Los fondos del Plan de Rescate Europeo que el gobierno de España espera recibir a lo largo de 2021 encarnan un reto mayúsculo en materia de gestión. El elevado nivel de recursos que se ha comprometido puede derivar en cuellos de botella administrativos y favorecer la concentración de estos desembolsos en grandes proyectos que movilicen ingentes cantidades de dinero sin generar a cambio un retorno estructural en términos de crecimiento y desarrollo económico.
De momento, el gobierno de España ha anunciado modificaciones en las normativas vigentes en materia de contratación y licitación, de modo que se relajarán los controles habituales para que el acceso a los fondos públicos sea más rápido. Aunque la agilización de estos procedimientos tiene su lado positivo, la relajación de los controles puede abrir las puertas a un aumento del gasto público de ambición clientelar o de planteamiento electoralista.
Como la modernización económica será el tema central de estos fondos, tanto la AIREF como el Instituto de Estudios Económicos han publicado recientemente diversos informes referidos al actual marco de incentivos para la Investigación y Desarrollo (I+D). La conclusión de ambas entidades es que España ha aprobado mejoras tributarias relativamente eficaces y profundas, pero la complejidad de acceso a estos incentivos ha tenido también el efecto de que el número de beneficiarios sea muy reducido.
La AIREF, que presentó su informe a finales de octubre, propuso que estos incentivos se apliquen mediante un mecanismo de acreditación de I+D rápida y semiautomático. Además, la Autoridad Fiscal propuso eliminar algunos de los requisitos asociados a este tipo de mejoras tributarias, con ánimo de favorecer su adopción entre las Pymes.
Incentivos efectivos pero de escaso alcance
Esta semana, el Instituto de Estudios Económicos se ha manifestado en esta misma línea, con la publicación de un informe elaborado al alimón con la consultora FI Group, una entidad especializada en este tipo de regímenes fiscales. De acuerdo con el IEE, "en España vemos que, si se concede 1 euro en incentivos fiscales al I+D, este tipo de inversión crece por un monto equivalente a 1,3 euros".
Sin embargo, "los niveles de inversión en I+D que tenemos en España están por debajo de los niveles óptimos, de modo que tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para impulsar este tipo de inversiones. Este es un reto clave para el crecimiento, para la internacionalización, para la productividad, para crear empleo de calidad…".
Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, apuntó durante la presentación del estudio que "el sector público también puede apoyar la innovación de forma directa, a través de subvenciones, pero esto entraña mayores distorsiones económicas, en la medida en que altera los procesos de competencia del mercado. Por eso, creemos que es fundamental que exista un mayor compromiso de apoyo al I+D a través de incentivos fiscales".
El gasto de España en I+D es del 1,2% del PIB, por debajo del 2,1% que alcanza, en promedio, la Unión Europea, y también por debajo del 2,4% que se observa, en promedio, en la OCDE. En Israel o Corea del Sur encontramos los niveles más elevados, que son del 4,9% y del 4,5% del PIB. Nuestro país presenta, pues, una posición muy rezagada en este campo.
"Es importante que los fondos europeos sirvan para modernizar el tejido productivo español. En Italia nos consta que van a volcar un porcentaje importante de estas ayudas hacia la adopción de incentivos fiscales. Aquí también podríamos hacer algo parecido, pero de momento no se está planteando", señaló Víctor Cruz, director de estrategia de FI Group.
En cualquier caso, tanto Fernández de Mesa como Cruz coincidieron en señalar que, "para que una empresa invierta, debe existir un marco estable, un compromiso y un consenso claro de que este tipo de incentivos se mantendrán en el tiempo, porque la inversión en I+D no es una actividad de corto plazo y, por lo tanto, requiere un clima de confianza".
Así, el estudio de ambas entidades aboga por "reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema de incentivos fiscales al I+D" y por "simplificarlo a base de reducir la carga administrativa que llevan asociadas estas deducciones. Debemos reformular los requerimientos que determinan la posibilidad de acogerse a estas ayudas y ampliar los conceptos de actividades deducibles".