género y coeducativa.
- Educación para una ciudadanía activa, crítica y global.
Aquí también podemos poner todos los argumentos que queramos. Éste sí es el debate más antiguo de la educación: memorización y sistema clásico vs competencias-habilidades-proyectos.
¿Dónde está la trampa? En la medición. Esto es muy curioso. Aquellos que defienden esa aproximación científica y moderna, y reniegan de los modelos caducos... luego no ponen tanto énfasis en lo que debería ser casi obligatorio: medir y controlar si esas novedades están funcionando.
La ley Celaá no sólo se carga las reválidas. También está por ver si habrá un sistema homogéneo de evaluaciones. Sí, es cierto, el proyecto plantea "evaluaciones-diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de ESO para la mejora interna sin publicar clasificaciones de centros" y "evaluaciones muestrales en 6º de Primaria y 4º de ESO con fines de diagnóstico del sistema sin publicar clasificaciones de centros".
Aquí el diablo se esconde en los detalles: ¿serán pruebas iguales en todo el país o quedarán en manos las comunidades autónomas? ¿Habrá criterios homogéneos y resultados comparables? Se habla mucho de establecer estas pruebas con un carácter "diagnóstico" (sin clasificaciones ni nada similar) y se apela al uso del big data, que suena muy moderno, pero luego puede ser muy útil o irrelevante en función de cómo se haga.
En esta línea, no se publicarán rankings de ningún tipo ni se harán públicos estos resultados de forma comparativa. O lo que es lo mismo: aquellos centros o regiones que estén aplicando modelos que no funcionen tampoco tendrán apenas presión o motivos para cambiar. Y la gran pregunta: ¿quién controla al evaluador? ¿Las pruebas serán homogéneas a lo largo de los años y entre territorios? ¿Podemos asegurar que no se irán relajando los criterios para dar la noticia de que "más alumnos las aprueban"?
La concertada vs la pública
La última trampa es muy sutil. Es la que separa pública de concertada, como si la titularidad de un centro fuese la clave a la hora de determinar su encaje o no dentro de la red. Y no lo es.
Al igual que en la sanidad, existen múltiples modelos de sistemas públicos de educación. En muchos países europeos, los hospitales son privados (de empresas y organizaciones sin ánimo de lucro) pero a nadie se le ocurriría decir que no son parte de la red pública: los pacientes acceden a los mismos en las mismas condiciones que los pacientes españoles acceden a los hospitales públicos (o a los hospitales con concierto dentro de la red pública). Y lo mismo ocurre con la escuela.
Esto decía al respecto, desde una perspectiva socialdemócrata y conociendo la experiencia sueca de primera mano, Víctor Lapuente, hace unos días, en El País:
Si comparas el sistema español con los de nuestro entorno, alcanzar un acuerdo para una educación más inclusiva es fácil. Bastaría con integrar de verdad a la concertada y la pública en una red de centros que compitieran entre sí por unos (idénticos) recursos públicos en pie de igualdad, sin el doping de las aportaciones de los padres. En este pacto todo el mundo cede. El Estado paga más por cada alumno a los colegios concertados y, a cambio, estos ponen en marcha mecanismos para evitar la segregación. Eso sí sería auténtica libertad educativa —de todos los centros para introducir los métodos pedagógicos que creyeran más efectivos y de todos los padres para elegir el mejor colegio para sus hijos sin pensar en el dinero—.
La ley Celaá ni se acerca a este planteamiento. En un contexto marcado por la caída del número de alumnos (los que se incorporen en los próximos cursos serán las cohortes de 2015 en adelante, unos años de bajísima natalidad) se quiere arrinconar a la concertada. ¿Prohibiéndola? No, ahí está la trampa: lo hará quitándole recursos y complicando que las familias puedan optar por esta opción, sobre todo eliminando el concepto de "demanda social". Los promotores de la norma saben que en las grandes ciudades y en determinados barrios, se está dando una auténtica fuga hacia la concertada, también entre familias de ingresos medio-bajos. Y pretenden detener esta fuga por las buenas o por las malas: si las familias no quieren ir al público, se ahogara a los concertados por la financiación.
Por supuesto, aquí hay también un objetivo ideológico: en la pública, el control sobre los contenidos es mucho más estricto. Y hablamos de una ley que refuerza muchas de las obsesiones ideológicas de este Gobierno en lo que tiene que ver con la educación.
El Constitucional y el próximo Gobierno
Aquí la trampa no viene de la ley Celaá... sino que tiene que ver con lo que ocurrirá con la misma y lo que harán los que ahora la critican. Desde hace 40 años, el proceso es el mismo:
- Nada más llegar al poder, un nuevo Gobierno de izquierdas aprueba una ley educativa;
- la derecha protesta y amenaza con llevarla a los tribunales;
- incluso, obtiene alguna victoria en el Supremo o el Constitucional (por ejemplo, las resoluciones sobre el carácter vehicular del castellano);
- en la práctica, a pie de aula, esas victorias se traducen en muy pocos resultados;
- sí, quizás algunos aspectos más radicales o ideológicos de la nueva ley se posponen unos años, pero poco más;
- cuando se produce la alternancia, la derecha o no aprueba una ley (y si lo hace, muchos años después de su llegada a La Moncloa, al final no se pone en marcha como pasó en 2002 con la LOCE) o no se aplica lo que se aprueba (como ha ocurrido con buena parte de lo que preveía en un inicio la Ley Wert)
- el marco legal de la educación en España sigue moviéndose a la izquierda y parece que el consenso significa decir que sí a los dogmas que plantea esta izquierda, tengan o no una base científica o demuestren mejores resultados.
Por eso, la trampa final de la ley Celaá es pensar, como pretenden sus críticos, que cuando haya un cambio de Gobierno se derogará. Eso también habrá que verlo.